infoLibre: "En las primeras semanas de la pandemia, en algunos centros con gran número de residentes contagiados no se consideró adecuado derivarlos a los hospitales, pero tampoco llegó asistencia médica ni de enfermería suficiente, ni medicamentos ni oxígeno, para atender a los residentes para los que no estaba indicada la hospitalización. [...] Los expertos en geriatría y en medicina interna señalan que el traslado al hospital no siempre es lo mejor para pacientes mayores [...] pero para decidir hay que hacer una valoración individual con criterios clínicos, nunca con restricciones genéricas referidas únicamente a una determinada condición como la edad o la discapacidad". Estas demoledoras palabras han sido redactados por el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, en su informe anual del año 2020 publicado este jueves. Llega a ser más duro: "En caso de no indicación médica de hospitalización, tiene que garantizarse que en la residencia el mayor tendrá la atención sanitaria debida. [...] Si los residentes no van al hospital, el hospital tiene que ir a la residencia", critica. Y eso "no ocurrió", o "sucedió tarde", o "de forma insuficiente", denuncia.

La institución, a lo largo de 31 páginas, elabora un relato profundamente crítico con lo ocurrido en las residencias de mayores durante la crisis del covid-19. Pero si en algo hace especial hincapié es en la falta de ética de los protocolos elaborados por algunas comunidades autónomas mediante los cuales se negó la derivación de ancianos contagiados a los hospitales. Pasó por ejemplo en Madrid, tal y como desveló infoLibre, donde el ya por desgracia famoso Protocolo de la vergüenza del Gobierno de la conservadora Isabel Díaz Ayuso fijó "criterios de exclusión" de derivación hospitalaria que impidieron que los ancianos más débiles contagiados fueran atendidos en un hospital. No hubo evaluaciones más concretas. Y eso, según el Defensor, no es "ético". "Lo ético y exigible es singularizar clínicamente las decisiones de esta naturaleza aplicadas a cada paciente", insiste la institución, que insiste en que "una denegación a grupos de personas, por edad o por discapacidad, no es admisible".                   

Pero no fue sólo en Madrid. Según el informe, consultado por infoLibre, algunas comunidades "anunciaron medidas para la medicalización de las residencias, pero dichas medidas no siempre se materializaron con la capacidad y rapidez que hubieran sido necesarias". "Hicieron falta muchas semanas para lograr organizar un apoyo sanitario relevante a las residencias de mayores con personal médico y de enfermería", continúa el Defensor. Hubo otras, en cambio, que actuaron de manera radicalmente opuesta. "Algunas como el Principado de Asturias optaron por la medicalización de varios centros residenciales y la adscripción de personal sanitario por parte del Servicio de Salud para dirigir la asistencia médica de 24 centros de la red pública y privada de personas mayores o con discapacidad", expone. 

El problema, no obstante y según el Defensor, viene del modelo residencial, en el que "la mayor parte" de centros no cuentan con un servicio médico propio las 24 horas del día. "Las normas autonómicas sobre centros de mayores los definen como establecimientos de servicios sociales no sanitarios, de alojamiento, convivencia y atención social, donde la atención sanitaria y farmacológica que se presta al residente es complementaria a la pública que le corresponda", señala el informe.

Las consecuencias fueron nefastas. Como publicó infoLibre, sólo en Madrid, en los veinte días posteriores a la aprobación del Protocolo de la vergüenza, 5.343 mayores murieron en sus residencias sin recibir atención hospitalaria, lo que equivale al 84% de los fallecidos en ese periodo.

"La situación fue similar a una situación de medicina de catástrofe"

Atender a los residentes en sus centros, tal y como estaban dotados, no era posible. El Defensor del Pueblo admite que el personal de las residencias se vio "completamente desbordada en algunos lugares y momentos" en los que "la situación fue similar a una situación de medicina de catástrofe", pero critica que si esto ocurrió fue por ciertas "carencias estructurales" que quedaron al descubierto y sobre las que, precisamente, la institución ya había alertado. Y no hace poco tiempo. En el informe de 2018 el Defensor ya publicó algunas conclusiones sobre la situación de la atención residencial. En 2019 continuó haciéndolo y puso el acento en dos necesidades urgentes: ya entonces había que reforzar los servicios de inspección y aumentar las ratios mínimas de personal de atención directa. Pero no se hizo o, al menos, no de manera adecuada. 

"Estas conclusiones encuentran su razón de ser en la escasez de medios y personal de muchos de los centros residenciales para personas mayores que se repartes por la geografía nacional. Problemas estructurales, frente a los que pretendía alertar el Defensor del Pueblo, que se han dejado ver con toda su crudeza en la actual crisis", lamenta Fernández Marugán en el informe, en el que se critica también que el modelo residencial es "puramente asistencial, con medios muy escasos, que para la atención sanitaria depende del Sistema Nacional de Salud, a través de los servicios autonómicos que se vieron desbordados". "Esta era la situación cuando la enfermedad covid-19 entró a finales de febrero en cientos de residencias de toda España", dice la institución. 

Precisamente por eso, el Defensor del Pueblo aboga por cambiar ese modelo. Así, la institución apuesta por una atención en entornos "más pequeños y domésticos, en los que resulte más fácil primar sobre todo la calidad de vida,el respeto a la autonomía y la dignidad de las personas mayores". "Un entorno pequeño facilitaría, además, el control de situaciones epidémicas o pandémicas", añade. Y critica, además, que la mayoría de residencias esté en manos privadas.

Como detalla el libro ¡Vergüenza! El escándalo de las residencias, en España había, a 30 de septiembre de 2020, 5.178 centros residenciales. De ellos, 1.346 son de titularidad y 3.832 de titularidad privados. En porcentaje, las residencias de titularidad privada suponen el 74%. En cuanto a la gestión, sólo 592 son públicos y 4.586 son privados. El porcentaje, en este caso, aumenta al 88,6%. Si se analiza con el número de plazas, de las 375.947 que hay en España el 73,6% son de titularidad pública y el 86,9% de titularidad privada.

Precisamente este miércoles se conoció que el Gobierno prevé destinar 2.100 millones de euros a la desinstitucionalización de los centros de mayores, no tanto entendida como un "cierre generalizado" de los mismos, sino como un cambio hacia un modelo que priorice la atención en domicilio siempre que sea posible, según se desprende del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, recogido por Europa Press. De acuerdo con el calendario de implantación, de estos 2.100 millones, el Ejecutivo prevé invertir 530,4 millones de euros a lo largo de este año 2021; 741,4 millones en 2022, y 828,2 millones en 2023. En concreto, estos fondos irán destinados a la realización de evaluaciones y análisis; campañas de difusión y sensibilización; construcción y remodelación de centros residenciales y centros de día innovadores; adquisición de su equipamiento e inversión en tecnología para los cuidados de larga duración. También se contempla el desarrollo de una Estrategia Nacional de Desinstitucionalización.

Mayores inspecciones y menos restricciones

No obstante, y hasta que este proceso culmine, el informe del Defensor del Pueblo, conocedor de las cifras que reflejan el poder privado de las residencias, insta a las comunidades a realizar mayores y mejores inspecciones. "En la medida en que las inspecciones externalizan los cuidados de la tercera edad, deben revisar los requerimientos a cumplir para prestar la atención residencial y efectuar un control mucho más estrecho del funcionamiento de estos centros asistenciales", indica. Y para eso, de nuevo, hace falta personal. "Los servicios de inspección deben estar suficientemente dotados y es necesario aprobar planes periódicos de inspección de los centros con indicadores sobre calidad, trato inadecuado y buenas prácticas. Las administraciones deben hacer un esfuerzo mayor en esa dirección", añade Fernández Marugán.

Por otro lado, el informe de la institución también destaca la necesidad de flexibilizar las restricciones de visitas a los residentes y salidas de los mismos, puesto que "la imposición de prohibiciones absolutas supone una afectación intensa de la libertad de movimientos que, en caso de establecerse en cualquier circunstancia y sin posibilidad alguna de modulación, puede resultar desproporcionada". Más que nada porque, recuerda, el aislamiento puede tener "importantes efectos secundarios en los mayores residentes, afectando a veces a su estado de salud físico, psíquico y emocional".