PÚBLICO: Como cada tercer domingo de mes, la marea blanca vuelve hoy a las calles de Madrid. En esta ocasión, el foco de sus denuncias estará puesto en la situación de la Salud Mental, que —según denuncian en un comunicado— está "en el ojo de la privatización".

PÚBLICO: Mi abuela y mi abuelo estuvieron juntos toda vida. Toda. Se amaban tanto que no había adversidad que pudiera con su unión. Cuando mi abuelo con 16 años recién cumplidos se fue a combatir con el bando republicano a la Guerra Civil, mi abuela no dudó en esperarle. Tres largos años con la angustiosa incertidumbre de si su amado volvería vivo y, en caso de conseguirlo, si no llegaría lisiado por la metralla de algún mortero. No fue así, llegó vivo, aunque no sé si a salvo de saber que muchos de los que luchaban en el otro bando ni siquiera sabían por qué luchaban con los paisanos que había visto toda su vida por allí.

EL PLURAL: “La preocupación que tienen los facultativos ante las intolerables listas de espera de este centro, el retraso en la asistencia de sus pacientes, la carencia de recursos humanos suficientes y, por consiguiente, el progresivo deterioro de la calidad de la asistencia sanitaria…” Duro enunciado de la carta que setenta de los 72 médicos que integran la plantilla del hospital de Tomelloso han enviado a los responsables de la Sanidad del Gobierno castellano-manchego que preside María Dolores Cospedal. Escrito firmado por el 97 por ciento de los facultativos en nómina y al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM (ver carta), donde se recuerda también que la situación kafkiana vivida en este centro, otrora referencia de la sanidad regional, es “consecuencia principalmente de los recortes presupuestarios llevados a cabo desde hace tres años en nuestro hospital”.

CSI-F: La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, organización que cuenta con el mayor respaldo entre los empleados públicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, relanza su campaña contra la Tasa Cospedal para recuperar el 3% salarial que pertenece a cerca de 70.000 trabajadores de la administración autonómica.