EL PLURAL: El Hospital de La Paz, uno de los centros públicos de referencia en la Comunidad de Madrid, se negó a practicar un aborto a una embarazada de 20 semanas que había sufrido la pérdida del líquido amniótico por rotura de la bolsa, a pesar de que los médicos reconocieron que el feto era inviable y que la madre corría peligro de una grave infección.

El diagnóstico de los médicos descartó en dos ocasiones la rotura de la bolsa
Según adelanta El País, el equipo médico que la atendió en La Paz pudo cometer un error de diagnóstico al considerar “normal” en diciembre pasado un sangrado en la mujer a las 13 semanas de su gestación.

El 27 de diciembre cuando ya estaba de 16 semanas la paciente volvió al hospital porque se despertó “con todo lleno de sangre”. Le hicieron pruebas y descartaron, otra vez, que tuviera rota la bolsa de líquido amniótico, en la que crece el feto. Ya en enero lo admitieron y le informaron de que “el feto tenía pocas posibilidades”. La pareja decidió esperar antes de tomar la decisión de abortar porque era un hijo muy deseado.

El feto no tenía posibilidades
La pareja tomó esa decisión porque la situación era insostenible: sin líquido amniótico el útero presiona al feto que no desarrolla capacidad pulmonar y puede sufrir malformaciones para finalmente, según el criterio de médicos consultados por El País, morir.

El hospital se desentendió de la situación de la pareja
La situación de la pareja se tornó en pesadilla cuando en el hospital les dieron que allí no le practicaban el aborto y que tenían que gestionarlo ellos en una clínica privada. La razón es que los médicos del servicio de Ginecología y Obstetricia del hospital se declararon objetores en bloque en 2010.

La ley establece que el hospital debió asistir a la mujer
Con su decisión de no asistir a la pareja en la interrupción del embarazo se salta la Ley del Aborto de 2010, que estipula que la objeción de conciencia es un derecho “siempre individual del personal sanitario directamente implicado en la realización de la interrupción voluntaria del embarazo, que debe manifestarse anticipadamente y por escrito”. Los profesionales tienen ese derecho “sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación puedan resultar menoscabadas por el ejercicio de la objeción de conciencia”, según aclara la norma.

Los abortos que se realizan en los hospitales públicos son mínimos
En 2012, en la Comunidad de Madrid se realizaron 20.134 interrupciones voluntarias del embarazo, pero de estas sólo 27 (0,13%) en centros hospitalarios públicos, según datos del Ministerio de Sanidad. En España, hubo 112.390 interrupciones, de las cuales el 6,5% se realizaron en centros públicos.