Redacción Médica: Está sucediendo en Madrid capital, y en otras localidades de la comunidad autónoma principalmente, aunque ya hay casos descritos fuera de esta región. Una mujer llama al teléfono de casa de personas mayores para interesarse por su salud en nombre "de la Seguridad Social", dándoles "consejos profesionales" e intentando concertar una cita en el propio domicilio.

EL PAÍS: Premisa primera: un informe de la Cámara de Comercio Americana ha de tener, como su nombre indica, un claro matiz económico y empresarial. De hecho, sus ponentes este lunes por la mañana han sido Jordi Martí, director general de Celgene, una internacional biotecnológica, y Francisco de Paula Rodríguez, director de estrategia de Medtronic, una empresa de dispositivos sanitarios. Ambos pueden considerarse, a su vez, representantes del mundo de los laboratorios y la tecnología. Pero, incluso contando con su sesgo, el trabajo recoge un análisis del sistema sanitario muy concreto, centrado en el valor de la innovación, con el que coinciden otros trabajos al respecto. El propio Martí admite este aspecto, pero opina que en el tema de los avances del sistema hay que ser "como un martillo pilón", insistiendo e insistiendo hasta que el tiempo político los tome en consideración. Algo importante para todos: para los pacientes que se benefician y para el país, con unas exportaciones de 16.000 millones en 2016, según el estudio.

EL PAÍS: En la entrada del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), en Madrid, una placa muestra el nombre de los patrocinadores. Todos ellos, empresas de renombre —bancos, constructoras, telefonía, y PRISA, editora de EL PAÍS—. Pero simbólicamente, desde la semana pasada, a esa especie de panel homenaje hay que añadir un nombre: el de Israel, un funcionario de 61 años que ha sido la primera persona que se ha acordado de este centro puntero en su testamento: lo ha nombrado heredero universal.

Redacción Médica: La Comunidad Valenciana cuenta, desde hoy, con una nueva Ley de Salud. El pleno del Consell ha aprobado la modificación de la anterior normativa 10/2014 sobre salud de la región para “garantizar la universalidad y apostar la gestión pública”, tal y como ha expuesto el Gobierno autonómico.