PÚBLICO: Los datos de las listas de espera en Castilla y León son aún alarmantes. La comunidad tiene, a día de hoy, y según la propia Junta, un total de 42.574 pacientes en demora quirúrgica estructural, mientras la demora media total se sitúa en 139 días. Es más, cuando la prioridad del paciente es de criterio 3 -pacientes cuya patología permite la demora del tratamiento a más de 90 días-, la espera supera ya los 146 días.
Estas cifras son muy parecidas a las producidas en plena pandemia, cuando la espera pasó de 94 días en 2019 a 152 en 2020. El actual Gobierno de PP y Vox no ha dado soluciones válidas aún a este hecho, salvo reconocer que las listas de espera sanitarias son “negativas y preocupantes", como apuntaló el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo.
En 2020, los pacientes con prioridad clínica de criterio 3 debían esperar 161 días, mientras que, en 2021, aguardaban 149 días, con una lista de espera media de 144 días. Cifras muy similares a las de un año después.
Este tipo de pacientes con prioridad clínica 3 esperaban una media de 98 días en 2019; 67 en 2018; 80 en 2017; 111 en 2016 y 84 en 2015 y 2014. Cifras siempre por debajo de las que suma actualmente el Gobierno de Mañueco.
El hecho de no conseguir resultados positivos en una reducción de estas listas se ha visto agravado, además, con el crecimiento de cuatro puestos de la región en materia de privatización sanitaria entre las comunidades autónomas españolas en este 2022 según asegura el VIII Informe de la FADSP (Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública).
De este modo, Carriedo reconocía en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno del día 4 que se debería acudir“con carácter extraordinario”a los conciertos sanitarios:“Es algo que es posible que tengamos que hacer hasta tener unos datos razonables. El dato actual es un dato negativo y muy alejado de lo que nos gustaría tener, apuntó.
Por su parte, Diego Cuesta, responsable de Sanidad en Izquierda Unida, asegura a Público que“las cifras son escandalosas, y eso que están maquilladas. La realidad es que comienzan a contar los días que hay desde la realización de pruebas hasta las intervenciones quirúrgicas, pero hay personas que tardan 15 días en ver a su médico de Atención primaria y ¡un año! para que, una vez derivados, le hagan una resonancia, por ejemplo".
A juicio de Cuesta,“la Junta no ha aprendido nada de la pandemia y se ha permitido el lujo de despedir al personal de refuerzo que se contrató en 2020, mientras las listas de espera de la comunidad siguen sin llegar a tiempos razonables", aseguran desde Izquierda Unida Castilla y León.
Cuesta considera que la generación de este caos sirve“para que aumente irremediablemente la privatización, derivando cada vez más fondos públicos al sector privado, lo que hace que se deteriore la Sanidad Pública”. “O nos concienciamos y la defendemos con uñas y dientes, o esta situación, gracias a los dos socios que tenemos en el Gobierno de Castilla y León, no va a hacer otra cosa que empeorar", asegura.
“La Administración dice que las listas de espera se producen porque faltan médicos. Pero ellos mismos son los que controlan las plazas para cubrir los MIR y las jubilaciones que hay en el sistema. Por tanto, existe una falta absoluta de planificación achacable tan solo a los responsables del sistema" , explica a Público Cuesta.
En Izquierda Unida tienen claro que no hay“ningún plan para sustituir a los profesionales médicos que se jubilan. Y este plan que debería llevarse a cabo entre Sanidad y Educación, junto al Ministerio de Universidades, para garantizar de este modo que en unos años haya personal suficiente" , subrayan.
Desde esta organización Cuesta ha recordado que el Gobierno de la Junta “tiene una responsabilidad con la ciudadanía". A su juicio, "las listas de espera ya aumentaron un 60% durante la pandemia, sin embargo, el nuevo consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez Ramos, lo primero que hizo al hacerse cargo de la Consejería fue reducir personal y servicios.
Vázquez es consejero de Sanidad desde el pasado diciembre de 2021, cuando sustituyó a Verónica Casado después que Mañueco disolviese las Cortes y convocase elecciones anticipadas.