Redacción Médica, José Martínez Olmos: Que en la sanidad española tengamos buenos servicios, buenos equipamientos y profesionales de altísimo nivel, no debiera llevarnos a engaño para no reconocer y no ser conscientes de que hay un enorme riesgo de perder uno de los elementos básicos para el bienestar y la cohesión social más apreciados por la ciudadanía en España, como ha sido el Sistema Nacional de Salud.

La sanidad afronta desafíos de gran importancia que deberíamos aspirar a que se pudieran resolver con acierto si queremos seguir pretendiendo tener un sistema sanitario universal de verdad, con calidad, con excelencia y con equidad.

Hoy, desgraciadamente, el sistema sanitario español se va deslizando hacia un sistema dual en una situación en la que, un importante sector de la ciudadanía, se ve abocado a tener que buscar soluciones a sus demandas en la sanidad privada, teniendo que pagar para ello y no encontrando siempre soluciones válidas en este sector, que también está muchas veces desbordado.

De esta forma, la capacidad de pago o la disponibilidad a pagar se va convirtiendo paulatinamente en una característica objetivable para solventar las dificultades actuales de acceso a los servicios públicos de salud. De no solventar los condicionantes que llevan a esta situación, el sistema sanitario tal como lo hemos conocido en los años 90 y en el primer decenio del siglo XXI podría llegar a estar muerto para siempre.
 

La sanidad española (de manera parecida a lo que sucede en países de nuestro entorno) tiene que ser capaz de reorientar los servicios hacia una enorme demanda asistencial vinculada al envejecimiento poblacional y a la cronicidad; ello obliga a reforzar de verdad a nuestra atención primaria con recursos para una mayor capacidad resolutiva y mediante la ampliación de la interdisciplinariedad de sus equipos profesionales.

Pare esto, es imprescindible ir incorporando nuevos profesionales como es el caso (por ejemplo), de la enfermería, la geriatría o los farmacéuticos comunitarios, (incluso ampliando legalmente sus competencias) y coordinar más y mejor la atención sanitaria a una parte de esta población que necesita ser atendida en residencias asistidas donde reciben atención a necesidades derivadas de su situación de dependencia. La atención a los problemas ligados a la soledad no deseada ha de encontrar hueco también en las políticas públicas.

Nada más que estos asuntos, el incorporar nuevas profesiones o más profesionales o el ampliar sus competencias mediante cambios normativos, así como ganar de una vez la batalla a la llamada coordinación sociosanitaria, explica la enorme importancia del Ministerio de Sanidad cuyas competencias tienen que ver en buena medida con aspectos de esta naturaleza.

Por supuesto, las comunidades autónomas han de estar involucradas y deben ser tenidas en cuenta en el abordaje de las reformas que todo ello implica. En muchos casos, atesoran experiencias de buenas prácticas que pueden ser motor de cambio.

Pero además de ello, la enorme revolución tecnológica que se está produciendo como consecuencia de la transformación digital de los procesos productivos y de las relaciones entre profesionales y pacientes o, a causa de la incorporación de procedimientos de inteligencia artificial en la práctica clínica ofreciendo más efectividad en las respuestas asistenciales, justifica la necesidad de un enorme esfuerzo de análisis, valoración y eventual incorporación de nuevas respuestas en la cartera de servicios común, para asegurar que los avances objetivos, sean de acceso universal.

En estos ámbitos, la tarea del Ministerio de Sanidad es de vital importancia. Y lo relativamente novedoso de su existencia hace necesario fortalecer sus estructuras con nuevos profesionales y con un nuevo enfoque que permita al Ministerio detectar precozmente, valorar su efectividad y extender eventualmente el uso de los nuevos servicios al conjunto de la población.

Indudablemente la asignatura pendiente de nuestra sanidad es la articulación de una adecuada política de recursos humanos que haga posible incentivar y motivar a los profesionales reconociendo las aportaciones del trabajo bien hecho en un modelo que acabe con el “café para todos” y evite la precariedad y los salarios insuficientes e inadecuados.

Esta es una de las cuestiones más difíciles de conseguir pero, de no abordar reformas en este sentido, difícil será superar la situación de disconfor y malestar que caracteriza de manera crónica el ambiente laboral de los profesionales sanitarios en nuestros centros y servicios.

Junto a ello, revertir la situación generalizada de compatibilidad de la actividad profesional entre el ámbito público y el privado se convierte en una cuestión clave, por más difícil y polémica que sea esta cuestión. Pero es un asunto que requiere ser abordado con valentía porque, de no hacerlo, nos enfrentaremos a una causa estructural de problemas para el sistema público que ya, ahora, se comienzan a percibir.

De igual forma, la política farmacéutica a desarrollar requeriría un abordaje capaz de asegurar el máximo aprovechamiento de las capacidades del sistema para la realización de ensayos clínicos para continuar siendo atractivo en este campo e, incluso, ganar más espacio vinculando a ello la rápida incorporación de la innovación y, esto, requeriría un nuevo marco estratégico con visión de luces largas.

Hacer posible que el estudio de la efectividad de las terapias se haga de manera rutinaria en base a datos de evidencia en vida real (RWE) puede ayudar a desarrollar una política farmacéutica eficiente y sostenible.

En este contexto, cabe desplegar acciones en clave europea para hacer posible que los sistemas de salud de la UE aprovechen mejor su potencial y hagan más atractivo nuestro espacio común para la industria farmacéutica.
 

La futura discusión para la elaboración de una nueva estrategia farmacéutica europea requiere un papel activo del Gobierno de España, con un liderazgo por parte del Ministerio de Sanidad.

Las políticas de salud pública son (también) un campo de acción imprescindible para conseguir más eficacia en la protección de la salud, tanto en lo que se refiere a los determinantes de la salud en problemas habituales, como en lo referente a la preparación ante eventuales pandemias.

La creación de la Agencia Estatal de Salud Pública y el despliegue de la Ley General de Salud Pública de 2011 (casi inédita todos estos años) han ser pasos imprescindibles para fortalecer nuestras estructuras y desarrollar políticas eficaces. Será clave desarrollar una verdadera d innovadora política de lucha frente a las desigualdades en salud que permita incorporar acciones específicas en Estrategias y programas para el conjunto del sistema, con financiación específica por parte del Gobierno de España y de las Comunidades Autónomas y con evaluación de resultados en salud. En materia de prevención del tabaquismo y lucha frente a sus consecuencias debiera priorizarse una importante subida de los impuestos al tabaco, el desarrollo de acciones preventivas mediante educación para la salud o la articulación de programas eficaces y generalizados para el apoyo a la deshabituación tabáquica, ya que ello daría resultados en el corto y medio plazo.

El abordaje de los problemas de salud mental ha de tener una prioridad con visión estratégica y acciones a 20 o 30 años, por lo que es de agradecer y aplaudir la iniciativa del Ministerio para crear la figura del Comisionado para la Salud Mental.

Otras cuestiones como las referidas a la mejora del funcionamiento del Consejo Interterritorial o la ampliación de los espacios de participación de profesionales y pacientes en el sistema sanitario son, también, prioridades a contemplar en una acción de impulso a estrategias de reformas en profundidad que pueden tener su base de amplio consenso político, si se anclan en las propuestas aprobadas por la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados.

El inminente debate sobre la modificación del actual sistema de financiación autonómica abre la oportunidad para que el Ministerio de Sanidad lidere una reflexión en el seno del Consejo Interterritorial para aportar criterios y elementos de análisis que permitan al Consejo de Política Fiscal y Financiera acertar en la configuración del nuevo modelo y permitir así una financiación más equitativa y suficiente del Sistema Nacional de Salud.

En esta tarea histórica, apoyar la labor del Ministerio de Sanidad y del conjunto del sistema con aportaciones expertas desde el olvidado y mal utilizado Consejo Asesor de Sanidad, puede ser de gran relevancia. Un Consejo que, renovado y reforzado, habría que resucitar para unirlo a la extraordinaria causa de intentar reflotar el nuevo Sistema Nacional de Salud que necesita la sociedad española.