PÚBLICO: El pediatra se queda pasmado cuando el padre de Xavi le muestra la cajita naranja envuelta en una bolsa de frío. “¿Pero dónde ha conseguido esto?”, le interroga. El padre de Xavi le mira a los ojos sin contestar, mientras su hijo observa extrañado al médico, que deambula por la consulta dándole vueltas y vueltas a la cajita, como si fuera un pequeño tesoro: “¡Si no queda ni una en toda Galicia!”.

El envase en cuestión contiene una jeringuilla Infanrix trivalente de los laboratorios británicos GlaxoSmithKline (GSK), nombre comercial de la dTPa, un fármaco que, según el calendario oficial de vacunación del Servicio Galego de Saúde (Sergas), deben recibir todos los niños de seis años para protegerlos contra la difteria, la tos ferina y el tétanos. Se aplica en tres veces en diferentes edades, las últimas como recuerdo, para garantizar que los críos llegan a la adolescencia inmunizados contra esas patologías. Xavi y sus padres ya habían estado quince días antes en el mismo centro de salud, el de su pueblo, Sada, un municipio de 15.000 habitantes a unos veinte kilómetros de A Coruña. Entonces no pudieron vacunar al peque, porque, según el galeno que los atendió ese día, sustituto temporal del anterior, el Sergas había suspendido la campaña por falta de stock de Infanrix. “Ni lo tenemos ni vamos a tenerlo”, les advirtió. “Seré sincero: si pueden, intenten conseguirlo por su cuenta”.

El padre de Xavi, que prefiere que no se cite su nombre y que el de su hijo se cambie por otro en este texto, logró hacerse con una dosis de dTPa y volvió al ambulatorio con el niño y su madre. El médico titular, con cara compungida, dándole vueltas a la cajita y a la cabeza como si pensara en Hipócrates, también fue sincero y acabó por explicarles que su esfuerzo y el gasto no habían servido de nada: “Lo siento, pero no estoy autorizado a vacunar al niño si la medicina no me la proporciona la Administración. Y tenga en cuenta que si va a una clínica privada, eso no aparecerá en el historial de su hijo”.

Desde aquel día, la vacuna duerme en la nevera del padre de Xavi. Como él, cerca de 23.000 niños gallegos no pueden recibirla, y la Xunta, un año después de haber anulado la campaña, no sabe cuándo la retomará. “El problema es que los laboratorios que producen el fármaco (además de GSK también la fabrica la firma francoalemana Sanofi) han dejado de distribuirlo”, señala Xurxo Hervada, subdirector general de Información Epidemiológica del Sergas. Niega que el aplazamiento se deba a los recortes en el gasto sanitario, aunque lo cierto es que esos mismos laboratorios sí venden el Infanrix en otros países europeos, a precios más elevados de los que la Xunta pagaba antes por ellos. Hervada también resta importancia al desabastecimiento porque, a su juicio, el hecho de que los niños de seis años no reciban el recuerdo de la trivalente no supone un riesgo grave. A pesar de que, según el Ministerio de Sanidad, los casos de tos ferina se han multiplicado en España en los años de crisis (de los 560 del 2007 se pasó a 3.235 en el 2011 y a más de 2.000 en el 2012); de que Galicia es una de las comunidades autónomas con mayor incidencia del tétanos; y de que la difteria, de la que no había noticias desde 1986, reapareció el año pasado causando la muerte de un niño de Olot (Girona) que no había sido vacunado.

La Fundación Española de Cajas de Ahorro estima el recorte sanitario del PP en Galicia en más de 500 millones de euros entre el año 2009

Algunos médicos coinciden con Hervada en que el recuerdo de la dTPa no es lo más importante. Así opina el pediatra Enrique Quiroga, quien, sin embargo, alerta del peligro que supone el hecho de que el calendario del Sergas no incluya la vacuna contra la meningitis B. Galicia es la comunidad con mayor incidencia de esa patología, que tiene una tasa de mortalidad cercana al 20%. El año pasado, tras el fallecimiento de dos bebés y la proliferación de varios casos en algunos colegios (entre ellos el de Xavi, en el municipio de Oleiros, entre A Coruña y Sada), provocó un éxodo de padres que viajaron en masa a Portugal para hacerse con una o varias dosis de Bexsero, nombre comercial de la vacuna. Al contrario que el Ejecutivo luso, el Gobierno español no permitía su venta en farmacias, y cuando no le quedó más remedio que admitir su libre dispensación ante la presión social, médica y mediática, la Xunta decidió no compartir gastos con los padres. “El Bexsero vale más de cien euros. Es una cantidad considerable, y no es admisible que la gente con menos recursos no esté en disposición de proteger a sus hijos”, insiste Quiroga.

Los problemas en los programas de vacunación infantil son sólo un pequeño ejemplo del enorme desgaste que ha sufrido la sanidad gallega durante los años de Gobierno de Alberto Núñez Feijóo. La Fundación Española de Cajas de Ahorro estima el recorte sanitario del PP en Galicia en más de 500 millones de euros entre el año 2009, cuando se presupuestaron 4.000 millones, y el 2013. Ese colosal tijeretazo ha tenido efectos muy dolorosos para algunos pacientes, especialmente los afectados por la hepatitis C, a los que se les ha negado o retrasado la administración de fármacos aprobados por el Sistema Nacional de Salud que podrían aliviar y curar su enfermedad. La asociación Batas Blancas de Galicia ha constatado al menos cinco muertes de personas a quienes no se les administró el tratamiento que precisaban. Según el presidente de la organización, el doctor José María Borro, a uno de ellos se le negó el medicamento hasta en tres ocasiones. “Cuando se lo aprobaron, ya había muerto”, explica.

"Privatización encubierta"

Los nuevos tratamientos contra la hepatitis C son caros y pueden superar los 60.000 euros. Pero, como recuerda Borro “si existe un fármaco aprobado que puede curar a un paciente, la obligación de la Administración sanitaria es proporcionárselo. Cueste lo que cueste”. Además, no se trata sólo de una cuestión moral o de justicia social, como apunta el senador de Podemos-En Marea José García Buitrón, cirujano experto en trasplante renal y hepático: “Lo primero es la vida de las personas, eso está claro. Pero además, desde un punto de vista económico, no darles ese tratamiento acaba teniendo un coste muchísimo más elevado. Un paciente de hepatitis C que no reciba la terapia adecuada puede acabar necesitando un trasplante, y luego será un enfermo crónico que necesitará medicación de por vida, sufrirá rechazos y complicaciones que supondrán gastos más cuantiosos”.

 

 

 

 

“Si existe un fármaco aprobado que puede curar a un paciente, la obligación de la Administración sanitaria es proporcionárselo"

Feijóo negó hace unas semanas en el Parlamento gallego que hubiera relación causa-efecto entre las muertes de enfermos de hepatitis C y los protocolos del Sergas. Pero lo cierto es que el juzgado de Instrucción número 3 de Santiago ha admitido a trámite una denuncia de la Fiscalía, a instancia de Batas Blancas, en la que se acusa de prevaricación administrativa y de homicidio por imprudencia a dos altos cargos de ese organismo.
No es el único caso de prácticas médicas judicializadas en Galicia. La Fiscalía de A Coruña también ha dado trámite a una querella de Batas Blancas, que instruye el juzgado de lo Penal número cuatro de esa ciudad, contra tres médicos del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) a quienes se acusa de engañar a pacientes de cáncer de pulmón para derivarlos a centros privados, y de violar la ley de protección de datos por llevarse sus historiales clínicos. Acuciados por esos médicos, que los amedrentaban alegando que no superarían la enfermedad en un hospital público, los pacientes se plegaban a costear como podían una operación en una clínica privada.

El presidente de Batas Blancas, que fue jefe del servicio de cirugía torácica del CHUAC durante quince años, denunció esas prácticas al Sergas en el año 2010, pero la inspección sanitaria no hizo nada al respecto hasta que la situación se hizo insostenible. “Tenemos constatados quince casos de pacientes enviados a hospitales privados, pero calculamos que pueden ser más del doble”, subraya. Borro recuerda que las listas de espera en su servicio, de no más de mes y medio, entraban en los estándares aceptables para ese tipo de cáncer y no justificaban la urgencia ni la deriva a centros privados. ¿Y por qué el Sergas no hizo nada en cinco años? “Una intervención de ese tipo ronda los 15.000 euros, como mínimo. Y un paciente operado fuera de la sanidad pública es un gasto que te ahorras. Se trata de una privatización encubierta”. De hecho, recuerda, la Xunta se mantiene “escondida” y ni siquiera se ha personado como acusación en el caso.

A la Xunta le resulta más barato contratar a médicos y enfermeras por días, incluso por horas

Borro, una eminencia en su especialidad (era el único médico del servicio con un doctorado, profesor universitario y miembro del European Board de cirugía torácica), fue destituido de su cargo. Demandó al Sergas y ganó el juicio, pero en cuanto cumplió 65 años, fue jubilado. Ese es otro de los problemas que denuncia. Cada año, la Xunta obliga a retirarse a cientos de médicos que desearían seguir ejerciendo su profesión en la sanidad pública, porque creen en ella y porque son conscientes de que, a este ritmo, no sólo no quedará nadie para transmitir sus conocimientos y su experiencia, sino que nada podrá impedir que el sistema gallego de salud siga desmoronándose a pedazos.

A la Xunta le resulta más barato contratar a médicos y enfermeras por días, incluso por horas, tal vez porque es sencillo forzarlos a asumir protocolos que les obligan a optar por praxis médicas más baratas y que requieran menos días de hospitalización. Muchos se niegan, se rebelan y desobedecen, pero en los hospitales públicos gallegos se hacen cada vez menos cesáreas aunque las embarazadas y los bebés corran peligro; se insta a los cirujanos a no segar y limpiar por completo un tumor de útero si eso puede alargar el tiempo medio de una intervención, aunque exista la certeza de que se reproducirá; se eliminan operaciones tan comunes como una laparoscopia de menisco, o se dan citas para atención psiquiátrica con cuatro meses de espera a pacientes que acuden a su médico de cabecera advirtiendo de que tienen tendencias suicidas.

Todo esto no puede explicarse dándoles vueltas y vueltas a una cajita naranja. Aunque seguro que el pequeño Xavi estará contento de haberse ahorrado un pinchazo de Infanrix. Pero probablemente nunca entenderá por qué a su abuela, jubilada tras 35 años de trabajo y cotizaciones sociales, le negaron una y otra vez el medicamento que le recetó su cardiólogo tras sufrir un accidente cardiovascular, advirtiendo por escrito de que su vida corría peligro si no lo tomaba a diario: “Mire, señora, lo que pasa es que su medicina de antes valía un euro, y esta nos cuesta más de noventa”.