EL PAÍS: Las urgencias nocturnas de Tembleque, en Toledo, Pobo de Dueñas y Budia, en Guadalajara, permanecerán abiertas cautelarmente hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha dicte sentencia ante las denuncias presentadas contra el cierre de los puntos de atención sanitaria continuada en estos municipios. Así lo ha decidido el tribunal. Los otros 18 centros de salud afectados por la decisión del Gobierno regional de eliminar la asistencia médica sanitaria nocturna tampoco cerrarán sus puertas al menos en los próximos días. El gabinete de María Dolores de Cospedal ha decidido, según confirman fuentes de la Consejería de Sanidad, no cerrarlas “en el corto plazo”, aunque la justicia se lo permita, debido a la posibilidad de que futuras denuncias propicien que la justicia vuelva a suspender su cierre.

El tribunal ha admitido parcialmente las alegaciones presentadas por la Junta de comunidades contra la suspensión del cierre en los 21 municipios. Así, el TSJ considera que Tembleque —primer pueblo que recurrió la medida— no está legitimado “para sostener los intereses del resto de municipios”, tal como argumentaba la Junta en su escrito. Los temores que propiciaron la reapertura cautelar de las urgencias se mantienen, según consta en el auto. Por eso, los magistrados han decidido que sigan abiertos durante la noche los centros de salud de los municipios en los que se ha denunciado la decisión del Gobierno regional.

El PSOE regional anunció ayer que todos los pueblos gobernados por el partido recurrirán la medida del Gobierno en lo que resta de semana. También lo harán los concejales socialistas de pueblos afectados por el cierre de las urgencias en municipios donde gobierna el Partido Popular. Es el caso de Píoz, cuyo alcalde recurrirá el cierre nocturno del centro de salud de Chiloeches —al que tendrían que acudir en caso de urgencia médica—, donde el edil del PP no ha manifestado intención de denunciar la medida. Con ello pretenden que la justicia tenga que pronunciarse sobre la legalidad del cierre en todas las poblaciones afectadas. Esas denuncias podrían propiciar que el TSJ suspenda de nuevo el cierre de estas urgencias, de ahí la decisión del Gobierno regional.

La Junta ha expresado su “prudente satisfacción” por la decisión del TSJ al considerar que el auto “muestra que los criterios que se emplean son técnicos y no de otro tipo que pueda ser tildado de arbitrario o de caprichoso”, dijo el consejero de Presidencia, Leandro Esteban. El Gobierno de María Dolores de Cospedal ha anunciado, sin embargo, que recurrirá el auto para que el tribunal permita el cierre de las urgencias en todos los municipios. También ha manifestado una “satisfacción contenida” el alcalde de Tembleque, Jesús Fernández. En una rueda de prensa, Fernández ha anunciado su intención de continuar la vía judicial hasta el final al afirmar que este ha sido solo el primer episodio de “un contencioso que va a ser largo en el tiempo”.

Ante la deriva de los acontecimientos, el Colegio de Médicos de Castilla-La Mancha también planea recurrir la orden de la consejería de Sanidad que modifica los horarios de 21 PAC. Así lo confirmó ayer su presidente, Francisco Parra, a Europa Press. La institución médica prepara un “buen argumentario”.

La Junta calculó que con el cierre de 21 PAC —de los 182 de la comunidad— se ahorraría unos cinco millones de euros. Un coste que consideraba, según consta en las alegaciones que presentó al TSJCLM “cercano al despilfarro”. Su propuesta es reorganizar los recursos móviles como ambulancias y helicópteros medicalizados para sustituir las urgencias nocturnas. Esta opción ha sido rechazada por la comunidad médica: el sindicato de enfermería SATSE, el Colegio de Médicos de Castilla-La Mancha y la sección de sanidad de la Central Sindical Independiente y de Funcionario (CSIF) se han manifestado en contra. La medida afecta a más de 100.000 personas, según calcula la oposición, que tendrían que realizar largos desplazamientos hasta sus nuevos puntos de atención continuada asignados en caso de cerrarse los de los municipios afectados. En algunos casos, esos viajes hasta una consulta médica, superan los 30 minutos, límite máximo que marca la ley.