El Porvenir: Un nuevo recurso puede parar de manera temporal otra vez el intento de la presidenta regional, María Dolores Cospedal, de hacer un negocio redondo con el reinicio de las obras del nuevo Hospital de Toledo, que llevan paralizadas más de tres años por orden del Gobierno autonómico para facilitar su privatización.

Los arquitectos encargados de la construcción del nuevo Hospital de Toledo hasta que el Gobierno de Cospedal rescindió de manera unilateral su contrato en abril de 2012 (Taller de Arquitectura Sánchez-Horneros) ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Central Administrativo de Recursos Contractuales del Ministerio de Hacienda, que dirige Cristóbal Montoro, al que ha tenido acceso El Porvenir.

Es un recurso contra la adjudicación por parte del Gobierno de Cospedal del reinicio de las obras privatizadas a la única oferta que se ha presentado a esta licitación, pese a que es el contrato público más caro de la historia de Castilla-La Mancha, de casi 2.000 millones de euros.

Esta oferta que se ha quedado con el reinicio de las obras es una Unión Temporal de Empresas de tres constructores acostumbrados a quedarse con las obras públicas más importantes del país: Florentino Pérez, por ACS/Dragados; Juan Miguel Villar Mir; OHL; y José Manuel Entrecanales, Acciona.

La antigua Dirección Facultativa solicita al Tribunal Administrativo suspender la tramitación del expediente de contratación de estas obras una vez interpuesto el recurso y durante la sustanciación del mismo. Un proceso que está pendiente de la firma del contrato entre el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y la UTE formada por Acciona, OHL y una filial de Dragados/ACS.

Si el Tribunal, adopta esa medida, que es previsible debido al calado de la obra pública impugnada y los fundamentos expuestos por TASH, se puede retrasar todavía más la firma del contrato, que pese a que la adjudicación fue aprobada el pasado día 27 de enero aún no se ha formalizado oficialmente entre las partes.

Como ha informado El Porvenir, el retraso en la firma se debe posiblemente a las reticencias de las entidades bancarias a prestar el dinero a estas constructoras ante el posible cambio de Gobierno en Castilla-La Mancha con el socialista Emiliano García-Page, que se ha opuesto públicamente a este modelo privatizador del nuevo Hospital de Toledo, y a una próxima demanda de derechos de autor de la antigua Dirección Facultativa, con muchos visos de salir adelante y que puede hacer peligrar esa inversión.

No ajustada a Derecho

TASH, que fue la encargada de la dirección de las obras desde su adjudicación por el anterior Gobierno socialista en 2007 hasta que fue despedida de manera unilateral por el Ejecutivo de Cospedal en 2012, ha interpuesto esta demanda por entender que la adjudicación hecha por el Gobierno de Cospedal (foto inferior) no es ajustada a Derecho, provocando un evidente perjuicio e indefensión de sus legítimos derechos como empresa en esta obra pública.

La empresa demandante entiende que la licitación resuelta por el Gobierno de Cospedal, como se recoge en su propia documentación, es continuación de una obra anterior por lo que para su ejecución "es absolutamente imprescindible que el primero esté completamente resuelto, hecho que, como a continuación se expondrá, no se ha producido".

Por tanto, para TASH, "no cabía la posibilidad de adjudicar la actual licitación por no estar completamente resuelto el expediente de resolución, ni del contrato de obra anterior, ni del contrato que celebró mi mandante con GICAMAN (ahora SESCAM)".

Señala que por ley se debe resolver antes el contrato anterior para poder continuar una obra pública cuando la Administración, como hizo el Ejecutivo de Cospedal en 2012, invoca una grave lesión del interés público como causa principal para anular una adjudicación por los graves perjuicios que se causarían al interés general de haber continuado la obra.

También reitera que el Gobierno regional no ha cumplido los acuerdos adoptados en la resolución que anulaba su contrato de dirección facultativa; no se le ha devuelto todavía la garantía definitiva que depositó; no se la pagado aún todos los estudios, informes y proyectos realizados y recibidos para la Administración contratante; no hay una certificación final de las obras, generando "inseguridad jurídica e indefensión tanto para los nuevos adjudicatarios como para TASH", con dos seguros de responsabilidad civil vigentes, y "la liquidación distó de ser adecuada a las exigencias normativas".

"Atentar contra los derechos más elementales de TASH"

Por tanto, para los arquitectos demandantes, "declarar conforme a derecho la adjudicación de la nueva obra cuando la propia Administración no tiene voluntad de dar por concluida la anterior, pese a que formalmente exista resolución con plena apariencia de validez, supondría atentar contra los derechos más elementales de TASH".

En su demanda recuerda que la resolución del contrato de dirección facultativa de 28 de marzo de 2007 se encuentra en pleito, "lo que supone, con independencia de su resultado final, que al menos durante la tramitación del mismo mi mandante siga estando obligada a responder de cuanto aconteciere en la obra.

También resalta que tiene interpuesto desde el pasado día 1 de diciembre de 2014 un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha contra el anuncio de la licitación de las obras y los pliegos que debían regir el proceso de licitación.

Por tanto, entiende que en cuanto no se resuelve esta circunstancia por los Tribunales del orden jurisdiccional civil, no debería admitirse la validez de la adjudicación llevada a cabo por la Resolución de 22 de enero de 2015 "pues de proseguir con la misma y ejecutarse la obra se causarían perjuicios irreparables para mi mandante por las responsabilidades que aún tiene vigentes, precisamente, por no resolverse de modo completo el Contrato que en su día suscribió, y que una eventual Sentencia favorable en sede de apelación sería de todo punto ineficaz si el daño ya se ha producido".

Así, señala que de mantenerse la licitación propuesta sin antes resolverse por completo el Contrato de Consultoría, "se produciría la paradoja de que TASH se vería obligada a soportar el daño de una situación que, como ha quedado demostrado, no ha sido producida por ella, contraviniéndose, a consideración de esta parte, los mentados principios rectores de la actuación de las Administraciones Públicas".

Por último, reitera que la única voluntad de TASH "fue siempre cumplir con la legalidad establecida, tanto durante la ejecución de sus funciones a cargo de la Dirección Facultativa, como en el momento en que GICAMAN le notifica la voluntad de resolver el contrato de consultoría".