EL PAÍS: El hospital de El Vendrell (Tarragona) tiene una lista de espera para implantar prótesis de cadera que supera de largo los seis meses de plazo máximo que garantiza el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña. Pero si un paciente paga, puede saltársela. Es el caso de Isabel Navarro, vecina de Santa Oliva (Tarragona) de 66 años. No podía aguantar más el dolor y se sentía incapaz de soportar el año que los profesionales le decían que tenía por delante. Al final, accedió a pagar 9.300 euros para ser intervenida en unos días por la vía privada en el mismo hospital y por los mismos médicos que debían atenderla por la sanidad pública.

El hospital de El Vendrell es uno de los cerca de 60 hospitales catalanes que están financiados casi enteramente por la Generalitat, pero cuya gestión está en manos de Ayuntamientos, fundaciones u otras entidades públicas y privadas. El centro es propiedad de la Fundació Sant Pau i Santa Tecla y su concierto con el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) le aporta el 97% de su actividad al ser el hospital de referencia para unas 100.000 personas de la comarca del Baix Penedès (Tarragona). Como muchos otros hospitales concertados de la red de atención pública —todos los catalanes menos los ocho que gestiona directamente la Generalitat—, el hospital ha visto en la doble puerta pública y privada una fórmula para aumentar sus ingresos ante los recortes.

La pesadilla de Isabel se inició a mediados de 2013, cuando empezó a sentir molestias en la cadera. Tras varias visitas, el diagnóstico fue claro: había que operar. La mujer fue incluida en la lista de espera el 11 de julio, confirmó ayer la dirección del hospital. Pero los días pasaban, la operación no llegaba y las molestias empezaban a ser insoportables. “No podía más, había momentos en los que no era capaz de moverme de la cama, y yo siempre había sido muy activa. Me gusta caminar, ir en bicicleta…”, cuenta Navarro.

“Primero nos dijeron que la lista de espera era de un año; después, de 14 meses... Cada vez la fecha de operación se alargaba más”, relata su hija, Virginia Moreno. Fue ella la que acudió al hospital para preguntar si, como le habían dicho, podían saltarse la espera pagando en el mismo centro. “Nos dieron un presupuesto, reunimos los ahorros de todos los hermanos y de mi madre y en menos de un mes la operaron”.

Navarro fue intervenida el 9 de diciembre por la tarde. La familia pagó 9.335 euros: 2.142 euros por una semana de hospitalización; 1.200 por el módulo en el que fue intervenida; 3.000 euros de honorarios para los facultativos y 2.800 por la prótesis, según consta en la factura.

El Departamento de Salud ha dicho este jueves a EL PAÍS que estudiará si el hospital ha podido incurrir en “irregularidades” si la paciente presenta una reclamación. Según Salud, no es irregular que un hospital financiado con fondos públicos realice actividad privada, pero sí lo es que un paciente que entra por la vía pública acabe siendo operado en el mismo centro por lo privado.

“A mi madre la operó el mismo médico, la atendieron las mismas enfermeras y la operaron en los quirófanos del mismo hospital donde se atiende por la sanidad pública”, denuncia Moreno. La dirección del centro asegura que la intervención se hizo en un “circuito diferente” y que no se retrasó ninguna intervención pública para operar a Navarro. La dirección del centro desmintió el relato de la familia al declarar que el tiempo medio de espera en el hospital para implantar una prótesis de cadera fue en 2013 de 7,3 meses.

Aunque no hay datos oficiales, muchos hospitales públicos concertados se han lanzado a ofrecer servicios privados. “Los médicos que atienden en la pública pueden incurrir en un conflicto de interés si también cobran en la privada”, afirma Carme Borrell, doctora en Salud Pública y miembro del Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública. “Las instalaciones públicas no deberían hacer atención privada”, concluye. “Las listas de espera son un instrumento para empujar a los pacientes a ir a la privada”, critica Àngels Castells, de la plataforma en defensa de la sanidad pública Dempeus.

Navarro, que ya vuelve a caminar sin muletas, critica que existan estos salvoconductos en el sistema. “Toda la vida pagando la Seguridad Social y cuando tengo un problema no pueden atenderme bien. Yo he sido una afortunada, pero pienso en todas las personas que no pueden costearlo y están sufriendo”, concluye. La plataforma SICOM ha convocado este jueves una rueda de prensa en Barcelona para denunciar el caso.