Redacción Médica: El Ministerio de Sanidad se marca noviembre como fecha objetivo para que el Consejo de Ministros apruebe en primera vuelta el borrador de la reforma de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Lo ha anunciado el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados este lunes, la primera del número dos de Mónica García desde que comenzó la legislatura. Padilla ha recordado que esta es la reforma normativa de mayor calado en la estrategia ministerial de política farmacéutica, que traerá consigo varias novedades ya avanzadas con anterioridad: un cambio en el sistema de precios de referencia para aumentar la competitividad de los fármacos genéricos y la regulación de la prescripción enfermera.
El alto cargo de Sanidad ha enumerado tres ejes para justificar la hoja de ruta en materia farmacéutica de Sanidad: I+D, una política industrial basada en un cambio del modelo productivo en "un contexto europeo de autonomía estratégica para no depender de otros" y, por último, "acceso y sostenibilidad para incorporar innovaciones terapéuticas garantizando que son sostenibles y que tienen valor". "Hoy tenemos un sistema de incorporación basado en la oferta, pero eso no está relacionado de forma directa con las necesidades de la población", ha dicho antes de recordar que el ministerio también ha impulsado el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias.
Es en este sentido en el que cobra importancia la creación de la creación de Terafront Farmatech, la primera farmacéutica público-privada española, algo que el secretario de Estado ha valorado por el hecho de tratarse de "la primera vez en la historia" que se pone en marcha un proyecto interministerial que implica a cuatro departamentos: Ciencia y Universidades, Hacienda, Industria y Sanidad.
En cuanto a la futura reforma de la Ley de Garantías, Padilla ha mencionado la incorporación de la capacidad para sustituir medicamentos "en situaciones de escasez" por parte de los propios farmacéuticos de farmacias comunitarias, y también la inclusión de criterios medioambientales a la hora de financiar medicamentos.
Sobre otros proyectos normativos, Padilla ha mostrado su deseo de que la futura ley para crear la Agencia Estatal de Salud Pública se apruebe en el Congreso de los Diputados por unanimidad, tal y como ha ocurrido recientemente con la Ley ELA. "Se dan las condiciones para haber aprobado ya la ley con un acuerdo de mínimos, pero queremos que salga con el mayor de los consensos, y si tenemos que tomarnos un mes más, no hay ningún problema", ha asegurado.
Lo cierto es que el plazo para que los grupos parlamentarios presentaran enmiendas al articulado del anteproyecto de ley se prorrogó más de una veintena de veces hasta que quedó cerrado. Finalmente, fueron 95 las enmiendas presentadas, y para Padilla, "no hay ningún escollo insalvable". En ese sentido, ha anunciado que esta misma semana Sanidad se empezará a reunir con los distintos partidos implicados para alcanzar el consenso deseado, para lo cual ha pedido "altura de miras".
El secretario de Estado de Sanidad ha reconocido que existen "elementos" en la ley que es necesario "explicar mejor": "La Agencia no va a crear ninguna competencia que no tenga ahora mismo el Ministerio de Sanidad", ha dicho para descartar cualquier invasión de competencias de las comunidades autónomas, con las que el departamento sanitario del Gobierno y él mismo son, según ha afirmado, "tremendamente respetuosos".
En esa línea, ha definido la Agencia de Salud Pública como "un órgano técnico" que "va a reubicar" las actuales competencias ministeriales en salud pública para "dotarlo de una mayor autonomía y agilidad" de cara al beneficio "de la población y de las comunidades autónomas".
Según el secretario de Estado, tras sacar adelante la Ley de Agencia de Salud Pública le llegará el turno a otras dos normativas en el horno: la de Universalidad y la de Equidad y Cohesión del SNS. De forma paralela, el ministerio tiene como objetivo aprobar antes de que acabe el año tres planes estatales: el de salud mental, el de prevención del suicidio y el de Atención Primaria, centrado en "redefinir" su "longitudinalidad".