EL PAÍS: La intervención de las empresas en la gestión sanitaria pública ha levantado ampollas por la introducción de la variable de los beneficios privados en la ecuación donde la incógnita es cómo hacer que el sistema sanitario sea económicamente sostenible. Cerca del 20% de la población está cubierta ya por centros sanitarios de gestión público-privada por los que la Administración ha apostado en los últimos años.

Con una natalidad a la baja y un aumento de la esperanza de vida, el sistema sanitario tendrá que resolver el problema de la atención prolongada a los mayores y la gestión económica. El consejero de Sanidad, Manuel Llombart, el consejero de Ribera Salud, Alberto de Rosa y el portavoz de la Asociación Ciudadana para la defensa de la salud plantearon sus posiciones en un encuentro informativo con responsables de la Cadena Ser y EL PAÍS, patrocinado por el Banco Sabadell CAM.

“Necesitamos cambiarlo todo para seguir teniendo lo mismo: una sanidad pública, universal y gratuita”, explicó el consejero de Sanidad, Manuel Llombart, que alabó la calidad del sistema sanitario valenciano. Llombart explicó que los retos de futuro deben centrarse en las entradas al sistema: potenciar la prevención, crear una asistencia primaria más fuerte y unas urgencias de calidad. Además, Llombart aboga por “hacer un uso eficiente la farmacia y una prescripción racional” por parte de unos funcionarios a quienes habrá que “implicar más en la gestión”.

El consejero del grupo Ribera Salud, Alberto de Rosa, fue más directo. “Muchos quieren seguir gestionando la sanidad igual que hace 20 años cuando las condiciones han cambiado ¿De dónde quitamos?”. El empresario dijo que el modelo Alzira, del que el hospital de Ribera Salud es precursor, no es la única opción. “La política de conciertos, ha ayudado mucho al sostenimiento del sistema. El modelo Muface, con el que dos millones de funcionarios pueden elegir si quieren recibir asistencia por la sanidad pública o privada, ha sido respetado por todos los partidos y el 90% elige las compañías de seguros. El último es el modelo Alzira de concesiones administrativas que contribuye al sostenimiento de la sanidad”.

José Cuñat, miembro de la Asociación Ciudadana para la Defensa de la Salud defendió que la sanidad pública y la empresa deberían ser inmiscibles. “No hay ninguna evidencia científica que indique que sean económicamente más rentables y científicamente mejores ni tengan ninguna ventaja sobre el sistema público. Por lo tanto, todo lo que estamos avalando en los últimos años es ideología o intereses económicos”, dijo Cuñat. “Se trata, políticamente hablando, de dar a una empresa privada el monopolio en una comarca sin posibilidad de competir”.

Aunque De Rosa esgrime sus estudios de satisfacción, Cuñat critica que la calidad real y la calidad sentida no son lo mismo. “En algunas comarcas no había ningún hospital y la gente lo que quiere es que le atiendan. La calidad de la asistencia puede ser similar pero no es es más barata”. Cuñat resaltó que “el sistema funciona mediante contratos con los que se paga una cápita anual por ciudadano y existe el peligro de que, teniendo eso fijo, cuanto menos haga mejor”. El médico criticó que las concesiones sean tan largas porque “si cambian las necesidades de la población si no está en el contrato las empresas no tienen por qué modificarlo sin un plus de por medio”. Cuñat aludió al tema de las puertas giratorias. “Hay claros casos de auditores que estaban controlando el modelo y después piden la excedencia y pasan a ser directivos de las empresas concesionarias”.

La crisis ha hecho que muchas personas salgan del sistema sanitario por no contribuir. En 2013, la Generalitat impulsó el Programa Valenciano de Atención a la Salud para atender a inmigrantes sin recursos excluidos del sistema. Pero en la práctica no funciona. La comunidad rumana es una de las que más problemas tiene para ser atendida por trabas administrativas para obtener el certificado de exportación del derecho a la asistencia. “No creo que haya nadie que por su negligencia personal no sea capaz de acreditar que tiene derecho a la asistencia”, sentenció Llombart. “En un momento tan complicado como el que tenemos hay que pensar en las personas irregulares que tienen una situación difícil pero también hay que pensar en las otras”.

Somos eficientes pero hay que serlo más

El consejero de Sanidad, Manuel Llombart, defiende que sea “pública, universal y gratuita” pero para tenerla, “lo sustancial es la sostenibilidad”. “Hemos conseguido ser muy eficientes. Dando la misma prestación que otras comunidades, hemos ahorrado 1.500 millones de euros de 2010 a 2013”, dijo. “Pero en determinadas parcelas de la sanidad tenemos que adaptarnos a los tiempos y ser dinámicos en lo que se pueda ser más eficiente”.

Sanidad 100% pública

El representante de la Asociación Ciudadana para la Defensa de la Salud, José Cuñat, defiende con vehemencia un modelo sanitario 100% público tanto en la gestión como en la atención sanitaria. “Somos eficientes porque pagamos poco y mal a los profesionales sanitarios”. Cuñat explica que, como las empresas buscan beneficio éconómico, en el caso de la sanidad, buscan fórmulas que van en detrimento de la asistencia.

Importa cómo se gestione y no quién lo haga

El consejero del grupo Ribera Salud, Alberto de Rosa, defendió la calidad de la sanidad que ofrece su grupo empresarial porque según sus propios estudios “el 91% está satisfecho y el 94% de ciudadanos no saben a qué modelo de gestión están acudiendo lo que indica que a la gente no le importa quien gestione sino cómo lo gestione”. “No podemos cerrar los ojos a la evidencia de que hay que buscar soluciones”, concluyó.