EL PAÍS: Los andaluces no se resignan a tener que esperar hasta dos meses, como Emilio Andón, para tener cita con su médico de cabecera; o a levantarse a las seis de la mañana, como Manuela Sánchez, para conseguir que el único facultativo que pasa consulta en días alternos en el centro de salud de su pueblo pueda atenderla; o a esperar un año para la consulta con el neurólogo, como le ocurre al padre de Cristina Rus; o a ir a trabajar con miedo ante las reacciones violentas por la frustración de los pacientes ante el deterioro de la atención, como le ocurre a Guillermo Velázquez, médico de atención primaria o Susana Romero —que no quiere dar su nombre real―, enfermera en un centro de salud. Tanto tiempo aguantando el deterioro de la sanidad pública en Andalucía se ha transformado en indignación.

Ese es el estado de ánimo que ha recorrido este domingo las multitudinarias manifestaciones convocadas por Marea Blanca en todas las capitales de provincia de la comunidad para llamar la atención sobre “la gravedad” del menoscabo de los servicios sanitarios públicos en este territorio.

“Esto es una vergüenza. No podemos estar esperando tanto tiempo para tener una cita con atención primaria, para cuando nos dan fecha ya o estamos curados o muertos”, dice Pepe Criado, jubilado de 73 años, que vive en Sanlúcar la Mayor, uno de los municipios del Aljarafe sevillano, a las afueras de la capital andaluza, y que se ha trasladado en autobús para acudir a la cuarta marcha que convoca la plataforma ciudadana Marea Blanca, casi dos años después de la primera, en noviembre de 2022.

A esta última, que ha arrancado a las doce de la mañana en todas las capitales de provincia, salvo en Cádiz, que la celebró el sábado, se han dado cita decenas de miles de andaluces. La de mayor afluencia, de acuerdo con los datos recogidos por la Policía Nacional y facilitados por la Delegación del Gobierno, ha sido la de Sevilla, que ha reunido a 6.000 personas; seguida de Granada, con 1.600; de las de Málaga y Córdoba, con 1.500; Jaén, 650; Almería, 500; y Huelva, 400, las mismas que el sábado se congregaron en la capital gaditana, si bien la percepción de los asistentes es de una cifra mucho más alta.

En estos dos años, la situación de la sanidad pública no ha hecho sino empeorar. “El deterioro de la sanidad pública está llegando a un extremo de gravedad que no podemos consentir más”, indica Sebastián Martín Recio, portavoz de Marea Blanca, que explica cómo las largas listas de espera están generando complicaciones en enfermedades crónicas “e, incluso, por la falta de atención en tiempo adecuado, situaciones irreversibles de la enfermedad y muertes”. Marea Blanca presentó una denuncia por estos hechos ante la Fiscalía, que fue archivada esta misma semana, pero continúa su lucha recabando firmas para una iniciativa popular legislativa que blinde la sanidad pública de los conciertos con la privada. “Las demoras asistenciales en los centros de salud se están computando ya entre dos semanas y hasta 30 días en algunos casos”, abunda.

En el caso de Emilio Anadón, de 78 años: su cita con el médico de cabecera es de dos meses. “Me la han dado para finales de enero y tengo una enfermedad crónica de corazón desde hace 30 años. Yo ni hago la cola a las siete de la mañana, porque tampoco es una garantía de que te vayan a atender”, explica. Como en su caso, hasta la manifestación de Sevilla se han desplazado vecinos y pacientes de todos los rincones de la provincia, la mayoría municipios rurales donde la situación es mucho peor, con una pérdida continuada de profesionales en los centros de salud que ha provocado que la aplicación de Salud Responde, el servicio para conseguir cita online del Servicio Andaluz de Salud, no esté operativo en esas zonas, y que los médicos únicamente abran sus agendas, cuando lo hacen, uno o dos días a la semana.

Una de las zonas donde la situación es más preocupante es el distrito sanitario de Osuna y la sierra sur de Sevilla. Desde allí se han desplazado hasta 30 autobuses este domingo. Allí, 180.000 personas, población similar a la de San Sebastián, esperan hasta dos años para un diagnóstico y tres semanas para la cita con su médico de cabecera. Los hospitales y ambulatorios están bajo mínimos, con solo el 50% de los médicos necesarios. “Lo más duro es la puerta de entrada a la atención primaria. Los médicos ya no tienen agenda, se forman colas kilométricas en los centros de salud para conseguir una cita que nunca es antes de los 10 días, los centros están cerrados por la tarde, otros están también inoperativos durante el día, porque los profesionales se tienen que repartir entre los de los otros municipios, hay pedanías a las que no llegan las visitas médicas… De este modo se agravan las patologías por la desatención”, resume su alcaldesa, Rosario Andújar, que camina junto al resto de vecinos que ocupan buena parte de la marcha.

“O cambian de política sanitaria o los tendremos que echar”. Es la advertencia que Juan Monedero, portavoz de Marea Blanca en el distrito sanitario de Osuna, ha lanzado al Gobierno de Juan Manuel Moreno, en el arranque de la manifestación de Sevilla. El presidente de la Junta de Andalucía es consciente de que la sanidad es talón de Aquiles de su gestión desde que llegó al poder. No importa que se destinen presupuestos millonarios ―el de 2025 prevé un incremento de 1.000 millones de euros para la Consejería de Salud―, el colapso en la atención primaria y unas listas de espera disparadas evidencian los problemas en la gestión. Hay más de un millón de andaluces esperando fecha para acudir a una consulta con el especialista o someterse a una operación quirúrgica y la media de espera está en 169 días, la más alta de España (48 días más). El déficit acumulado en financiación sanitaria se sitúa en unos 200 euros por habitante respecto de la media nacional, que se eleva a los 500 si se compara con las comunidades mejor financiadas.

Miedo entre los profesionales sanitarios por la frustración de los pacientes

Con todo, Moreno ha insistido esta semana en que los datos avalan que la sanidad andaluza nunca ha estado mejor. “En el número de camas por habitante, número de médicos por habitante, número de enfermeras por habitante, número de operaciones que se hacen… ha mejorado la sanidad”, dijo el lunes pasado, reconociendo que sí le preocupan la ratio de 35 pacientes por médico, que no había funcionado y que habría que revisar, y las listas de espera. Para reducirlas, se ha activado un plan de choque que pasa por concertar a dedo con la privada, una medida cuestionada por los manifestantes, que también han llamado la atención sobre la investigación en los tribunales de los 300 millones en contratos de emergencia suscritos entre 2020 y 2023 con empresas privadas cuando la cobertura legal de la pandemia que la amparaba estaba derogada.

“La solución de la lista de espera no puede estar en darle dinero a la privada. Es un indicador de la falta de programación y planificación de la Junta. Es una estrategia que demuestra que no se confía en la pública para resolver los problemas, cuando lo que hace recurrir continuamente al privado, es empobrecer al sistema público”, indica el portavoz Martín Recio.

Guillermo Velázquez, médico de atención primaria e integrante de la ONG Médicos del Mundo, abunda en esa idea señalando a una de las muchas pancartas que han jalonado la manifestación de Sevilla: “40 años para construir la sanidad pública y dos legislaturas para destruirla”. “Viene de un poco más atrás, pero lo de los últimos años es brutal”, puntualiza. Velázquez alude a que hay cada vez menos profesionales en los centros, no se sustituyen las ausencias. “La cosa sale adelante porque nosotros nos organizamos para atender las consultas, pero hay mucha merma, muchos recortes, mucha apuesta por los conciertos”.

A todo eso, los profesionales añaden el miedo ante la reacción de los pacientes frustrados por el deterioro de la sanidad. “Hay miedo físico, porque muchos pierden los papeles, se desesperan y agreden. Tenemos que hacer de salvavidas, de mediadores, de freno y ahora mucho de nuestro tiempo lo empleamos en dar explicaciones, cuando antes lo empleábamos en atender”, añade. Ese miedo lo ha experimentado esta misma semana Susana Romero, enfermera de un centro de salud de Pino Montano, donde un médico fue agredido por un paciente: “Ese se ha convertido casi en un problema más acuciante que el hecho de que vernos sobrecargadas de trabajo, que no se nos pague la productividad. Nos sentimos maltratados”.

“Yo estoy aquí por solidaridad”, explica a su lado Pepe López, de 81 años. “Afortunadamente, tengo pocos achaques, pero tendríamos que estar muchas más personas y, sobre todo, gente joven, porque todos estos problemas los van a heredar ellos”, indica. Cristina Rus, de 39 años, y su pareja, Samuel Alfonso, de 41, han acudido a la marcha con sus hijos. “Estoy harto de no tener cita con el pediatra y de ir a unas urgencias que están colapsadas de casos no urgentes”, dice él. Los problemas también los sufren con sus padres. El de Rus tiene más de 80 años y ha conseguido cita con el neurólogo para dentro de uno. “Si es algo grave, el diagnóstico va a llegar tarde”, señala. Ellos están manifestándose porque creen firmemente en la sanidad pública. “No tengo seguro privado, ni quiero tenerlo”, indica.