PÚBLICO: Antonio Sitges-Serra, Catedrático de Cirugía por la UAB y jefe de Departamento de Cirugía del Hospital del Mar de Barcelona: Quisiera, ante todo, felicitarla por su nombramiento. Para aquellas personas que, como usted, han optado por la carrera política, llegar a un cargo como el que ostenta ha de ser motivo de satisfacción. Claro está que, a fin de cuentas, la carrera política es poca cosa si el poder permanece ensimismado en lugar de ser creativo. Esta carta es una invitación a la creatividad política en su difícil ministerio. Digo difícil porque, entre otras muchas cosas, gran parte las competencias en ese importante capítulo del estado de bienestar que es la salud se encuentran transferidas a las comunidades autónomas y, por tanto, su capacidad de acción es limitada. Por ese motivo, huiré de sugerirle recetas y acciones concretas y, a cambio, le expondré ciertas reflexiones culturales y ciertos principios generales que deberían reorientar la forma en la que entendemos la medicina asistencial y preventiva y, en consecuencia, las políticas sanitarias.

Permítame que me presente: ejerzo como cirujano general en la sanidad pública catalana desde 1975, no tengo afiliación política (aunque apuesto por un federalismo social) y soy catedrático de Cirugía desde 2005 gracias a una ley, la de habilitaciones, que en mi modesta opinión ha sido la que más justamente ha regulado el acceso a las plazas de profesores funcionarios de universidad, de las muchas que se han sucedido desde aquella funesta ley de idoneidad de mediados de los 80 hasta el vigente café para todos. He compatibilizado mi labor asistencial y académica con la de observador crítico del mundo de la sanidad y su fruto ha sido una discreta pero ingente contribución periodística al debate sobre nuestro modelo sanitario, presente y futuro. Por ello he sido reclamado en esta tribuna y por ello me atrevo a hacerle algunas consideraciones sobre aquellos puntos que a mi juicio merecen más atención por parte del poder político que, a fin de cuentas, es quien gestiona la sanidad pública y quien debe promoverla y protegerla como uno de nuestros más preciados logros.

En primer lugar me parece necesario jerarquizar, dividir y clarificar los cinco niveles de la atención a la salud: 1º) promover estilos de vida saludables y luchar contra los determinantes sociales de enfermedad, 2º) mejorar la educación sanitaria para promocionar la autocuración de procesos simples y empoderar al ciudadano de manera que gane autonomía respecto al sistema sanitario; 3º) poner en valor la atención primaria como pivote central de la medicina asistencial; 4º) reservar la onerosa asistencia especializada para aquellos procesos que así lo requieran; 5º) regionalizar la medicina de alta complejidad reduciendo su peso en el gasto sanitario y dotándola de mayor eficiencia: menos hospitales, tratando mayor volumen de pacientes con más opciones de curarse.

En segundo lugar, quisiera llamarle la atención sobre la baja eficiencia del gasto sanitario. En los últimos veinte años se ha triplicado el gasto sanitario sin que ello haya tenido un impacto de calibre similar sobre los índices de salud y sobre la expectativa de vida, ya de por sí de las mejores del mundo. La curva gasto sanitario versus beneficio clínico hace tiempo que dibuja la asíntota de los rendimientos decrecientes. Es preciso repensar cómo mejorar el rédito del dinero que invertimos en sanidad. Dentro de las grandes bolsas de ineficiencia se sitúan, a modo de ejemplo, la quimioterapia paliativa, las cirugías complejas por cáncer avanzado y los cribajes de cáncer de mama, próstata y colon. Estos últimos deberían desaparecer de la cartera pública de servicios ya que en ningún caso alargan la expectativa de vida y, por el contrario, sobrecargan las exploraciones complementarias e incrementan la cirugía innecesaria y la yatrogenia.

En tercer lugar, piense usted que otros dos factores que tirarán más y más del gasto en salud y amenazan ya su sostenibilidad son la concentración de patologías y minusvalías en las personas de edad y la innovación tecnológica. Para afrontar la primera, es necesario empoderar más al ciudadano, difundir el testamento vital, aprobar una ley de eutanasia y muerte digna, y abordar seriamente la limitación del esfuerzo terapéutico en edades extremas de la vida. Para controlar los abusos de la innovación tecnológica es esencial volver al principio básico del coste/beneficio que ha sido abandonado por la creciente adicción a máquinas y gadgets. La industria ha parasitado los sistemas públicos de salud sobornando de forma directa o indirecta al personal y ha conseguido introducir un ritmo de innovación perpetua que no tiene ninguna base clínica ni científica y que implica continuas curvas de aprendizaje de la que salen perjudicados muchos pacientes. Es imprescindible una ley de transparencia que clarifique y regule las relaciones entre la industria, los profesionales y las sociedades científicas. Potencie usted una comisión nacional de evaluación de la tecnología con carácter ejecutivo, fusionando las cinco o seis que funcionan hoy en nuestro país de forma descoordinada. No se trata de una de centralización arbitraria, se trata de poner un poco más de juicio y de sentido común al derroche tecnológico y de proteger al ciudadano enfermo de algunas aventuras a las que es sometido al recibir fármacos de dudosa eficacia o intervenciones quirúrgicas con aparataje glamuroso y duración injustificable.

En cuarto lugar, dediquen parte del dinero que se habrán ahorrado tanto el Estado como las CCAA siguiendo las orientaciones sugeridas hasta ahora a invertir en medidas que incrementen la irregular calidad de nuestro sistema de salud, su sostenibilidad y el bienestar social. Dé usted apoyo a la formación continuada independiente de los intereses comerciales y basada en las evidencias científicas; no regatee en presupuestos sociales que tanto necesitan miles de españoles con discapacidades y minusvalías; promueva la reacreditación de los profesionales para que estos mantengan los hábitos de estudio que muchos perdieron después de graduarse; exija mayor calidad asistencial porque, al final del día, la medicina con mejor coste/beneficio es la que se ejerce con menos complicaciones y menos efectos secundarios.

Verá usted, señora ministra, este es un apresurado índice de reflexiones escrito con la premura que impone el periodismo pero, así y todo, espero que le sea útil a lo largo de la presente legislatura que se inaugura con la esperanza que muchos tenemos en la recuperación del estado de bienestar, la reducción de las desigualdades, la reforma constitucional y en la modernización de España.