EL PAÍS: La muerte de dos pacientes en el hospital Vall d'Hebron de Barcelona, el centro sanitario más grande de Cataluña, ha iniciado una guerra abierta entre la dirección de la institución y su jefe del servicio de cirugía cardíaca, Manuel Galiñanes. El facultativo ha denunciado esta mañana ante el Síndic de Greuges que el cierre de quirófanos en verano motivó retrasos en la lista de espera de cirugía cardíaca que provocaron la muerte de dos de sus pacientes. El hospital niega la mayor y acusa al médico de filtrar esta información por motivos estrictamente personales.

Según relató ayer a La Vanguardia, el hospital redujo en verano la actividad de los quirófanos a "dos o tres operaciones semanales" —el resto del año se hacían 15 a la semana—. Esta reorganización supuso, según Galiñanes, un aumento de las listas de espera en su servicio que acabó motivando la muerte de dos de sus pacientes: uno de ellos falleció el uno de julio, tras cuatro días esperando ingresado para ser intervenido; al otro enfermo se le anuló la intervención varias veces y falleció en su casa un mes y medio después del último retraso.

La dirección del hospital y el resto del equipo de cirugía cardíaca en bloque han desmentido "de forma rotunda" las acusaciones de Galiñanes, que asegura que sus pacientes fallecieron por los recortes. "Las afirmaciones son absoluta y rotundamente falsas. Siempre se prioriza el criterio clínico por encima de cualquier otro criterio. Sus muertes no tienen nada que ver con los recortes. No se hizo nada mal", ha zanjado el gerente de Vall d'Hebron, Vicenç Martínez Ibáñez.

Según el hospital, el primer paciente "ingresó por urgencias con fiebre por una complicación de un cáncer terminal que padecía y nunca estuvo para ser intervenido", entre otras cosas porque nunca le llegó a bajar la fiebre y las complicaciones que motivaron su ingreso no era por sus problemas coronarios, sino debido al tumor que padecía. En el segundo caso, el hospital sí ha reconocido que al paciente se le retrasó en varias ocasiones la intervención cardíaca pero han declinado entrar en detalles del porqué apelando a la confidencialidad de su profesión. En lo que sí ha incidido Martínez Ibáñez es en que, en todas las ocasiones, la decisión de posponer la operación se tomó "en base a criterios clínicos" y en ningún momento el paciente saltó de la lista de espera, tal y como daba a entender el jefe del servicio en su denuncia. 

Galiñanes aseguró que los recortes de verano y el despido de dos especialistas de refuerzo que se había contratado un año antes elevó la lista de espera a más de un centenar de personas. La dirección de Vall d'Hebron, por su parte, ha rechazado estas declaraciones y ha asegurado que "a finales de julio no había cola para cirugía cardíaca y se decidió abrir los quirófanos en agosto a demanda". "Desde marzo, un comité quirúrgico se reúne todas las semanas para ir mirando la lista de espera y podemos decir que cumplimos la lista en todos los procedimientos con tiempos garantizados", ha señalado la directora asistencial, Ana Ochoa de Echagüen. El Departamento de Salud puso en marcha en 2014 un plan director para reducir las listas de espera de cirugía cardíaca y, según datos del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), a junio de 2015, quedaban unas 38 personas en espera en Vall d'Hebron. 

La dirección ha reconocido que el médico les comunicó estos dos casos en septiembre y el centro abrió una investigación reservada para estudiar la situación. Un interventor es el encargado de hacer la indagación y entrevistarse con todos los profesionales que han intervenido en ambos casos. El hospital ha reconocido que la pesquisa sigue abierta pero ha asegurado que no tiene nada que ver con los recortes.

Martínez Ibáñez ha aducido "motivos personales" de Galiñanes contra el hospital para justificar sus declaraciones. El facultativo estaba bajo un proceso de evaluación para mantener el certificado de evolución positiva que necesitan todos los jefes de servicio y de sección para seguir en el cargo. El abogado del médico, Fernando Soto, ha explicado que, aunque lo habitual es que sea el médico el que presente una solicitud de evaluación, en junio el hospital le indicó que comenzaba la evaluación y le envió un cuestionario para cumplimentar. "El doctor contestó a una página solo del cuestionario y como vio que le faltaba recabar información para completarlo, solicitó que no se tuviese por iniciada la evaluación hasta que reuniese todos los datos", ha explicado Soto. El médico tiene hasta enero de 2016 para hacer la evaluación y ha decidido comenzarla el mes que viene.  

Si el médico no completa la evaluación, puede perder su cargo como jefe de servicio pero, por ahora, el facultativo sigue en su puesto de jefe de servicio. Con todo, el gerente del centro sanitario ha indicado que estudiará "en frío y con tranquilidad" su posible destitución e incluso emprender medidas legales por haber "dañado la imagen del hospital".