EL PAÍS: Un paciente del hospital Francisco de Borja de Gandia (Valencia) ha denunciado a la Defensora del Paciente que se le ha denegado la realización de dos pruebas médicas, pese a tener tarjeta sanitaria en vigor, y bajo el argumento de que el coste sanitario de las mismas debe ser asumido por su comunidad autónoma de origen, Castilla-León. Tras ser atendido de urgencia en el centro sanitario, el paciente fue remitido al neurólogo. Sus familiares explican que han recibido una llamada del hospital explicando que las pruebas que el médico le pidió no se le podrán realizar porque su tarjeta sanitaria de desplazado no las cubre. La Consejería de Sanidad explica que se trata de un "malentendido" porque no se le ha denegado la asistencia sino que se le ha informado de que las pruebas se le harán cuando realice unos trámites burocráticos.

Los familiares del paciente han explicado que la salud del hombre, un jubilado segoviano que ha padecido diversos infartos cerebrales, empeoró durante su estancia vacacional en Gandia, donde posee una vivienda que visita periódicamente. La presencia repentina de de "delirios, agresividad y pérdida del juicio" obligaron a la familia a llevarle al hospital Francisco de Borja donde, según explica su hija, fue atendido "correctamente" haciendo uso de la tarjeta sanitaria de desplazado que tiene en vigor. En esta visita, al paciente se le diagnosticó una encefalopatía hipóxico-isquémica y se le derivó al neurólogo.

"El día 16 de septiembre, el neurólogo, que nos ha atendido correctamente, solicitó para mi padre dos pruebas de vital importancia para poder diagnosticar la enfermedad. Un SPECT y una Resonancia (RM). Hoy [día 19 de septiembre] nos han llamado del hospital de Gandia, diciendo que no nos pueden hacer las pruebas en dicho hospital porque somos de Castilla y León", explica su hija en un comunicado. La mujer ha explicado a la Defensora del Paciente que, ante el argumento de que los gastos de esas pruebas debían correr a cargo del sistema sanitario de su comunidad, se ha puesto en contacto con el departamento sanitario de origen para plantearles la cuestión.

La Defensora, Carmen Flores, explica que a este paciente se le han ofrecido dos soluciones. Por un lado, el departamento sanitario de su comunidad le ha ofrecido ser atendido en su ciudad de origen. La familia asegura que el paciente se encuentra en una situación delicada en la que no pueden viajar con él y desplazarle cientos de kilómetros. Por otro lado, la Consejería de Sanidad valenciana le ha ofrecido realizar una serie de trámites burocráticos, como el empadronamiento en Gandia, para obtener la tarjeta sanitaria definitiva (y no de desplazado) en la que sí se contempla la realización de estas pruebas a cargo de las arcas valencianas.

La Consejería de Sanidad lamenta una situación que califica de "malentendido". "Cada cierto tiempo el hospital revisa los SIP de pacientes que han recibido asistencia con SIP provisional, para comprobar la situación actual y actualizar la base de datos", explican fuentes de la consejería.

Sanidad explica que en caso de que las pruebas hubiesen sido necesarias con urgencia, se le habrían realizado de inmediato. Al haber sido derivado al neurólogo, según fuentes de Sanidad, se ha considerado que se trataba de "un proceso crónico" y no un procedimiento de urgencia y por lo tanto, en la llamada, la Admisión del hospital de Gandia le ha explicado que "lo conveniente sería empadronarse, como exige la normativa".

"Al no estar empadronado tendrá que hacer más trámites burocráticos a la hora de recibir asistencia (lo que supone más dificultades para el propio paciente) y por eso se le recomienda que lo haga", concluyen estas mismas fuentes, que aseguran que esta respuesta "en ningún momento supone negarle la asistencia ni ninguna prueba".