Acta Sanitaria: La Asamblea de Madrid ha aprobado reintegrar el servicio de gestión de citas médicas, que estaba externalizado, en el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), y organizar el sistema de citaciones de forma que los pacientes puedan salir del Centro de Salud con la cita de Atención Especializada, a través de una Proposición No de Ley (PNL) que contó con los votos a favor de PSOE, Podemos y Ciudadanos, y en contra del PP.
ANIS organiza el III Foro Albert Jovell con representantes de las principales asociaciones de pacientes:
Modera Marisa Barrios, vocal de la junta directiva de ANIS.
A las 10'00 se servirá un café de bienvenida en el hall del salón de actos "Francos Rodríguez" de la APM. Entrada GRATUITA hasta completar aforo.
Cadena SER: El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha anulado el Plan de Ordenación de Recursos Humanos que el SESCAM aprobó en abril de 2013, en época de Cospedal como presidenta, y que supuso el traslado forzoso de personal de las gerencias de Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara y la amortización de plazas.
Redacción Médica: La II Edición de Fitur Salud ha arrancado este miércoles en Madrid con la colaboración de 25 empresas del sector sanitario privado, 12 más que en 2015, y con un importante respaldo de la Administración Pública, quien ha estado presente en la inauguración de esta cita y cerrará el evento el próximo 22 de enero.
Las Noticias de Cuenca: El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado instrucciones, a través del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), para que todas las Gerencias de Área comiencen a contratar a los profesionales que van a cubrir las 311 plazas creadas como consecuencia de la adecuación del sistema sanitario regional a la jornada laboral de 35 horas, implantada el 1 de enero en cumplimiento del compromiso adquirido por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.
El Huffington Post: Abrir los quirófanos por las tardes e incluso los fines de semana son dos de las medidas estrella que incluye el llamado Plan Integral de Mejora de las Listas de Espera Quirúrgica y Diagnóstica, presentado este martes en Madrid.
EL PAÍS: Los pacientes o funcionarios de la sanidad pública serán animados a denunciar hechos o circunstancias perjudiciales para ellos y su identidad será protegida. Así se recoge en la Ley de Medidas Fiscales 2016, que entró en vigor el pasado 28 de diciembre. Además, la oposición ha forzado a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, a ofreceruna radiografía de la plantilla (no se sabe cuántos trabajadores hay en el Sermas) y una normativa de conflictos de intereses.
Redacción Médica: La comunidad presidida por Emiliano García- Page decidió hace unos meses obviar la norma impuesta por el Ejecutivo central en el año 2012 y hacer que sus funcionarios vuelvan a trabajar 35 horas a la semana. Este sorpasso a la normativa estatal no ha sido visto con buenos ojos por Hacienda, que prepara ya su artillería legal contra la norma manchega.
EL PAÍS: El Grupo Socialista en la Asamblea insta al Gobierno de Cristina Cifuentes a adoptar “con carácter de urgencia” las medidas necesarias para “aliviar” la lista de espera quirúrgica que integran casi 80.000 pacientes, una cifra “alarmante” que cuadruplica la "reconocida" por el Ejecutivo que presidía Ignacio González. El nuevo cómputo anunciado por el Gobierno de la Comunidad el pasado viernes y que tiene en cuenta los días naturales —en lugar de los hábiles y no excluirá a los ciudadanos que rechacen la derivación a otros centros— reveló que 79.444 aguardan por una operación en la Comunidad de Madrid.
EL PLURAL: La sanidad pública de Galicia sigue provocando más de un dolor de cabeza al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en este año electoral. Su consagración política o su caída al ostracismo tras el paso de los gallegos por las urnas este 2016, depende de medidas relacionadas, por ejemplo, con uno de los pilares del estado de bienestar. La sanidad pública no atraviesa por su mejor momento -en realidad han sido y son numerosos los intentos de privatización según denuncian las organizaciones sindicales- y la provincia de Pontevedra es donde más visible se hace el desencanto, tanto entre los trabajadores, como entre la ciudadanía.