Acta Sanitaria: Las asociaciones de Especialistas de Madrid (AFEM) y de Enfermería de esta región (AME), así como las plataformas 'AP se mueve' y de Centros de Salud de Madrid, han reclamado la realización "sin demora" del desarrollo del Plan de Prevención de Atención Primaria de esta comunidad autónoma, "tal como obligan los fallos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y del Tribunal Supremo".

"La Comunidad de Madrid vulnera los derechos de los médicos de Atención Primaria y pediatras en materia de integridad física y salud al no haberles dotado de forma completa de los medios y medidas de protección en su centro de trabajo e incumplir con sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, de valoración de la carga de trabajo de dicho colectivo y evaluación de los riesgos de sus puestos de trabajo", argumentan estas organizaciones.

De la referida sentencia del TSJM, AFEM, AME, 'AP se mueve' y la plataforma de Centros de Salud de esta región destacan que "la Gerencia de Atención Primaria no tiene un Plan de Prevención de Riesgos Laborales y, en sus páginas 6 y 7, se reconoce que 'de las evaluaciones realizadas resultan distintos porcentajes de riesgo respecto de la carga de trabajo del personal afectado por el presente conflicto, muy significativos en todos los centros examinados y en algunos de ellos muy elevados'".

"Reconoce que la materia de prevención es competencia de la Comunidad de Madrid y no del Ministerio de Sanidad" y que "el Plan de Prevención abarca al conjunto de la empresa, por lo que su elaboración y puesta en marcha de las medidas afectará a todos los y las profesionales de Atención Primaria", explican, también, estas organizaciones.

Organización de trabajo

Por su parte, "el Supremo retira la frase: 'fijando los cupos, número máximo de pacientes a atender por jornada de trabajo y tiempo mínimo de dedicación a cada uno, así como al establecimiento de una plantilla acorde con ello y a la cobertura de las vacantes existentes en la misma'", detallan de la sentencia del citado Tribunal.

Así, estas cuatro organizaciones firmantes exigen a la Administración de la Comunidad de Madrid y, por ende, a su Consejería de Sanidad, "el establecimiento de una organización de trabajo que permita a los/as profesionales llevar a cabo la atención de calidad que la ciudadanía merece, como dicta la sentencia"