EL PLURAL: El titular del juzgado de instrucción número 13 de Sevilla ha imputado a los tres últimos directores del Servicio Andaluz de Salud (SAS) como consecuencia de la prórroga de varios contratos realizados a dedo entre el año 2021 y 2023. En concreto, las personas que tendrán que rendir cuentas son la actual jefa del organismo, Valle García; y sus dos antecesores: Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas.

Una decisión formalizada tras la querella presentada por el PSOE en el Parlamento de Andalucía por “posibles irregularidades” en estas contrataciones, que se realizaron por la vía de urgencia en el SAS desde 2021 y con motivo de la emergencia causada por la pandemia de coronavirus en los servicios públicos de salud.

Así se ha recogido esta última novedad judicial en el auto del juzgado sevillano firmado este martes 12 de noviembre, en el que se acuerda admitir a trámite la querella y su consiguiente ampliación contra la actual gerente del SAS y otros dos exgerentes. Así, el magistrado llama a comparecer a los imputados “en hora de audiencia cualquier día hábil del mes de noviembre de 2024 al objeto de informarles de sus derechos conforme al artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como darles traslado del escrito de querella y ampliación mediante copia de estas y demás diligencias practicadas, acordándose su declaración en un momento posterior".

Asimismo, la resolución del juez se pondrá en conocimiento del Ministerio de Fiscal y "demás partes personadas, previniéndoles que contra la misma podrán interponer, ante este juzgado, recurso de reforma en el plazo de tres días", precisa también el auto.

“Posibles irregularidades” por contratos a dedo en el SAS

La resolución judicial relata que el Grupo Parlamentario Socialista interpuso una denuncia en los juzgados de Sevilla contra los dos citados exgerentes del SAS "por posibles irregularidades en la contratación a través del procedimiento de urgencias por el Servicio Andaluz de Salud en los años 2021-2023".

El citado juzgado acordó, el pasado 1 de octubre, incoar diligencias previas "por la existencia de un posible delito de prevaricación administrativa". Posteriormente, "por escrito de 11 de octubre de 2024 se presentó querella por parte de la treintena" de parlamentarios socialistas "solicitando ser tenidos en calidad de acusación popular previo ofrecimiento de fianza".
 

De esta manera, el juzgado fijó en 5.000 euros la cuantía de esa fianza, que los diputados socialistas consignaron, lo que ha servido para que estos pasen a tener la consideración de "acusación popular" en este caso.

Asimismo, el pasado 11 de noviembre se presentó por parte de dichos diputados andaluces una "ampliación de querella" por "posibles irregularidades en la contratación a través de procedimiento de urgencias por el Servicio Andaluz de Salud en el año 2024" contra la actual directora gerente del SAS, Valle García.

El magistrado instructor de esta causa entiende así que dicha querella y su posterior ampliación reúnen "los requisitos exigidos por el artículo 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", y los relatos que se exponen en ella revisten "los caracteres de un presunto delito de prevaricación administrativa, sin perjuicio del resultado de la investigación", por lo que ha acordado su admisión y citar a los tres querellados para que comparezcan ante el juzgado "en hora de audiencia cualquier día hábil del mes de noviembre de 2024 al objeto de informarles de sus derechos conforme al artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como darles traslado del escrito de querella y ampliación mediante copia de las mismas y demás diligencias practicadas, acordándose su declaración en un momento posterior".

Antcorrupción asume la investigación

Cabe recordar que fue hace una semana atrás cuando se dio a conocer que la intrucción de este caso fue asumida por la Fiscalía Anticorrupción del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla contra el Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla. Para ahondar aún más en esta cuestión, se trata de 79 contratos con clínicas privadas que están bajo investigación. Surgen del Expediente 110/2021, Acuerdo de Emergencia de 20 de enero de 2021, firmado por el entonces director gerente del SAS Guzmán con un presupuesto inicial de 70 millones de euros. Por su parte, el Ejecutivo andaluz siguió añadiendo apéndices y prórrogas a cada uno de los contratos hasta 2023 "debido al incremento de contagios de la sexta ola de pandemia", como justificaron en aquel momento.