En este tiempo, se han confirmado como la piedra más importante en el zapato del Gobierno andaluz, al que este sábado se le reprochaba la “destrucción programada” de la sanidad pública, lo que se traduce en que este año Andalucía es por primera vez la comunidad autónoma que presenta peores indicadores sanitarios según el informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Todo ello, fruto de que el Ejecutivo de Moreno “está obsesionado con favorecer el trasvase del dinero de la sanidad pública a manos privadas”, un movimiento “indisimulado” que no se preocupa ni por esconder que hay una “decisión ideológica de fondo”.     

Sevilla, precisamente, acogía la protesta más numerosa con unas 6.000 personas según la Delegación del Gobierno, una cifra que la organización elevaba hasta 30.000. Según estas mismas fuentes oficiales, habrían sido 3.500 manifestantes en Granada (y 500 más en Motril), 1.100 en Cádiz (4.000 según la Marea Blanca gaditana), un millar en Córdoba, 900 en Almería, unos 800 en Jaén, 500 en Huelva y 1.500 en Málaga. La protesta malagueña, por cierto, tenía lugar horas antes de que Moreno acompañe en este mismo escenario al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el acto convocado contra la amnistía en Cataluña.

En un ambiente festivo pero con mucha carga reivindicativa se han lanzado reproches a la gestión sanitaria del Gobierno andaluz por cuestiones como una demora media en atención primaria que supera la semana, la desatención por falta de profesionales, el “desmantelamiento” del sistema en las zonas rurales o unas listas de espera que no dejan de crecer y de las que oficialmente no se dan cifras desde hace un año, alimentando un malestar creciente tanto en ciudadanos como en el personal sanitario. Unos profesionales, por cierto, que denuncian el incumplimiento de los acuerdos suscritos para frenar las últimas huelgas convocadas y que ya consideran hasta insuficiente la convocatoria de empleo presentada en los últimos dias:

 “Primero se deteriora el sistema público, y cuando conscientemente se ha provocado el malestar, se propicia que, el que pueda, adquiera un seguro privado”, critican las Mareas Blancas, para las que este “deterioro intencionado a cara descubierta” está provocando una grave situación que “va a ser pronto constatable”. Esto se va a traducir, han asegurado, en una disminución de la esperanza de vida libre de discapacidad y de la mortalidad evitable en Andalucía. “Estamos hablando de calidad de vida y de la duración de vidas humanas”, han subrayado.

Conciertos con el sector privado

Esta “descapitalización” del sistema público que sufren la atención primaria, los hospitales y la medicina rural se ha visto agravada, según los convocantes, por las últimas decisiones del Gobierno de Juan Manuel Moreno: destinar 734 millones para derivar pacientes a clínicas privadas dentro y fuera de Andalucía y otros 30 millones para que pacientes de salud mental sean atendidos fuera del circuito público. Y a todo esto, después de que a última hora se paralizase la orden que le iba a abrir la puerta de la atención primaria a los médicos del sector privado.     

En Sevilla, la concentración más multitudinaria, se han podido ver pancartas de colectivos y plataformas llegados de municipios repartidos por todas las comarcas de la provincia, como Alcalá de Guadaíra, Sanlúcar la Mayor, Cazalla de la Sierra, Pilas, Écija o Lebrija, pero sobre todo ha sido patente la presencia de la Sierra Sur, que mantiene una movilización constante por el deterioro de la sanidad pública: Osuna, Estepa, La Roda de Andalucía, Los Corrales, Gilena, Aguadulce o Lora de Estepa se han hecho notar.

Por su parte, desde el Servicio Andaluz de Salud (SAS) se aprovechaba este sábado para enviar un balance de actividad, según el cual en los primeros nueve meses del año se han realizado más de 1,8 millones de horas en cirugías y consultas complementarias de tarde, un 40% más que en 2018, lo que ha propiciado un 15% más de indicaciones quirúrgicas, un 17% más de consultas externas y un 2% más de pruebas diagnósticas respecto a hace cinco años. La propia consejera, Catalina García, resumía esta semana que “hay más profesionales que nunca, y con mejores condiciones laborales”, además de una inversión histórica de 14.000 millones de euros.

Cifras que para las Mareas Blancas contrastan con el empobrecimiento de lo público para beneficiar a lo privado. “Estamos hablando de nuestra vida y de la de los nuestros”, han clamado, “no podemos consentir que esto ocurra para que unos pocos ricos se enriquezcan más”. Por eso, han cerrado su manifiesto subrayando que “entre la bolsa y la vida, elegimos la vida”.