EL PAÍS: Un juzgado de Sevilla ha ordenado devolver la paga de Navidad a un funcionario de Justicia en la que es la primera sentencia dictada hasta la fecha en la que se obliga a abonar íntegramente la extra suprimida por el Gobierno en 2012. El juez argumenta que la controvertida medida, que también está siendo analizada en el Constitucional, es “contraria a derecho” según consta en una sentencia que ha hecho pública el sindicato CSI-F y que no es recurrible, al estar en liza una cuantía inferior a los 30.000 euros. No obstante, abre la vía para que los trabajadores adscritos a Justicia exijan el cobro de la paga.

Según recuerda la sentencia, el Gobierno aprobó un decreto ley con los recortes en julio de 2012. Sin embargo, en el caso de los funcionarios de justicia como el denunciante, se vio obligado a modificar la ley orgánica del Poder Judicial, que es la que regula sus nóminas, para llevar a cabo la supresión de la extra. El cambio de la ley orgánica, que requirió de trámite parlamentario, llegó con mucho retraso con respecto al decreto. Esto es, en diciembre, y cuando ya se había generado el derecho a cobrarla. Por este motivo, el juez afirma que el Gobierno simplemente “llegó tarde”, por lo que concluye que la minoración salarial es “contraria a derecho”.

El caso que ha ganado J.A.R, secretario del Juzgado de Paz de La Rinconada (Sevilla), supone la primera sentencia en la que un juzgado ordena la devolución íntegra de la paga extra. Hasta ahora, los juzgados tan solo habían reconocido la parte proporcional que había sido devengada hasta el mes de julio, cuando entró en vigor el decreto del Gobierno.

“En resumidas cuentas: se trata de una anómala e ilegal aplicación de las normas por parte de la Administración”, destaca el juez. La sentencia, aunque solo afecta a una persona, puede ser utilizada por todos los funcionarios que tengan la medida recurrida ante los tribunales de lo contencioso y cuyo pagador sea la Junta de Andalucía, según destaca el CSI-F, que por este motivo ha pedido ya una reunión urgente con el Ministerio de Justicia. Según las cifras que maneja este sindicato, la sentencia podría afectar a los 50.000 funcionarios de este departamento en toda España, que pueden ahora presentar una reclamación administrativa para exigir que se les sea devuelta la paga sobre la base de la sentencia. De media, la extra representa unos 1.400 euros brutos.