PÚBLICO: Artículo de opinión de Fernando Lamata (Exconsejero de Sanidad de Castilla La Mancha): El domingo 16 de diciembre la cuarta Marea Blanca llegaba hasta Sol, mientras todavía subían desde Cibeles los sanitarios que venían desde el sur. En ese momento se escuchó un instante de silencio y de repente el aire de la calle Alcalá se fue llenando con la ola hecha grito de miles de gargantas: ¡sí-se-puede!

El año que termina ha supuesto para la sanidad un antes y un después. Con la coartada de la crisis se ha lanzado una verdadera contrarreforma sanitaria. Cuando el banquero Shylock prestó dinero a Antonio le puso como condición que si no se lo devolvía a tiempo le debería pagar con una libra de su propia carne. El Gobierno del Sr Rajoy, en el contexto de una crisis creada por especuladores financieros y defraudadores, planteó a la sociedad que tenía que recortar la sanidad. Y eligió "la libra de carne más cercana al corazón" del Sistema Nacional de Salud: el derecho a la atención sanitaria.

El Real Decreto 16/2012 daba marcha atrás a un proceso que se inició en 1986 con la aprobación de la Ley General de Sanidad. Aquella Ley suponía el reconocimiento del derecho de todas las personas a la atención sanitaria pública en condiciones de igualdad: la universalización. Entonces se sustituyeron la cartilla de beneficencia y la cartilla de la seguridad social por la tarjeta sanitaria individual. Progresivamente se reconoció este derecho a cerca de ocho millones de personas que antes recibían la beneficencia. Ahora el Gobierno del Partido Popular ha empezado a desandar el camino recorrido; se retira la cobertura a las personas que no tengan en regla su documentación de residencia, aunque vivan en España y puedan necesitar atención; se retira también la cobertura a los mayores de 26 años que no estén trabajando. Esta es la libra de carne que exigen los nuevos Shylock, la más cercana al corazón del sistema. Porque la universalización de la sanidad pública se fundamenta en el principio de que todos los seres humanos debemos ser iguales ante la enfermedad y tener derecho a la atención sanitaria en función de nuestra necesidad, y no de la capacidad de pago. En cambio los mercaderes piensan que la atención sanitaria es un asunto privado, un problema que cada uno tiene que atender, según sus medios. Es una mercancía. Y quien no pueda pagarla, que no reciba atención, o acuda a la beneficencia.

Además del tajo al corazón del sistema, se están dando otros tajos importantes, que empezaron ya en varias CCAA hace más de un año, y están haciendo sangrar a la sanidad, debilitándola: el tajo a la solidaridad, ampliando copagos (repagos) a los pensionistas y a los enfermos (de momento por medicamentos, prótesis, transporte sanitario); el tajo a la calidad y la equidad recortando los presupuestos a los centros sanitarios públicos y reduciendo profesionales (10.000 médicos menos, 14.000 enfermeros menos, etc.); cerrando centros de salud; cerrando camas de hospital. Y como consecuencia el tiempo de espera para el diagnóstico y el tratamiento se ha duplicado en el último año. Muchas personas que tienen recursos van a operarse la catarata al privado, o van a hacerse la ecografía, o el TAC. El que no puede pagar, espera, con la inquietud de no saber si es grave, o con la discapacidad de no poder ver, o caminar.

Pero estas libras de carne no eran suficientes para los mercaderes. Querían la gestión de la propia sanidad pública, las concesiones, para obtener nuevos beneficios. En la misma época en que comenzaba la aplicación de la Ley General de Sanidad en España, Margaret Thatcher presidía las reuniones que condujeron a la aprobación del Libro Blanco (enero de 1989) que introduciría la privatización de la gestión hospitalaria, los "mercados internos", y los incentivos fiscales para los seguros médicos.

El National Health Service había sido un referente para nosotros. Desde aquellas reformas el NHS perdió calidad y eficiencia, y ha ido acumulando enormes problemas con la llamada "colaboración público-privada". El Gasto Sanitario Público, que era similar a España en relación con el PIB ha aumentado hasta 8,1% del PIB, un punto más que en España (datos OCDE 2012). Sin embargo, los resultados en salud son mejores en nuestro país (en RU la Esperanza de Vida al Nacer es 80,6 años; en España 82,2. En RU la mortalidad infantil es 4,2/1000 nacidos vivos; en España 3,2. En RU los Años Potenciales de Vida Perdidos en mujeres/100.000 son 2.534; en España 1.787). Es decir, el NHS después de la privatización es menos eficiente que el SNS.

Se ataca a la inteligencia cuando, como única razón para privatizar la gestión, se insiste en que es más eficiente, y se copia el modelo del RU. Las evidencias muestran lo contrario. En España el SNS tiene un gasto de administración y gestión del 2,34%. Los seguros privados en España tienen un gasto de administración y gestión del 28,29% (datos MSSSI). Es de sentido común que las empresas privadas quieran ganar dinero. Necesitan un margen de beneficio, que obtienen reduciendo costes (menos personal, menos salarios, menos calidad), o reduciendo complejidad (pacientes jóvenes de procesos de corta duración).

¿A quién beneficia la contrarreforma sanitaria? A las personas de rentas altas, que no tengan una enfermedad grave. A las grandes empresas y grandes fortunas, que no pagan los impuestos en la proporción de los trabajadores (que es el dinero que falta para que los ingresos públicos en España sean equivalentes a los de la media de la UE). A las empresas proveedoras de seguros sanitarios y las cadenas de hospitales privados, y a los fondos de inversión propietarios de las mismas.

¿A quién perjudica la contrarreforma sanitaria? A las personas enfermas, con procesos graves y crónicos. A las personas mayores, que son las que tienen más problemas de salud. A las personas con rentas medias y bajas, que pagan doblemente con sus impuestos y los repagos, y verán dificultado el acceso a la atención necesaria. A todos los españoles, que veremos debilitarse el sistema público, con menos presupuesto, menos recursos, menos profesionales, peor pagados y con menos medios. Solo en 2012 se han recortado 5.000 millones de euros a la sanidad pública. Muchas libras de carne. Pero sobretodo, se ha cambiado el concepto del sistema, se ha cortado la libra cercana al corazón al cuestionar el derecho a la atención sanitaria de cualquier ser humano en condiciones de igualdad.

Esto ha ocurrido este año. Pero también ha ocurrido la Marea Blanca. Una conciencia unánime de miles de profesionales sanitarios, y millones de ciudadanos; la certeza de que la sanidad pública no se debe vender, se debe defender; que es un valor para todos; que sí se puede mejorar su eficiencia y su calidad, pero que no se debe poner en riesgo uno de los Sistemas Sanitarios públicos de mayor calidad y más alta eficiencia de los países desarrollados, con experimentos que ya han fracasado, y con la única perspectiva del beneficio económico para unos pocos. En el balance de 2012 quedarán, imborrables, el rostro, la voz, el compromiso de miles de médicos, residentes, jefes de servicio, enfermeras, auxiliares de enfermería, técnicos, administrativos, pinches, celadores, y de miles de ciudadanos, que defienden una buena sanidad de todos y para todos. Sí se puede.

*Fernando Lamata es psiquiatra y ex secretario general del Ministerio de Sanidad