PÚBLICO: A los casos de corrupción que rodean a la exalcaldesa madrileña del PP, Esperanza Aguirre, se suma una denuncia por la gestión de hasta siete hospitales públicos: contratos desleales, cálculos opacos para pagar a las concesionarias, sobrecostes de más de 3.000 mil millones e indicios de delitos de fraude, malversación y prevaricación.

El Hospital Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, Hospital del Tajo, Hospital del Sureste, Hospital del Henares y Hospital de Hierro, dependientes de la Comunidad en Madrid, tienen en común estas irregularidades detectadas en su gestión. Así lo han denunciado este martes ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de Madrid la presidenta del Grupo Parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid, Mónica García, y los diputados autonómicos José Manuel López, Clara Serra y Eduardo Gutiérrez.

En el Informe del Grupo Parlamentario, al que ha tenido acceso Público, se hacen unos cálculos sobre los contratos firmados por el pago por la financiación y construcción de los hospitales, el pago por los servicios no sanitarios y la explotación de los locales comerciales (cafeterías, tiendas, televisiones y parkings). En estos pagos, el partido ha calculado que hay unos sobrecostes, que se tendrán que pagar hasta 2035, y que podrían llegar hasta los 3.483 millones en el total. En concreto, irían entre 1.200 y 1.600 millones de euros sólo por el concepto de la construcción y entre 1.975 y 3.483 millones por el contrato total.

Esto se produce porque las Sociedades Concesionarias, según el modelo desarrollado, perciben una retribución abonada por la Administración a través del CANON o Cantidad Máxima Anual (CMA), que se calcula a través de una fórmula que sólo contempla el pago de los servicios no sanitarios. Así, se pagan a través de los servicios no sanitarios también el pago oculto de la amortización de la construcción, lo que aseguran que produce los "sobrecostes" y que "hace imposible diferenciar el precio de conceptos por los que se paga a la sociedad concesionaria".

La opacidad de este modelo, denuncian que no se produciría con otro modelo de gestión, que de esta forma los hospitales estarían a punto de amortizarse, mientras que ahora todavía quedan dos tercios del contrato, hasta 2035, para llegar a cumplirlo.  Además, denuncian que a través de "cláusulas abusivas" que se han ido incluyendo, el CANON ha ido incrementando con el paso de los años de forma que ahora se llega a pagar hasta un 47% más de lo que se pagaba al principio.

Con la denuncia, piden que se revisen y anulen las cláusulas más abusivas para evitar pagar los sobrecostes hasta 2035

Con la denuncia, como ha explicado Mónica García "piden que se revisen y anulen las cláusulas más abusivas de los contratos para que los madrileños no paguen el doble de lo que se debería pagar". Con ello, podría disminuir el gasto público destinado a terminar de financiar la construcción y gestión de los hospitales. 

García también señala que otros de los puntos que denuncian es el incumplimiento energético, una de las cláusulas abusivas que explica que establece que "cuanto más despilfarran energía, más le dan a las concesionarias". Señalan que se pone una referencia de los dos primeros años de gasto energético y a partir de ese año todo lo que se ahorra se retribuye a las concesionarias: "Haciendo una comparación de estos años, de estos hospitales que eran nuevos y de los antiguos, nos hemos dado cuenta que gastaban el doble porque sabían que con esa cláusula obtenían beneficios que en algunos hospitales ha llegado hasta los quinientos mil euros. En algunos informes, estos ahorros han sido apagar las luces, cambiar las bombillas o bajar la calefacción, saltándose su propia cláusula por la que tendrían que tener un gasto eficiente". 

El informe también explica que en el año 2003 el gobierno del Partido Popular "dio un vuelco a la gestión de la sanidad madrileña y desarrolló el Plan de Infraestructuras 2004-2007, por el que se construyeron los 7 Hospitales Modelos Hipoteca", que son los hospitales a los que afectan la gestión denunciada hoy ante Fiscalía. Este plan de infraestructuras a día de hoy se encuentra investigado por la UCO a cuenta de la partida destinada a publicidad de estos hospitales y sus responsables fueron la que era entonces Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, el exconsejero de Sanidad, Manuel Lamela, el exviceconsejero de sanidad, Arturo Canalda, imputado en el caso Lezo, y la Directora General de la Red única de salud pública, Elena de Mingo.