PÚBLICO: No hay una sola persona que esté dejando de tomar medicamentos por razones económicas". Así lo afirmó la ministra de Sanidad, Ana Mato, la primera y hasta ahora única vez que acudió al Congreso a explicar su reforma del Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, los datos recopilados por numerosas plataformas contradicen su versión.

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) publicó un informe en el que se ponía de manifiesto que el 16,8% de los pensionistas ha dejado de tomar algún medicamento debido al copago farmacéutico. La Defensora del Pueblo denunció que las reclamaciones se habían triplicado y pidió a la ministra que garantice "el acceso efectivo a la protección de la salud para los inmigrantes irregulares". Y otros colectivos como la Federación Española de Enfermedades Raras y la Asociación Española contra el Cáncer han alertado también de los peligros que conlleva la reforma del Gobierno para la salud de estos pacientes.

En algunos casos, a los "ahorros" en Sanidad se unen también a los recortes en Dependencia. "Cuando María Dolores de Cospedal llegó al Gobierno, a mí me rebajaron un grado de dependencia. Ahora, cada tres meses intentan quitarme la discapacidad y tengo que estar peleando para que no lo consigan", relata J.C., un hombre de 37 años que reside en un pequeño pueblo de Castilla-La Mancha y que prefiere no identificarse más porque aún está litigando para que le reconozcan sus derechos. Tras sufrir varias enfermedades consecutivas, J.C. lleva desde los 25 años obligado a pasar la mayor parte del tiempo postrado en una cama.

Como enfermo crónico que es, así como por su nivel de renta, J.C. debería pagar un máximo de 8 euros al mes por su medicación. Sin embargo, su tratamiento, después de la desfinanciación de la ministra, le cuesta entre 60 y 80 euros al mes. Y en los últimos seis meses, denuncia, la Administración sólo le ha devuelto 24 euros. "He tenido que pedir dinero para poder medicarme porque mi familia y yo no podemos asumirlo", lamenta. Su padre, de 55 años, está "a punto de quedarse en la calle"; su madre, jubilada, padece fibromialgia; y su abuela, el cuarto miembro de la familia, es también dependiente.

En su caso, al copago en la medicación se suma también el transporte que necesita para acudir a su hospital de referencia, a 20 kilómetros de su localidad. "A mí me han destrozado la vida, tienen que verme seis especialistas cada poco tiempo y la gasolina del coche también hay que pagarla", declara.

Cuatro grupos de riesgo

A las organizaciones ya citadas se suman otras que atienden cada día a personas vulnerables cuyos derechos, denuncian, han sido vulnerados por la reforma sanitaria de Mato. Es el caso de la Coordinadora Estatal de VIH-Sida (Cesida) o Médicos del Mundo (MdM), que advierten de los peligros que conlleva recortar el acceso a Sanidad. "Quien se ha quedado sin derecho a la asistencia o a obtener recetas y no sabe a dónde acudir para que le ayuden se queda en su casa sin tomar la medicación que necesitan para el VIH. Y las consecuencias de esto se verán en unos meses, cuando empiecen a aumentar los casos de Sida", aventura Miguel Tomás, coordinador del grupo de VIH Nexus, de Cogam, y vocal de Cesida.

El tratamiento para el VIH cuesta, según esta plataforma, entre 600 y 700 euros al mes. En el grupo que coordina Tomás acompañan a quienes se encuentran con trabas a la hora de financiarlo. "Una cosa son los logros que conseguimos con la gente que llega hasta nosotros; otra cosa es lo que no nos llega", lamenta. "Por suerte -reconoce- hay muchos médicos objetores que ven a sus pacientes igualmente, pero hasta ellos tienen dificultades para poder extender recetas o hacer unos análisis si sus pacientes no tienen tarjeta sanitaria".

Desde Médicos del Mundo, Carlos Borrachero relata que, en la Comunidad de Madrid, existen "cuatro grupos de riesgo": "las personas que se quedan fuera del sistema público, según el Real Decreto; las personas que sí tienen derecho por ley, pero tienen problemas para ser atendidas o para acceder a su medicación; y las personas que llegan a urgencias y, en ocasiones, se les niega la atención y, en otras, se les factura la visita", detalla. Asimismo, especifica que dicha factura no se les llega a cobrar en la mayoría de los casos, pero, entonces "¿para qué hacerla?", se preguntan en la ONG.

[En la imagen, Thiago, brasileño de 23 años, acude desesperado a una sede de Médicos del Mundo (MdM) en Baleares. Alessandro Grassani/MDM]

En general, todos los grupos citados pueden englobarse en uno solo: el de los inmigrantes irregulares. Los sin papeles, por orden de la ministra, perdieron su tarjeta sanitaria y, salvo en casos de urgencias o embarazo, ya no pueden acudir al médico de forma gratuita. Vera María Feggeiga y Ridouane Tahiri son dos ejemplos de ello.

Vera, brasileña, empeñó sus joyas para poder pagar su medicación para la hipertensión, bronquitis y depresión que padece

"Yo tengo hipertensión arterial, bronquitis asmática, y depresión", relata Vera, brasileña de 65 años que lleva tres en España. Su tratamiento consta, por tanto, de un par de pastillas al día para la hipertensión, calmantes para la depresión y unos inhaladores "muy, muy caros" para su bronquitis. Total: más de 150 euros al mes. "Me desesperé cuando caducó mi cartilla", recuerda. "Llegué un día a mi médico de siempre y, aunque él se preocupó porque me dijo que no podía estar sin medicación, no volví a ir porque me hacían pagar las recetas y no podía", relata. Un colectivo de monjas la ayudaron una vez, pero luego tuvo que sobrevivir empeñando las joyas que tenía para poder financiar su tratamiento. Cuando se acabó el dinero, recurrió a su única tabla de salvación. "Mi marido y yo estamos ahora separados, pero él es griego, y allí pude obtener los papeles que me identifican como ciudadana europea. Ahora con el NIE ya tengo otra vez derecho a que me atiendan", relata aliviada. Además, Vera está ya más animada porque en una de las casas en las que trabaja como empleada del hogar, al fin le han hecho un contrato. "Mi jefa es una mujer muy buena", concluye.

Ridouane, sin embargo, se encuentra en una situación bastante peor, informa Alia Bennouna. "Llevo tres años y medio en España y nunca me han dado trabajo, por eso no tengo papeles aún", relata. Marroquí, de 40 años, padece diabetes y soriasis. "Puedo ir a ver a mi médico de cabecera cuando quiera, pero él no puede darme recetas", lamenta. Entre pomadas, geles y pastillas, Ridouane se gasta unos 50 euros al mes.Un especialista dermatólogo le prescribió unas pastillas para su soriasis que cuestan 200 euros. "No me las compré", sentencia. Tampoco se hace ya los análisis periódicos que se hacía para controlar su diabetes. "No puedo pagarlos", reconoce. Y concluye: "Ya se me quitan hasta las ganas de ir al médico; creo que voy a empezar a automedicarme..."