EL PAÍS: La reforma sanitaria se vendió a la ciudadanía más que como una necesidad; casi como una imposición. De no tomar medidas “urgentes”, el sistema público no iba a aguantar la creciente presión presupuestaria. La sanidad estaba en grave riesgo: era “insostenible”. El Gobierno de Mariano Rajoy presentó el real decreto 16/2012 como la fórmula magistral que iba a salvar el sistema del colapso. Dos años después, lo que ha conseguido la reforma es alterar de raíz su esencia: el ciudadano ha pasado de beneficiario de un derecho a asegurado en un servicio. Por el camino también se ha perdido la vocación de universalidad que había guiado las últimas normativas sanitarias, que intentaron ir reduciendo los colectivos excluidos del sistema. Desde que se aprobó la reforma Mato, el 20 de abril de 2012, los inmigrantes en situación irregular han perdido su derecho a ser tratados en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos. Adiós a la universalidad; hola a la desigualdad.

La exclusión de la asistencia, en forma de pérdida de la tarjeta sanitaria, no solo afecta a los extranjeros sin papeles. Las sucesivas modificaciones de la norma han provocado que también se quede fuera otro colectivo, el de los familiares de inmigrantes que pidieron la residencia por reagrupación familiar y la obtuvieron después de la aprobación del decretazo. Son sobre todo personas mayores, los padres de trabajadores que emigraron a España para trabajar, regularizaron su situación y después trajeron a sus familias. También los ciudadanos españoles pueden quedarse sin derecho a la atención sanitaria desde el 1 de enero de 2013: los parados de larga duración que hayan agotado la prestación o el subsidio por desempleo y residan fuera de España más de 90 días en un año pierden la tarjeta. También está el caso de los rentistas: personas que nunca han cotizado y tienen ingresos superiores a los 100.000 euros. Pese a que con sus impuestos sufragan la sanidad pública, tampoco ellos tienen tarjeta.

Pese a todas estas excepciones, y a que las organizaciones y los servicios sociales de las autonomías han informado de centenares de casos de desatención, Mato sigue empeñada en asegurar que la sanidad pública española nunca había sido tan universal como ahora.

Lo que sí hizo el rescate “urgente” de la maltrecha sanidad pública española fue derribar otro tabú, el del copago farmacéutico. La reforma del sistema del pago de medicinas tenía reservada una sorpresa para los pensionistas, que jamás habían puesto un euro de su bolsillo —sí de sus impuestos— al recoger la medicación en la botica. Los trabajadores en activo ya copagaban, pero por primera vez los jubilados empezaron —en julio de 2012— a desembolsar el 10% del precio de sus medicamentos (con topes de 8, 18 o 60 euros mensuales en función de la renta). Para el resto de ciudadanos, el porcentaje de pago por los fármacos se estableció por los ingresos: el 40% para quienes ganan hasta 18.000 euros al año, el 50% los que tienen unos ingresos entre 18.000 y 100.000, y el 60% quienes ganen más de esa cifra.

Un escalón amplísimo que el Ministerio anunció hace meses que modularía. Aún no lo ha hecho. “La idea es establecer algún tramo más para que la aportación sea más equitativa, estamos a la espera de que las comunidades autónomas, a las que hemos preguntado, nos envíen sus propuestas sobre qué patrón establecer”, dice Agustín Rivero, director general de Cartera Básica de Servicios del Ministerio de Sanidad. “Ellos están más cerca de la población y ven los problemas que pueden surgir, pero aún no nos han dado información suficiente”, añade.

La desigualdad entre comunidades que ha generado la reforma es una de las cosas que más preocupa a José Martínez Olmos, portavoz del PSOE. Cada una ha respondido a su manera a los retos normativos que han planteado los cambios que se dictaban en Madrid. Unas atienden a los inmigrantes irregulares; otras, no. Unas devuelven al momento lo cobrado de más a los pensionistas; otras obligan a esperar meses. Y lo peor, señala, “es que desde el punto de vista de la economía, la reforma no ha servido para hacer más sostenible el sistema”.

Rivero, sin embargo, asegura que el balance es “positivo”. Explica que hace unos días acudió a Bruselas a dar cuenta del resultado de las medidas y que la respuesta fue satisfactoria. “Lo primero era sostener el sistema, considerado como un buen sistema, luego garantizar que sea universal, público y gratuito para los que residan en España; y luego mantener la calidad, la eficiencia y la accesibilidad de los grupos más vulnerables”, dice. “Hemos logrado un ahorro importante. Sobre todo en el área farmacéutica, donde se ha reducido unos 3.000 millones de euros”, dice. Y recuerda que gracias a los cambios ahora hay un millón de personas, sobre todo parados sin prestación, que ya no pagan por sus fármacos.

Los efectos del decreto aún no se han desplegado del todo. Queda por determinar lo que se conoce como cartera básica y suplementaria, es decir, las prestaciones comunes y gratuitas y las que en el futuro puedan considerarse extra, al arbitrio de cada región. Gaspar Llamazares, portavoz de IU, llama al decretazo “bomba de fragmentación”. Dice que ha tenido efectos a corto plazo, pero que los de largo aún están por ver. Si el Gobierno ha aflojado ahora es por las elecciones europeas, señala. Por el camino, algunos copagos previstos se han abandonado, teóricamente porque el ahorro esperado —aunque no han dado cifras— ya se ha logrado. Otros, como el de la farmacia hospitalaria, cuentan con la activa oposición de gobiernos autonómicos del PP. El Constitucional deberá decidir sobre los recursos de Andalucía o Asturias. Al decretazo aún le queda mucho camino por recorrer.