EL PAÍS: Los tratamientos oncológicos son uno de los grupos de medicamentos más caros de los que se dispensan en hospitales, según el jefe de Oncología del Clínico, Eduardo Díaz-Rubio. Y, por eso mismo, los administradores y las autoridades los tienen el punto de mira a la hora de ahorrar. Una encuesta realizada por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) a la que han contestado 80 jefes de servicio de otros tantos hospitales (en España hay 600 centros de agudos, según el Ministerio de Sanidad), confirma los temores que los especialistas llevan meses denunciando. El trabajo ha detectado que en la mitad de ellos se ponen pegas (exige informes complementarios, por ejemplo) para usar alguno de los tratamientos de última generación en alguna de sus indicaciones (a veces un medicamento sirve para varios tumores). En 22 (la cuarta parte) directamente no se permite alguno de estos usos.

La encuesta da respuesta a los temores de los oncólogos de que los recortes en sanidad repercutan en la salud de los pacientes, ya que impide que se beneficien de las últimas novedades. Y ello a pesar de que se trata de productos aprobados para su uso en toda España por el Ministerio de Sanidad.

Por comunidades autónomas, son Cataluña y Andalucía las que, porcentualmente, ponen más pegas, informa la SEOM.

“El oncólogo debe ofrecer a los pacientes aquellos tratamientos que hayan demostrado ser eficaces, seguros y se encuentren avalados por las agencias reguladoras”, ha dicho Juan Jesús Cruz, presidente de la SEOM. “El uso de los mejores tratamientos oncológicos es un derecho irrenunciable que no tiene por qué estar reñido con un empleo racional de los recursos y un mayor celo en la contención del gasto”.

Los problemas de acceso han sido puestos de manifiesto esta semana en dos encuentros celebrados en Madrid. El martes 8, en una reunión sobre cáncer de mama organizada en la fundación Mutua Madrileña, Eva Ciruelos, oncóloga del hospital 12 de Octubre, alegó que ante la dificultad “siempre” se las apañaban, y apuntó a que participar en ensayos clínicos era una manera de conseguir acceder a las últimas novedades antes incluso de que fueran aprobados, con la ventaja para el sistema, indicó su jefe, Hernán Cortés Funes, de que durante las pruebas el medicamento lo paga el laboratorio.

El miércoles 9 fue un encuentro sobre cáncer colorrectal organizado por el laboratorio Amgen y la Asociación Nacional de Informadores Sanitarios (ANIS) en el que se comentó que para hacer las pruebas genéticas previas (pues, si no, se corría el riesgo de usar un medicamento en pacientes que no lo iban a aprovechar) se había contado con la ayuda del laboratorio, que facilitaba los equipos. Con ello, por ejemplo, se reduce el número de personas candidatas a ser tratadas con panitumumab a un tercio (de unos 22.000 diagnósticos de cáncer de colon a 7.000 sin las mutaciones que lo harían inútil), pero, a cambio, se usa en personas que lo van a aprovechar y se evitan los efectos secundarios en los demás.

En ambos casos se planteó que había un riesgo de inequidad, ya que no todos los hospitales realizan ensayos ni las pruebas genéticas. Un factor que se añade al de las trabas administrativas por su coste, pese a que, como dijo Fernando Rivera, del Hospital Valdecilla de Santander, las pruebas para saber si se es candidato a recibir el fármaco cuestan 200 euros, y el tratamiento supone un gasto de 20.000, así que si se descartan a dos de cada tres pacientes el ahorro es considerable.