Acta Sanitaria: Las sociedades españolas de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas), de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (Sempsph) y de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc) han emitido un comunicado en el que denuncian la externalización de la vacunación contra la Covid-19 en la Comunidad de Madrid “al tiempo que se cierran centros de salud” en la región.
“Traspasar la gestión de la vacunación contra el SARS-CoV-2 a empresas privadas para que presten servicios que son propios del Sistema Nacional de Salud (SNS) y, en concreto, del primer nivel asistencial, Atención Primaria” supone, según las organizaciones, “riesgos para los ciudadanos”.
“No es de extrañar que se perciba como algo insólito trasladar un servicio esencial y básico de la esfera pública a la privada, sin que además se hayan justificado la pertinencia y adecuación de dicha medida”, plantean las sociedades, que consideran que esta decisión implica “un primer paso en la derivación hacia sistemas asistenciales duplicados que no implican mejoras en la gestión de los pacientes, sino que apuestan por un modelo de atención sanitaria fragmentado”.
Además, una “anulación de la continuidad de atención” que “perjudica la calidad de los registros y, por lo tanto, atenta contra la seguridad de las personas”, y un “paso más hacia la visión mercantilista de la salud”. También señalan que conlleva una “minusvaloración de nuestros profesionales, formados, capacitados y reconocidos en todo el mundo, así como de espacios de atención estables, seguros, dotados de recursos públicos ya existentes: los centros de salud de Atención Primaria”.
“Externalizar servicios sanitarios y trasladar la inversión a entidades privadas por designación, en detrimento, en este caso, de una Atención Primaria, crónicamente subfinanciada, constituye un hecho falto de transparencia”, recoge el comunicado, que apunta que esto fomenta el “desmantelamiento de la Atención Primaria”, ya que en la Comunidad de Madrid “se están cerrando centros de salud, se están reduciendo sus horas de atención y solo algunos de ellos participan de la campaña vacunal”.
Las tres organizaciones alertan de que la decisión del Gobierno madrileño “va en contra del Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria aprobado en Consejo Interterritorial en 2019”. Por ello, solicitan que el próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) aborde un paquete de “protección de la calidad asistencial a la población”, que consiste en varias medidas.
En primer lugar, “que se determinen los estándares de calidad de la campaña de vacunación”; además, “el refuerzo, particularmente en la Comunidad de Madrid, de personal y recursos para poder responder a las necesidades de salud de la población asignada a cada uno de los equipos de Atención Primaria”; y, por último, “el consenso de medidas de base que impidan el cierre de centros de salud para derivar su servicio hacia empresas privadas”.