El Porvenir: El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha advertido a la concesionaria del nuevo Hospital de Toledo (una sociedad conformada por Acciona, OHL y ACS/Dragados) que el modelo de gestión de este centro hospitalario será público y no privado como adjudicó a dos meses de las elecciones su antecesora, María Dolores Cospedal, tras paralizar las obras tres años y medio para facilitar su privatización.

"Hay dos caminos, o hay un acuerdo con los actuales adjudicatarios, y en pocos meses está en marcha un proyecto reconviniendo la parte del proyecto que no encaja con nuestros compromisos políticos, es decir, el modelo público, creo que hay margen para el acuerdo y lo vamos a intentar en primera instancia, y si no empezaremos un nuevo procedimiento, pero el hospital sin duda ninguna tiene que estar en marcha en muy pocos meses, ya que es necesario para la salud de la gente y si me apura para la economía de la ciudad", ha adelantado durante su intervención en el acto de toma de posesión del nuevo delegado de la Junta en Toledo, Javier Nicolás.

También ha dejado entrever que el proyecto de hospital que quiere para Toledo no es el planteado por Cospedal de un centro hospitalario más pequeño que el aprobado por el anterior Gobierno regional socialista, con menos camas, servicios y más caro para el erario público, sino un "hospital para los próximos 50 años, no para cuatro, ya que estos proyectos hay que hacerlos con cabeza y con perspectiva de futuro".

En el acto de toma de posesión estuvieron presentes dos nuevos responsables del Gobierno de Cospedal que conocen bien el "pelotazo sanitario" urdido por Cospedal con esta gran infraestructura.

Uno de ellos es el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, que cuatro meses atrás presentó públicamente como economista un estudio basado en los datos obtenidos del Pliego de Prescripciones Técnicas y del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares elaborados por el Gobierno regional, del PP.

En ese estudio se confirmaba que Cospedal garantizaba a los accionistas privados del nuevo Hospital de Toledo 410 millones de euros de beneficio empresarial durante los 30 años de concesión mientras que a los contribuyentes castellano-manchegos le saldría el centro hospitalario 525 millones más caro que si se hubiera hecho con gestión pública.

El segundo, el propio Javier Nicolás, que como concejal de Urbanismo de Toledo en la anterior legislatura, cuando García-Page era el alcalde, tuvo que lidiar con el "circo mediático" urdido por el anterior consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, para en plena campaña electoral echar la culpa al regidor toledano de que no se reiniciarán las obras del hospital.

Para ello, Echániz contó para ello con la colaboración de la concesionaria, que presentó en menos de 15 días al Ayuntamiento tres licencias distintas (para una caseta de obra, de derribo y la del proyecto básico) pero no el proyecto de ejecución indispensable para autorizar las obras, lo que ralentizó y complicó el expediente abierto por el Gobierno municipal para este proyecto.