Cadena SER:  El ideal de la Unión Europea sigue siendo todavía solo eso: un ideal; porque en la práctica puede llegar a convertirse en toda una pesadilla burocrática. Así lo perciben al menos los trabajadores del Hospital de la Cerdanya, que aunque viven y hasta ahora han pagado sus impuestos en Francia, han recibido una notificación de la Agencia Tributaria reclamando el pago del impuesto de la renta de los últimos cuatro ejercicios.

O pagan ya o les embargan. Este grupo de médicos, sanitarios y trabajadores del Hospital, el único transfronterizo en Europa, denuncia la "injusticia" de esta 'doble imposición': Hacienda les reclama el pago de un impuesto que ya han pagado en Francia, tal y como dicta el Convenio de Doble Imposición que regula su situación. Pelea fiscal entre España y Francia.

El Hospital de la Cerdanya -en territorio Español- tiene una casuística excepcional por ser el único cofinanciado por dos países de la Unión Europea. España -que aporta el 60% de la financiación, frente al 40% francés- considera que los salarios de esos trabajadores proceden de las arcas españolas y por tanto es en España donde deben tributar. Basándose en ese argumento, hace un año la Agencia Tributaria comenzó a notificarles uno por uno que debían abonar del Impuesto a la Renta de No Residentes (IRNR) de los últimos cuatro ejercicios (2019-2023).

"España nos está obligando a sufrir una doble imposición. Ya hemos pagado el 19% de nuestro sueldo en impuestos a Francia", asegura a la Cadena SER Victor, trabajador de ese centro desde hace seis años. "En mi caso me reclaman entre 10.000 y 20.000 euros al año. Es algo insostenible para cualquier familia. Mucha gente ha tenido que pedir créditos, se plantea vender la casa o irse de alquiler por un tiempo", nos cuenta Roser, otra de las afectadas por este problema que durante los 10 años que lleva trabajando en ese hospital y pagando impuestos en Francia, nunca había tenido problemas. Una doble imposición "insostenible".

Los trabajadores consideran la situación "injusta" e "insostenible" porque ya están teniendo que abonar los importes a la Agencia Tributaria para evitar ser embargados. Dependiendo de los casos, las cantidades reclamadas van de los 5.000 a los 20.000 euros por ejercicio fiscal, por lo que hay familias que se enfrentan a reclamaciones de hasta 100.000 euros. "España nos está pidiendo un 19% por un impuesto que ya hemos pagado en Francia", nos cuenta por teléfono Victor, que lleva trabajando en ese centro desde 2019. Primero pagar, luego reclamar Mientras las administraciones francesa y española se ponen de acuerdo para encontrar una solución, los trabajadores están teniendo que abonar las cantidades reclamadas. Hasta el momento, el grupo de trabajadores ha trasladado su denuncia a la Hacienda Francesa, al Defensor del Pueblo y a varios eurodiputados y eurodiputadas para elevar este caso a la Comisión Europea.

"Es algo que se puede demorar años", nos cuenta Roser, después de explicar el largo proceso al que se enfrentan hasta que la justicia, el arbitraje o el diálogo internacional entre España y Francia resuelva la situación. El caso demuestra que la Unión Europea seguramente sea una realidad para los grandes capitales o las grandes empresas, pero esa unión parece quedarse a medio camino cuando bajamos a pie de calle y hablamos de pequeñas familias.