EL PAÍS: “Descartamos dar la tarjeta sanitaria [a los inmigrantes en situación irregular]”. Así zanjó ayer Alfonso Alonso, ministro de Sanidad, la discusión sobre la vuelta a la sanidad universal, algo que le exige tanto la oposición como organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes y sociedades médicas, que ayer se manifestaron frente al ministerio mientras dentro se celebraba la reunión con los responsables autonómicos de Sanidad. El frente común que hicieron los consejeros socialistas, en mayoría tras las últimas elecciones, obligó a Alonso a tratar el tema de la exclusión sanitaria de los inmigrantes —que no quiso incluir en el orden del día—, pero se mostró firme: no derogará el polémico real decreto 16/2012 de su predecesora, Ana Mato.

La ofensiva socialista sirvió al menos para que el ministro explique qué planes tiene para dar cumplimiento a lo que anunció en marzo pasado: dar atención sanitaria primaria a los inmigrantes. Su propuesta consiste en entregarles un documento (no una tarjeta) para el médico de familia, pero para ello deben llevar más de un año empadronados. Solo tendrían derecho a asistencia en esa comunidad autónoma y el médico decidiría si es necesario derivar a atención especializada, es decir, al hospital. Pagarían un 40% de los medicamentos.

Alonso explicó que acordó estas condiciones con las autonomías el 14 de julio, pero que la llegada de los nuevos consejeros no ha permitido cerrar el pacto. Es decir, no hay fecha para que los extranjeros sin residencia legal en España recuperen la atención sanitaria. Mientras tanto, algunas comunidades siguen esquivando la aplicación del real decreto —algunas del PP, como Galicia— y otras, que acaban de cambiar de color político (Valencia, Baleares), están empezando a dar asistencia a su manera a su población extranjera. Precisamente lo contrario de lo que quiere el ministerio, que con su propuesta pretende homogeneizar la atención sanitaria en España.

En rueda de prensa tras un consejo interterritorial de ocho horas, Alonso explicó ayer que no quiere dar tarjeta sanitaria a los extranjeros en situación irregular para que no generen derechos si salen de España a otros países europeos, pero subrayó que sí quiere darles asistencia. "Hemos de defender las bondades del real decreto 16/2012", aseguró el ministro: "Se consiguieron dos cosas importantes: se garantizó la cobertura sanitaria a ciudadanos españoles que antes no la tenían, como los profesionales liberales y los parados de larga duración, y se cerró la puerta al turismo sanitario, que le costaba a España 1.000 millones de euros al año". 

"Nadie quiere volver atrás, a una situación de descontrol", dijo Alonso. El único "problema" de esa norma --así lo denominó-- es que al tratar de impedir el turismo sanitario, residentes en España de forma irregular se quedaron sin asistencia sanitaria normalizada. "La nueva regulación no puede abrir otra vez la puerta al turismo sanitario por el que se desangraba el sistema", añadió.

El interterritorial acordó también ayer adelantar la vacuna de la varicela. A partir de 2016, se pondrá gratuitamente a todos los niños de 12-15 meses. Las comunidades financiarán los 6,5 millones que costará el primer año.