EL PAÍS: Los pacientes o funcionarios de la sanidad pública serán animados a denunciar hechos o circunstancias perjudiciales para ellos y su identidad será protegida. Así se recoge en la Ley de Medidas Fiscales 2016, que entró en vigor el pasado 28 de diciembre. Además, la oposición ha forzado a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, a ofreceruna radiografía de la plantilla (no se sabe cuántos trabajadores hay en el Sermas) y una normativa de conflictos de intereses.

EL PSOE, Podemos y Ciudadanos han aprobado en la Asamblea de Madrid, con el voto en contra del PP (Gobierno regional), un artículo dentro de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para que haya mayor transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en el Sermas. La opacidad en la ejecución del presupuesto es tal que, cuando se elaboraron en noviembre las cuentas de Sanidad de 2016 —que se llevan cuatro de cada diez euros del total de la Comunidad—, solo había datos de enero de 2015, mientras que de Asuntos Sociales se habían dado a conocer cifras de agosto.

El consejero Jesús Sánchez Marcos dijo el viernes en rueda de prensa que las medidas de transparencia están “en estudio”. Tan solo precisó que a finales de febrero se presentará la memoria del Sermas de 2015, que suele publicarse en otoño. Eso sí, advirtió de que algunas casillas estarán vacías.

En el sistema de denuncias anónimas se podrán revelar casos relacionados con el Sermas o las “entidades, empresas y organizaciones con las que este tenga contratos, conciertos o acuerdos”, de acuerdo con la ley. <TB><TB>De haber existido antes la norma, no se hubiese conocido el nombre del doctor del Gregorio Marañón que destapó que se realizaban pruebas médicas privadas con fondos públicos. O los de los trabajadores del call center de Sanidad que denunciaron años atrás órdenes de derivar pacientes a consultas privadas habiendo plazas en la pública. O, este otoño, que a una lavandería privada presuntamente llegaba ropa hospitalaria lavada en otro sitio para que llevase los sellos oficiales que solo podía ofrecer esta.

Registro de intereses

José Manuel Freire, el diputado socialista impulsor de estas medidas de transparencia, sostiene que hay que “incentivar” la denuncia de malas prácticas. Recuerda que en Estados Unidos incluso se premia económicamente esta conducta. Freire insiste en que se debe perseguir el fraude en todas las profesiones. Desde el médico que prescribe dirigido por las farmacéuticas que le recompensan, al celador que reparte tarjetas de una funeraria para la que trabaja.

Además, Sanidad tiene que elaborar una normativa para regular los conflictos de interés, “poniendo en marcha mecanismos que garanticen su cumplimiento y para dar transparencia al registro de intereses”. Un registro en el que debe quedar constancia, piensa Freire, de que un profesional compra una máquina de la multinacional que le pagó la estancia en un congreso o de que alguien va a ser tribunal de unas oposiciones a las que se presenta su hijo.

Entre las medidas se contempla que exista “una publicación mensual en Internet de la lista de espera quirúrgica, contabilizada según normativa del Sistema Nacional de Salud, tanto la global como las listas de los hospitales, desagregadas por patología”. Esa medida se cumple en parte desde el viernes. La Comunidad fue expulsada del recuento nacional en 2005, pues el Ministerio de Sanidad consideró que se falseaban las cifras y ese día la región volvió al cómputo nacional; eso sí, cumpliendo un récord histórico: 79.444 enfermos esperaban sitio en un quirófano. “Estarán igualmente disponibles en Internet los datos de los últimos cinco años para facilitar el análisis evolutivo”, se explica en la ley.

“Colgar en Internet el patrimonio de los políticos es voyeurismo social”, sostiene Freire. “Si uno quiere robar, no lo declara. Estas medidas de transparencia, si se aplican, supondrán un giro copernicano, aunque es un estandard en otras democracias”.