EL PLURAL: Sentirse o saberse enfermo y tener la seguridad de que vas a ser atendido bien, con los mejores medios y profesionales disponibles independientemente de que tengas muchos, pocos o ningún recurso económico es lo que nos hace ser un gran país. Somos ese gran país porque la Constitución Española reconoce el derecho a la salud en su artículo 43 y también porque hubo un Gobierno y un ministro socialista, Ernest lluch, que hace casi 40 años aprobaron la Ley General de Sanidad 14/1986. Conviene recordar que no fue fácil y que incluso hubo una acción política denominada “Operación Primavera” dirigida a que esta Ley no llegase al Boletín Oficial del Estado.

Según la Encuesta Nacional de Salud de 2020, el 88% de la población de la Comunidad de Madrid ha acudido al menos una vez a una consulta médica entendida como básica o primaria, un 23% ha acudido a servicios de urgencias y un 8% ha estado hospitalizado al menos un día. En concreto el 75% (4,2 millones de madrileños y madrileñas) lo hicieron exclusivamente a través de la red pública del Servicio Madrileño de Salud. Sólo 47.000 personas lo hicieron exclusivamente por asistencia sanitaria privada. El resto a través de fórmulas mixtas.

Esta cifra representa bien el inseparable binomio de salud y sanidad pública. Más allá de otras consideraciones, la salud de los ciudadanos/as de Madrid se sostiene en el presente sobre su sanidad pública. Ahora bien, si miramos a cómo vamos a proteger y cuidar de la salud de las personas que viven en la Comunidad de Madrid en los próximos 10 años debemos seguir situando nuestra sanidad pública como el epicentro que garantiza el bienestar y el futuro de la región. Más salud es más dignidad, más bienestar y más seguridad, y por tanto, exige que tengamos una sanidad pública robusta y sostenible.

En Madrid convivimos con una distorsión que es preciso desmontar. Tener los mejores hospitales y profesionales sanitarios de España no significa tener la mejor salud ni la mejor sanidad. No olvidemos que sólo (afortunadamente) un 8% hace uso de ellos mientras que el 88% lo que hace uso es de sus servicios de Atención Primaria (incluidas las urgencias que hay en estos centros), y es aquí donde se produce y debe producirse un salto cualitativo. El fin es mejorar el estado de la salud de la población de Madrid y para ello hace falta reforzar el principal, aunque no único instrumento que es la Atención Primaria.

En nuestro caso, en la Comunidad de Madrid hemos visto justo lo contrario, un modelo que asfixia la Atención Primaria que atiende a la mayoría (el 88%). Esto lejos de no ser aceptable representa una obligación y también una oportunidad. Cualquier gobernante cabal sabe que debe abordar procesos de reforma y transformación de las políticas e instrumentos que garantizan y protegen la salud pasados dos años de la pandemia del COVID-19. No es posible escribir ninguna hoja de ruta sobre el futuro de Madrid que no empiece en esta reflexión sobre la salud y la sanidad. Ningún plan económico, de inversiones, infraestructuras, cultura, educación, industria…, nada que la política madrileña vaya a plantear a los 6,6 millones de hombres y mujeres de la región puede ir desligado o ajeno a su salud presente y futura.

El COVID-19 ha cambiado el mundo, también la política, y la Comunidad de Madrid por supuesto. Economía, libertad, seguridad, derechos, igualdad, pobreza deben empezar por la salud, sin la misma nada será sostenible ni viable.

Por esta razón, con toda humildad he decidido dar un primer paso en forma de impulso a un proceso de diálogo que tiene firme vocación de encuentro y de acuerdo. Encontrarse y acordar para poder aspirar a un pacto por la salud de las personas en Madrid. Un pacto que tiene base constitucional y un pacto que es garantía de avances y transformación. Un pacto que situé las personas y su salud en el centro de la política y sus decisiones. Un pacto que tenga resultados concretos para cada uno de los 6,6 millones de personas que somos y hacemos Madrid. Resultados sencillos, como que te atiendan en el plazo de 48 horas en tu centro de Atención Primaria, que antes de 21 días te realicen la prueba diagnóstica prescrita, que no pasen más de tres meses en ser intervenido en un quirófano o garantizando consultas por especialistas en salud mental no más de 15 días respecto a su indicación.

Lo mismo ocurre con la inversión. Si la riqueza del PIB de la Comunidad de Madrid es un bien colectivo también esa riqueza debe tener un fuerte vínculo con la salud y la sanidad. Un horizonte del 1% del PIB de la Comunidad de Madrid es el escenario al que debemos aspirar y no al ser la comunidad más rica que menos invierte en salud.

La semana pasada durante el Espacio Abierto Participativo de Sanidad, donde participaron más de 200 médicos y médicas, enfermeros y enfermeras, celadores y celadoras y organizaciones sociales, que organizamos desde el PSOE de Madrid, dimos el primer paso. Un paso humilde que hemos propuesto abrir en igualdad de protagonismo a todas y todos que hacen posible que nuestra salud esté atendida y protegida pero también abierto a incorporar nuevos actores sociales, económicos, culturales... y por supuesto políticos e institucionales.

No será fácil pero nada tan necesario y apasionante que lograr un pacto por la salud de y para la sociedad madrileña.