EL PAÍS: Nace como una revolución de la institución que está más cerca de los ciudadanos y por tanto también de sus problemas. Y el primero en abrir la caja de Pandora fue el alcalde de Riotorto el pasado 4 de octubre: avanzó que si los Gobiernos de España y Galicia no daban marcha atrás, sería su Ayuntamiento el que abonase los fármacos a los enfermos crónicos. Casi un mes después, una treintena de municipios de Galicia han anunciado que asumirán el coste de los medicamentos para enfermedades como el cáncer o la hepatitis dispensados en las farmacias hospitalarias tras la orden impuesta por sorpresa por el Gobierno central. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunció que aplicará al dedillo el repago a pesar de las protestas y de la decisión adoptada por presidentes de otras comunidades gobernadas por los conservadores que sí se posicionaron en contra.

Todos los alcaldes insumisos han aprobado (o lo harán próximamente) mociones que deberán desarrollar a través de una ordenanza con la corespondiente partida económica en los presupuestos. No tienen prisa ya que Sanidade aún no ha definido cuándo empezará a cobrar. Sin embargo, el regidor de Carballeda de Avia (Ourense) podría pagarlos mañana mismo. Ha optado por quitárselo directamente de su sueldo de 1.200 euros mensuales. Luis Milia ( del PSdeG) es farmacéutico de profesión y conoce el problema en todas sus vertientes. “Me parece una inmoralidad cuando estamos en la comunidad con las pensiones más bajas” dice casi enfadado. Si la renta per cápita de la unidad familiar del enfermo es inferior a 1.000 euros, la secretaria municipal detraerá del salario el coste de los fármacos. Así una y otra vez con cada vecino que lo necesite y a final de mes a Milia solo se le ingresará lo que reste. “A un alcalde rural como yo solo le falta decir misa. Nos cuentan problemas en la calle así que no podemos hacer oídos sordos” explica. “¡Por Dios, si he tenido que fiar dinero para medicamentos de vecinos que no podían pagarlos!”, exclama. “Los de los despachos no se enteran de nada”.

La revuelta alcanza también a alcaldes del PP. De momento son tres. Gonzalo Durán, mandamás de Vilanova de Arousa (Pontevedra), fue el primer conservador en unirse a la insumisión porque “es un tema de emergencia social igual que el pago de alimentos a los más necesitados”. Sin embargo matiza que no se trata de un asunto de partido. El más guerrero de los tres gobierna Boborás (Ourense). “Que vamos a pagar los medicamentos del cáncer va a misa”, afirma tajante Cipriano Caamaño. “Es injusto y voy a ayudar a mis vecinos se pongan como se pongan”. Y de paso deja recado: “Para jugar en política no me hacen falta siglas. Si les vale lo que hago bien y si no, pues nada...” Él tampoco va a esperar a 2014. “Si hay necesidad la hay ya”, asevera, así que ha ordenado quitar fondos de otros capítulos menos importantes para dedicarlos a esta “emergencia social”. “Si hay que hacer el sistema sanitario sostenible que busquen dinero cerrando el Senado, pero estos apaños dejan a la gente totalmente desamparada”, insiste. En el pleno en el que aprobó la medida, la oposición hizo una pirueta política difícil de explicar. Durante la votación, BNG y PSdeG se abstuvieron e incluso criticaron al alcalde “por tratarse de una medida de cara a la galería”.

En Cerdido, un pequeño municipio del norte de A Coruña, los conservadores gobiernan con una mayoría absoluta que también les ha permitido revolverse contra su propio partido apoyando una moción socialista. Sin embargo, algo más tibia que sus colegas de Vilanova y Boborás, la regidora Ana Rodríguez asegura que no quiere “enfrentarse” ni al PP ni al Gobierno. En la montaña gallega, Manzaneda ya trabaja en la ordenanza y encargará a los servicios sociales la gestión de la medida en función de la renta de los afectados. “Nos parece de justicia asumir semejante palo”, dice el alcalde David Fernández (AGE/Annova).

Martiño Noriega, el otro alcalde de esta formación que gobierna en Teo (A Coruña), tacha a la Xunta de “hipócrita” por justificar el repago con la renta y luego aplicar impuestos indiscriminados como el céntimo sanitario. Bueu (BNG), en Pontevedra, ha sido el último en sumarse. El pasado miércoles la corporación acordó durante una comisión informativa abonar el sobrecoste.

Unos días antes, dos alcaldes de Compromiso por Galicia (Maceda y Vilar de Santos) anunciaban la creación de un fondo de emergencia social. Xabier Oviedo y Xan Jardón reiteran cuando se les pregunta que “en el PP son tan insensibles que aplican impuestos a la enfermedad en base a una máxima perversa: cuanto más enfermo estás más pagas”. La generalización de la decisión adoptada por los alcaldes está únicamente en sus manos ya que los partidos no han ordenado a sus gobiernos implantar masivamente la medida. Sin embargo la revuelta ha germinado. Los 125 colectivos aglutinados bajo la Iniciativa Galega pola Gratuidade na Sanidade han convocado concentraciones ante los hospitales el próximo viernes y una manifestación en Santiago el 17 de noviembre.