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Un hospital pagará 18.000 euros por la agresión a una paciente

EL PAÍS: El hospital público Parc Taulí de Sabadell (Barcelona) ha sido condenado a pagar 18.000 euros por la agresión sexual sufrida por una paciente de la planta de salud mental. La sentencia, dictada por el Juzgado de lo Contencioso número 15 de Barcelona, considera que los tres enfermeros que había en el momento de los hechos para vigilar a 36 pacientes eran “insuficientes a todas luces”. Además, estima que estos incurrieron en una “falta de atención y/o vigilancia”. Por todo ello, el fallo concluye que el daño sufrido por la víctima es atribuible “al mal funcionamiento” del centro sanitario.


Los hechos tuvieron lugar en febrero del 2015 en un lavabo de la séptima planta del Parc Taulí, donde uno de los pacientes obligó a la víctima a hacerle una felación y posteriormente intentó penetrarla vaginalmente, aunque sin consumarlo. Según el hospital, fue el personal sanitario el que se percató de que algo sucedía y evitó que la agresión fuera a más. “El equipo de enfermería detectó una situación sospechosa y se actuó”, defiende Diego Palao, director de Salud Mental Parc Taulí. Palao añade que se puso en marcha el protocolo de actuación para estos casos: se sometió a la víctima a una inspección ginecológica y se dio aviso a los familiares y al juzgado.

“Especial protección”

Palao explica que en el momento de la agresión había tres enfermeros, pero también personal médico. Habitualmente hay unos 14 empleados por la mañana, y ocho por la tarde. Palao considera que lo sucedido en 2015 fue un incidente “puntual”. “Fue un momento de descuido, es imposible tener vigilados a todos los pacientes el 100% del tiempo”.

La sentencia considera que en el área de salud mental los pacientes “han de ser objeto de especial protección y seguridad”. “La existencia únicamente de tres personas enfermeras en una unidad de planta de riesgo elevado de conflictividad es del todo insuficiente como para poder abarcar todas las situaciones posibles de peligro”, reprocha la sentencia.

El abogado de la defensa, Ángel Aso, lamenta que la indemnización se haya reducido a 18.000 (reclamaba 150.000) y achaca el caso a los recortes presupuestarios. “Siempre parece que todo sale, pero en algunos casos se demuestra que esto no es así. A mayor recorte, menos personal. Aunque solo haya pasado una vez, el centro debe tomar medidas correctoras”, zanja el abogado.
 

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