EL PAÍS: Premisa primera: un informe de la Cámara de Comercio Americana ha de tener, como su nombre indica, un claro matiz económico y empresarial. De hecho, sus ponentes este lunes por la mañana han sido Jordi Martí, director general de Celgene, una internacional biotecnológica, y Francisco de Paula Rodríguez, director de estrategia de Medtronic, una empresa de dispositivos sanitarios. Ambos pueden considerarse, a su vez, representantes del mundo de los laboratorios y la tecnología. Pero, incluso contando con su sesgo, el trabajo recoge un análisis del sistema sanitario muy concreto, centrado en el valor de la innovación, con el que coinciden otros trabajos al respecto. El propio Martí admite este aspecto, pero opina que en el tema de los avances del sistema hay que ser "como un martillo pilón", insistiendo e insistiendo hasta que el tiempo político los tome en consideración. Algo importante para todos: para los pacientes que se benefician y para el país, con unas exportaciones de 16.000 millones en 2016, según el estudio.

Estos son los seis retos que incluye el trabajo.

1.- Desprotección de la innovación. Martí y Rodríguez admiten que ha sido un problema más pasado que actual, cuando en España hubo un periodo transitorio de adaptación de las normativas europeas sobre patentes, y su inclusión es más bien una llamada para que eso no cambie. El sistema de protección intelectual es clave para las empresas innovadoras. Los laboratorios, por ejemplo, calculan que tardan entre 10 y 15 años en sacar un medicamento al mercado, con miles que se quedan por el camino, y que ese desarrollo puede costar más de 2.000 millones. Esta es la cifra más utilizada, aunque un reciente estudio de Vinay Prasad, de la Universidad de Ciencia y Salud de Oregón, y Sham Mailankody, del Centro de Cáncer Sloan Kettering de Nueva York, publicado en Jama Internal Medicine, lo rebaja a unos 650 millones de euros. En cualquier caso, mucho dinero que, según Martí, no debe ser el único factor. "No se debe pensar en términos de gasto, sino de beneficio. Hay que tener en cuenta otros beneficios", como el tiempo de supervivencia, los menores ingresos u otras ventajas de la innovación, ha afirmado.

El tema de los precios de los fármacos está en continua actualidad, y va a seguir así con los nuevos medicamentos biológicos. En el Congreso se ha llegado a aprobar si deberían concederse licencias obligatorias (permiso para saltarse las patentes y fabricar más barato) en algunos casos. Eso está ya previsto para países pobres ante epidemias o problemas graves de salud pública (se pensó para el VIH), pero no en los ricos, que pagan más por los fármacos (lo que, aparte del beneficio para el fabricante, le permite bajar precios en países con menos capacidad económica). 

2.- Falta de involucración del paciente. No es solo que este se informe, sino que en el futuro tendrá que formarse para ser más activo en su cuidado, por ejemplo con el uso de tecnología en su domicilio. Martí ha afirmado que en un futuro los hospitales actuales no tendrán sentido, y que gran parte de la atención que en ellos se da pasará a las casas de los pacientes. Ahí, problemas actuales como la falta de seguimiento de las pautas de medicación (la denominada adherencia) serán aún más graves si no se consiguen zanjar antes.

3.- Merma de la capacidad de decisión de los médicos. El estudio no está en contra del ahorro, pero sí de recortar en gastos con criterios solo a corto plazo. Esto lleva a cuestiones como que los profesionales ven limitada su capacidad de elegir un tratamiento u otro porque deben seguir protocolos fijados por las Administraciones (por ejemplo, recetar solo lo que sale en su ordenador o lo que ha decidido comprar el gestor de un hospital).

4.- Inequidad territorial. El caballo de batalla de profesionales, pacientes y proveedores. 15 años después del fin del traspaso de las competencias sanitarias, no convence la idea de que una comunidad pueda ofrecer una asistencia distinta de la de al lado. En la presentación se ha hablado mucho de las agencias de evaluación autonómicas. Según los ponentes, en muchos casos hacen un trabajo redundante (revisar la conveniencia o no de incluir un tratamiento o servicio que ya ha hecho la estatal) con el objetivo de retrasar su implantación (y, por tanto, el gasto correspondiente). Para Rodríguez, la solución sería que "si una agencia hace una evaluación, su resultado sirva para todas". A este sistema se añaden los sistemas de evaluación de cada hospital, de manera que la inequidad no es solo entre comunidades, sino entre centros del mismo lugar. Es lo que se ha venido a definir como "una sanidad que depende del código postal", ha dicho Martí. 

5.- Disparidad en la toma de decisiones. Cuestiones como las distintas regulaciones autonómicas o distintos plazos de pago (un problema que los ponentes admiten que ha disminuido mucho porque los préstamos del Estado, como lo del Fondo de Liquidez Autonómica, han permitido reducir mucho la deuda con proveedores) implican inseguridad para las empresas que deben invertir en innovar.

En este punto, el estudio destaca la "escasa colaboración entre los diferentes agentes del sistema de salud con dificultades para poner en marcha acuerdos de colaboración público-privada, así como reducido conocimiento y desarrollo de los modelos de compra pública innovadora y compra pública de innovación que faciliten la actualización tecnológica de nuestra Sanidad". Martí, por ejemplo, señaló el modelo alemán, en el que el precio de los medicamentos se revisa al año de que empiece a dispensarse en función de si ha alcanzado los beneficios que se esperaban, tanto para rebajarlo si no se logran, como para subirlo si las ganancias exceden lo previsto. Claro que para hacer esto habría que tener mucha más información de lo que es el proceso asistencial más allá del puro coste de las máquinas o las medicinas, un elemento en el que el sistema español es deficitario.

6.- Falta de criterios estratégicos. En general las decisiones de los gestores se toman a corto plazo, indica el informe. Rodríguez señaló que mientras las medidas presupuestarias tienen un objetivo de un año, y los plazos políticos son de cuatro, el de muchas enfermedades es mucho más largo (las crónicas, para toda la vida). Esas disparidades, unidas a la falta de datos que se mencionó anteriormente, lastran la toma de decisiones de inversión. No es lo mismo plantear la adquisición de una máquina, por ejemplo, si solo se piensa en su coste a pagar el primer año que si se consideran sus beneficios para la salud a lo largo de 20. Esta visión también debería llevar a desinvertir en tecnología obsoleta, advierte el trabajo.

Para cada uno de estos aspectos, el informe ofrece actuaciones de mejora, que son, básicamente, revertir esas situaciones: leyes de patentes firmes y claras, centrar las actuaciones en el paciente con su intervención en la toma de decisiones, más capacidad de los médicos para prescribir (preocupa mucho la llegada de los medicamentos biosimilares, las copias de los biológicos), dar transparencia a las decisiones de financiación, establecer criterios estratégicos de incentivos en implantación de innovación y fomentar la equidad territorial y desarrollar una colaboración público-privada (entendida esta última como la aportación de las empresas al sistema, no tanto por la titularidad del servicio).

La duda es si el "martillo pilón" que menciona Martí llegará, o si estas recomendaciones serán unas más en la lista de informes a los que la agenda política orilla.