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Un informe detalla cómo Madrid y Catalunya dejaron morir a ancianos en las residencias

PÚBLICO: "Estuvo cuatro días muriéndose. Hablé con el médico, desesperada, diciéndole que por favor le derivaran al hospital. Me dijo: 'Lo siento, nos han prohibido llevar a los enfermos de las residencias'". Elena Valero perdió a su padre en marzo, durante la primera ola de la pandemia. Ingresado en una residencia de mayores en Madrid, enfermó de covid-19 y, como a otros miles de ancianos, le denegaron la atención hospitalaria. 


El caso de Elena y su padre es el de la tragedia vivida por tantas y tantas familias a las que el coronavirus pilló con un ser querido dentro de una residencia que no estaba preparada para afrontar una pandemia. En un nuevo informe, Amnistía Internacional denuncia que la inmensa mayoría de las personas mayores que vivían en estos centros en la Comunidad de Madrid y Catalunya han sufrido desde marzo hasta cinco violaciones de derechos humanos. 

"Se ha violado el derecho a la salud, a la vida y a la no discriminación de las personas mayores. Además, las decisiones de las autoridades han impactado también en el derecho a la vida privada y familiar y en el derecho a tener una muerte digna", detalla Esteban Beltrán, director de la organización en España, en un comunicado. "No fueron atendidas adecuadamente, ni derivadas a hospitales cuando lo precisaban, se vieron aisladas en sus habitaciones, a veces durante semanas, sin contacto con sus familiares y algunas ni siquiera pudieron morir dignamente", añade la ONG. 

"Ya que no nos daban EPIS (equipos de protección individual), optamos por hacernos los EPIS de la fortuna o de la gloria, batas con bolsas de basura, calzas, gorros de plástico. No hemos tenido ningún tipo de protección", critica Diana, trabajadora de una residencia pública de Madrid, tal y como recoge el informe de la organización.

Si la falta de equipos y recursos fue alarmante durante los primeros meses de la pandemia, la situación de las residencias en la segunda ola sigue siendo preocupante. Amnistía defiende que las medidas aplicadas hasta ahora son insuficientes y reclama a las autoridades, en especial de Madrid y Catalunya, que tomen decisiones de forma urgente. 

La situación de las residencias en la segunda ola de la pandemia sigue siendo preocupante

A esas peticiones se suma Lola Parra, otra víctima del drama vivido en las residencias. A pesar de que lo pidieron en multitud de ocasiones, el centro se negó trasladar a su suegro a un hospital. "Es que no está tan grave", le decían. El anciano falleció en su cama de la residencia, donde permaneció 24 horas hasta que pudieron retirar el cadáver porque "las funerarias no daban abasto". "Me hubiera gustado que la gestión de la Comunidad de Madrid hubiera sido diferente, que no hubieran negado la asistencia. Que hubieran tenido un poco más de humanidad", concluye la mujer.

El Gobierno estima que en la primera ola murieron más de 20.200 personas en residencias, cerca de la mitad de todos los fallecidos por coronavirus en esos meses, según los datos oficiales. En la segunda ola, alrededor de también el 50% de las muertes siguen ocurriendo en estos centros. En un informe del Ejecutivo se señala la falta de personal y la escasez de equipos de protección como dos factores clave de la alta incidencia del virus en las residencias, donde se repartirán las primeras dosis de la vacuna que lleguen a España.


 

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