elDiario.es: La principal empresa adjudicataria del contrato de ambulancias del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), la cooperativa catalana Grup La Pau, ha comunicado a su plantilla en la noche de este martes a este miércoles un duro tijeretazo en sus condiciones laborales, según los documentos internos a los que ha tenido acceso este periódico. El plan implica que no se va a abonar la paga extraordinaria de verano, que se va a reducir el salario un 12,5% al menos hasta octubre y que va a recortar los pluses en la misma proporción. 

Grup La Pau dispone de unas 500 ambulancias y 1.700 empleados en Euskadi. Es la adjudicataria tanto del transporte de emergencias (vehículos amarillos) como del programado o no urgente en las zonas de Bizkaia y Álava, mientras que en Gipuzkoa el servicio lo presta otra firma, Ambulancias Gipuzkoa. El contrato de emergencias entró en vigor en agosto de 2023 por valor de 147 millones de euros y el de programada iba a renovarse en mayo por 135 millones pero quedó paralizado por un recurso de UGT que alertaba de que Grup La Pau no podía acceder a él por haber recibido una sanción “muy grave” de la Inspección de Trabajo por retraso en el abono de las nóminas. Tiene además otros 22 requerimientos “graves” del mismo órgano e igualmente Osakidetza tiene sanciones recientes de Protección de Datos porque la empresa instaló un sistema de grabación de audio y vídeo en 360 grados dentro de cada vehículo.

Las ambulancias vivieron una huelga hasta el 19 de abril, es decir, hasta dos días antes de las elecciones autonómicas. Ese día se comunicó un preacuerdo de Grup La Pau con los sindicatos para subir los salarios en hasta un 30%. Cuando días después UGT formalizó el recurso y fue admitido a trámite con la medida cautelar de paralizar el nuevo contrato, que implicaba una subida de la financiación pública de alrededor de un 24%, la empresa catalana no solamente se vio con las manos libres de no aplicar las mejoras pactadas sino que ya avisó de que acometería una rebaja unilateral de retribuciones.

El presidente del Consejo Rector de Grup La Pau, Vicente Chicharro, ha firmado la propuesta a las 22.38 horas de este martes y los empleados la han ido conociendo esta madrugada, a partir de que se ha subido a la Intranet a las 22.54 horas. El gerente actual de la firma en Euskadi es Ibon Etxebarria, exalto cargo del Departamento de Salud y firmante de una adjudicación a esta empresa en 2020 antes de cesar por haberse saltado las restricciones de movilidad de la COVID-19 por haber ido a jugar al golf. Fuentes sindicales indican que el que será concejal del PNV Yeray del Río tiene también responsabilidades en la empresa y que, en las últimas horas, ha sido él el que ha comunicado personalmente algunos despidos.

“Somos conscientes de que este tipo de medidas no son del agrado de ninguna persona y mucho menos de vosotras que os vais a ver directamente afectadas por las medidas que a continuación se propondrán, pero tened una cosa clara: más allá de toda la rumorología vivida en estos últimos tiempos, no nos ha quedado ninguna otra alternativa para evitar la situación que actualmente vive La Pau y, por ello, tenemos que acudir a esta vía legal para poder mantener la estabilidad empresarial”, explica Chicharro a los trabajadores en un movimiento que técnicamente se llama “descuelgue” del convenio colectivo.

Añade que “las medidas que se propondrán serán avaladas por los números económicos de la cooperativa”, que vive una “gravísima situación económico-financiera”. Admite que ha vivido “diversos y variopintos problemas”, recuerda que cuidó al personal que le fue subrogado tras la salida de Ambulancias Máiz y, sin ánimo de ser “tremendistas”, aseguran que la empresa de ambulancias “no aguanta más”. “Probablemente hayamos hecho muchas cosas mal, pero desde luego que sin intención unilateral de perjudicar ni a las personas trabajadoras, ni al sector, ni a nadie en concreto ni en general”, señalan también, pero acto seguida critican las “noticias” que se han publicado sobre el mal funcionamiento de un servicio básico que la Sanidad vasca tiene externalizado y vuelve a señalar a UGT por el recurso. Esta central ya ha dicho que ha vivido “presiones” de “fuerte intensidad” para que lo retirara, pero hasta el momento no solamente ve base para mantenerlo sino que ha recabado el apoyo de otras organizaciones.

A la carta nocturna de Chicharro se le une otro documento más detallado titulado 'Propuesta de descuelgue'. En él se plantean recortes hasta, como mínimo, octubre de 2024. Entiende que en ese momento se habrá resuelto a su favor el recurso presentado por UGT y que habrá podido recibir la parte correspondiente a Bizkaia y Álava del contrato de 135 millones, ya que la de Gipuzkoa está ya activada desde este sábado con Ambulancias Gipuzkoa.      

En ese segundo comunicado, según las fuentes consultadas, se indica que no se abonará la paga extraordinaria de julio, con un ahorro de 2 millones de euros y que habrá una “reducción del salario base de un 12,5%” de “julio a octubre”, es decir, cuatro mensualidades, otra “reducción de los pluses de nocturnidad y festividad” también del 12,5%, así como de las dietas. Grup La Pau no quiere abonar más de 4,6 millones mensuales en gastos de personal y ahorrar casi otro tanto en estos meses.

Hasta ahora, Osakidetza ha defendido siempre que el servicio está garantizado para la ciudadanía merced a una prórroga del contrato anterior con La Pau aunque no se haya podido activar la mejora de la financiación. Eso sí, parece dar la razón a la empresa cuando señala que el recurso ha frenado un nuevo contrato y la obtención de nuevos recursos para poder aplicar las subidas salariales.