elDiario.es: Un hombre al que la rutina de conducir se le ha vuelto borrosa. Una joven postrada en una cama por una hernia discal incapacitante y dolorosa. O una mujer pendiente de una llamada que solucione sus problemas de espalda. Detrás de las 820.000 personas en lista de espera para someterse a un operación en España o de las 3,8 millones esperando por una consulta con el especialista se esconden cientos de miles de historias cotidianas de familiares, amigos o vecinos.     

El número es histórico. Nunca antes tanta gente estaba pendiente de una intervención para atajar o frenar un problema de salud. El contador marca diferentes registros en cada comunidad y, aunque los expertos advierten del “maquillaje” en las listas, el nuevo gobierno de coalición se ha comprometido a limitar el tiempo de espera: 60 días para un especialista y 120 para una intervención. Ya hay fecha para tratar por primera vez el asunto con las comunidades autónomas. Será el día 21 de diciembre en la Comisión Interterritorial de Salud que se celebrará presencialmente en Asturias, según ha avanzado el Ministerio de Sanidad.      

Darle la vuelta a una gráfica que lleva más de dos décadas apuntando hacia arriba, tanto en número de pacientes como en tiempo de espera, en un sistema con 17 gobiernos autonómicos y más de 340 hospitales con gestión propia no parece una tarea sencilla. Establecer un paraguas que consiga engrasar la máquina en todos ellos se configura como uno de los grandes retos de la nueva ministra, Mónica García, al frente del departamento. “En este país ha habido épocas en las que se han llevado a cabo políticas a sabiendas de que habría gente que las sufriría en sus propias carnes”, ha dicho la ministra en sus primeros días en el cargo, destacando que “se han deteriorado los servicios sanitarios, incrementando las listas de espera”. En concreto, desde el departamento que dirige la líder de Más Madrid van a “poner mecanismos de transparencia y trazabilidad para no tener que pagar con tiempo lo que quieren que paguemos con dinero”, ha explicado en una entrevista en la Cadena Ser.

 

Las listas de espera son un indicador de que algo no funciona en el sistema sanitario, que no es capaz de absorber las necesidades de las personas. Resolver el problema es más complejo de lo que parece y se traduce en mucho sufrimiento

Pedro Carrascal — Plataforma de organizaciones de pacientes

Como se aprecia en el siguiente gráfico, con datos del Ministerio de Sanidad, a 30 de junio, el número de pacientes en lista de espera para una operación ha mantenido una curva ascendente desde la primera década de este siglo. No obstante, hay que analizar los datos entre franjas, que indican la incorporación al conteo de nuevas comunidades o cambios metodológicos.

“Las listas de espera son un indicador de que algo no funciona en el sistema sanitario, que no es capaz de absorber las necesidades de las personas. Resolver el problema es más complejo de lo que parece y se traduce en mucho sufrimiento”, explica el presidente de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), Pedro Carrascal, que representa a enfermos crónicos.

Pese al récord de pacientes en espera tras el aumento de los años de la pandemia, los días en la lista han vuelto a los niveles previos. “Esto no es una mala noticia, porque lo importante no es el número de pacientes, sino el tiempo en el que lo procesas. En 2020 fue un desastre porque no se operaba casi nadie y ahora estaríamos procesando la bolsa de actividad de esos dos años así que, aunque va muy lento y es inaceptable socialmente, aumenta el número de personas, pero disminuye el número de días”, explica el experto en planificación sanitaria y economía de la salud, José Ramón Repullo.

Desde un enfoque sistémico, existen tres ejes que vertebran la estructura de las listas de espera. “Tenemos factores de oferta, de demanda y los equilibrios que son socialmente aceptables”, enumera Repullo. En el primer apartado figuran estrategias como incrementar la producción, entendida como las prácticas clínicas, y la eficiencia. “Podemos incrementar recursos, pero es muy complicado en términos de personal porque los datos nos sitúan en la media alta de los países con los que podemos compararnos, así que en términos cuantitativos es difícil argumentar una falta de personal médico”, razona.

Externalización o peonadas

Para aumentar la productividad hay, actualmente, dos enfoques. “Uno es la externalización de las listas al entorno de hospitales concertados y otro las de auto-concertación”, conocido como peonadas, cuando se realizan turnos extra para reducir el acumulado dentro del mismo hospital, desgrana el presiente del Consejo General de Colegios de Médicos, Tomás Cobo. En ambos casos, hace falta dinero. “Si pones a trabajar a la gente a doble turno o si lo externalizas, les tendrás que pagar”, razona.

Cada comunidad elige su propia estrategia y no todas apuestan por potenciar el sistema público directo. En Navarra, Uxue Barkos primero y la socialista María Chivite después destinaron 6 millones de euros en derivaciones a una clínica del Opus Dei entre 2018 y 2022, para consultas con especialistas y cirugías. Con todo, y pese a estar por debajo de la media nacional, esta comunidad no ha sido capaz de cumplir su propia ley foral de garantías, que establece un tiempo máximo de espera de 30 días. Actualmente se sitúa en 75 días de media, con el 7% de los pacientes esperando más de seis meses. No es la única comunidad que aborda su problema de listas de espera con esta fórmula.

“La derivación a la privada tiene sus pros y sus contras, como que sus listas de espera también suban”, explica el vicesecretario general del Consejo Estatal de Sindicato Médicos, Víctor Pedrera, que apuesta por adecuar las plantillas de la sanidad pública a las necesidades reales y reconoce que “las peonadas tienen su resultado, aunque no ha sido suficiente”. En parte, porque estas horas extra y voluntarias no permiten una planificación adecuada del trabajo.

Asturias es una de las comunidades que ha conseguido reducir tanto el número de personas como de días, con 84 jornadas de media, respecto al informe anterior, aunque todavía se encuentra un 30% por encima de 2019. Para atajarlo, ha anunciado una dotación de más de 54 millones de euros para convertir en estructural su plan de choque dirigido a aligerar las demoras.

La especialidad que acumula una mayor bolsa de pacientes en espera para una intervención es traumatología, con casi 200.000 personas a la cola y 133 días de media. Es donde más hay que esperar, tras neurocirugía (192 días) y cirugía plástica (225). Como se muestra en la siguiente gráfica, estas especialidades son también las que más lista suman para una consulta.

El Informe Oferta-Necesidad de Especialistas Médicos 2021-2035, elaborado por las profesoras de la Universidad de las Palmas Patricia Barber y Beatriz González como un encargo del Ministerio de Sanidad, no apuntaba a estas especialidades como las más deficitarias a futuro en materia de personal para cubrir la demanda asistencial. Así, puede buscarse la causa de estas demoras en otros factores, como el agravamiento de determinadas patologías a causa del envejecimiento de la población. Sanidad pone el foco en una serie de intervenciones concretas, entre la que destaca, precisamente, la prótesis de rodilla como la que cuenta con más demora: 134 días de media.

“Ruptura de la equidad”

“¿Por qué en unas comunidades la media está en 65 días y en otras en 120?”, se pregunta el doctor en medicina y miembro de la junta directiva de la Asociación de Economía de la Salud (AES), Sergio García Vicente, que añade que “incluso al comparar diferentes hospitales dentro de una misma región las diferencias son abismales”. Para paliar esta “ruptura de la equidad”, el experto propone utilizar la tecnología disponible para que el ciudadano pueda seguir la trazabilidad de su proceso. “Hay que darle información al usuario, para que pueda comparar los centros y valorar las mejores prácticas”, indica.

Un análisis multinivel de la eficiencia técnica de los hospitales del Sistema Nacional de Salud, publicado en 2019 y capitaneado por Carmen Pérez-Romero de la Escuela Andaluza de Salud Pública, señalaba que la dotación de personalidad jurídica propia aumentaba en un 11,4% su eficiencia. “Soltar las manos atadas de los gestores y aumentar la capacidad de los equipos profesionales aumentaría la producción”, extrae Repullo de ese estudio, frente a los cargos nombrados en los grandes hospitales desde la política.

“El objetivo de las listas de espera tiene que ser conocer la realidad del problema y no ser una herramienta de propaganda”, insiste Pedrera. En ese sentido, las estrategias para aligerar o maquillar los datos están a la orden del día y no son nuevas. Desde buzones paralelos, a los que se derivan a los pacientes a los que no se puede citar en menos de 90 días, como denunciaron grupos políticos y sindicatos en Castilla-La Mancha; expulsiones de la lista si se rechaza ser derivado a la privada; o diferentes trucos sobre cuándo empezar a contar. En 2005, Sanidad expulsó a la Comunidad de Madrid del sistema de cómputo de listas al considerar que utilizaba unos criterios irregulares y no alineados con el resto: empezaba a contar desde la visita al anestesista. La Consejería volvió a reengancharse más de una década después, en 2016.

En Andalucía, este mismo mes de noviembre, se han actualizado las listas, tras un año y medio de opacidad. El Ejecutivo de Juan Manuel Moreno había ocultado un aumento del 11% de personas esperando para operarse, más de 192.000, y un incremento del 227% de pacientes fuera del plazo legal de seis meses (36.004).

Esta comunidad no es la única que cuenta con una ley de garantía de demora. Las hay en otras, como Navarra o Cantabria. “Lo que hacen es que, en un determinado plazo, te puedes ir a la privada, te lo pagas tú y luego te lo remuneran”, explica el doctor Tomás Cobo, que plantea la problemática de un paciente sin recursos, que no pueda adelantar ese importe: “Si no tengo dinero, muerto en combate”.

El presidente de los colegios de médicos aclara que el Sistema Nacional de Salud no tiene ninguna lista de espera para urgencias y emergencias y puntualiza que, dentro de las que se pueden demorar, hay prioridades. “No es lo mismo una prótesis de cadera para alguien a quien le causa muchísimo dolor y le condiciona su vida que para quien puede esperar”, pone como ejemplo. Sin embargo, Cobo pide evitar la “politización” de la sanidad y generar “expectativas que no se van a poder cumplir”. “Si una comunidad autónoma sale diciendo que te va a atender en dos meses y la otra que en cuatro acabamos compitiendo en días y generando muchísima frustración en el paciente, que a quien tiene delante es al médico, no al político”, argumenta.

Cuántos días hay que esperar por especialidad y comunidad autónoma

En su Informe anual 2022, el Defensor del Pueblo indicaba que el número de quejas recibidas por listas de espera para consultas externas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas, siguió incrementándose de forma notable durante todo el ejercicio. Había ejemplos de todos los tipos: tres meses para una consulta en una Unidad del Dolor en Gran Canaria, cuatro en el Clínico San Carlos de Madrid, cinco para traumatología en Cádiz o diez en Albacete.

Como demuestra el buscador anterior, cada comunidad y cada especialidad es un mundo, por lo que no hay un único remedio. Aunque algunas estrategias pueden ser un bálsamo para el sistema. “Hay que abordar un cambio profundo, no una solución a corto plazo que resuelva el problema de forma temporal”, señala Carrascal, que incide en el papel de la atención primaria en cuanto a la “prevención y promoción de la salud”. Esto es, poner en marcha todas las medidas que eviten que la población necesite ciertas intervenciones. “La cantidad de gente que enferma es un factor poco modificable, pero también hay posibilidad de actuar sobre ella”, coincide Repullo, que apuesta por “potenciar la medicina familiar para la mejora del conjunto del sistema”.

En la misma línea, el experto en planificación y economía de la salud apunta a otras posibilidades, como “racionalizar la indicación de pruebas diagnósticas” o “ejercer cierta ética de la negativa ante peticiones injustificadas” de los pacientes. También analizar las tasas de intervenciones. “Habitualmente, la población piensa que una operación está indicada o no lo está, pero hay zonas grises. Es lo que se llama variabilidad de la práctica clínica. En países como Estados Unidos hay muchísimas más operaciones, porque te cobran por cada una. España estaría en la zona virtuosa, pero hay bastantes variaciones entre centros, que a veces tienen que ver con modas, innovaciones tecnológicas o la necesidad de adquirir nuevas competencias”, desarrolla Repullo antes de matizar que “este no es el mayor de nuestros problemas”.

Como muestra el gráfico anterior, en España están esperando por una consulta 78,5 personas por cada 1.000 habitantes. O, lo que es lo mismo, el 7,9% de la población. Una cuenta que se lanzó tras la caída por la parálisis del sistema sanitario durante el confinamiento.

Las listas de espera tienen un impacto importante en la vida de muchos pacientes. “Tienen consecuencias en la salud y en la gestión de la enfermedad, generan sufrimiento y dolor, dificultan las cirugías y es un drama para muchas familias”, insiste Carrascal. Además, las esperas son acumulativas. “Desde que nos llega una persona mayor con la rodilla dañada a atención primaria, la derivas al traumatólogo, le hacen la resonancia que le va a pedir y vuelve a verla, podemos estar hablando de ocho o nueve meses. A eso le sumamos los 112 de media para la operación”, explica Pedrera.

La idea de limitar por ley las listas de espera para un intervención no es nueva. De hecho, ya existe una limitación. En 2011, Sanidad lanzó un real decreto para garantizar un tiempo máximo de acceso a las prestaciones del Sistema Nacional de Salud, en el que establecía 180 días de plazo para cirugías cardiacas valvulares y coronarias, cataratas y prótesis de cadera y rodilla.

Sin embargo, los expertos consultados coinciden en señalar que el nuevo plan debe hacerse en consonancia con las comunidades autónomas. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo mención durante su discurso de investidura a que ese plan para “reducir de manera drástica las listas de espera” se pondría en marcha con “los gobiernos autonómicos que lo deseen”. El primero en ponerse a disposición del jefe del Ejecutivo fue el gallego Alfonso Rueda, del PP, a quien los sindicatos médicos han acusado de “blanquear” el registro al ocultar a 47.000 personas de las listas no estructurales.