Redacción Médica: La comunidad presidida por Emiliano García- Page decidió hace unos meses obviar la norma impuesta por el Ejecutivo central en el año 2012 y hacer que sus funcionarios vuelvan a trabajar 35 horas a la semana. Este sorpasso a la normativa estatal no ha sido visto con buenos ojos por Hacienda, que prepara ya su artillería legal contra la norma manchega.
Así, el ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha confirmado a Redacción Médica que se va a recurrir la iniciativa del gobierno socialista de Page “porque es lo que se hace habitualmente”. Desde Hacienda han explicado que no se va a “permitir” que una comunidad se salte las normas.
Aunque la respuesta de Hacienda es contundente, lo cierto es que el personal sanitario de la comunidad manchega ya está aplicando su nueva –y más corta- jornada desde el pasado 1 de enero. En Hacienda alegan “que no se les está dejando”, lo que ocurre es que simplemente “no se ha recurrido aún”.
El plan de Hacienda es, sin duda, recurrir la jornada laboral de 35 horas semanales, aunque no saben “ni cuándo ni dónde”. Eso sí, dejan claro que esta situación no se debe a que el gobierno esté en funciones ya que “se va a hacer de todos modos, como se hace siempre”.
Más comunidades 'rebeldes'
A Hacienda se le pueden sumar más comunidades rebeldes ya que Castilla La Mancha es la primera que lo ha implementado, pero ni de lejos la única que lo ha estudiado. Andalucía ya se ha comprometido con sus sindicatos a poner el tema sobre la mesa en la próxima reunión Sectorial y, además, fue una de las primeras que sentenció que iría tras Castilla La Mancha cuando ésta última anunció la aprobación definitiva.
Pero no sólo los andaluces miran con envidia la política de Page, la Junta de Castilla y León, ha ido un paso más allá y ha exigido formalmente al gobierno nacional la retirada de los impedimentos legales existentes para la recuperación de la jornada de 35 horas. A ellas se suma el País Vasco, donde Osakidetza y sindicatos negociarán la vuelta a esta jornada a principios de este año.
El Real Decreto-Ley 20/2011, que entró en vigor en 2012, establecía el horario de 37,5 horas para todo el personal del sector público estatal, algo que las comunidades han puesto en entredicho ya que el personal sanitario pertenece, en teoría, a su administración por estar la sanidad transferida a las autonomías.