EL PAÍS: El PSOE ha registrado este jueves en el Congreso una proposición de ley que regula la eutanasia como un nuevo derecho individual y efectivo, de forma que se convierte en una prestación en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS). Según su propuesta, los mayores de edad que sufran una enfermedad grave e incurable que les produzca sufrimientos físicos o psíquicos insoportables, o los discapacitados graves crónicos tendrían derecho a que el sistema público les ayudara a morir. El procedimiento para lograr el suministro de una sustancia que acabe con la vida del paciente requiere de la concurrencia de dos médicos diferentes que valorarán el caso y una comisión colegiada que lo avale y dos peticiones por escrito separadas por un plazo de quince días. Los médicos podrán acogerse al derecho de objeción de conciencia.
"En nuestro país muchas personas están sufriendo y en muchas ocasiones ese sufrimiento y dolor les resulta insoportable. Es una realidad. Existe una sensibilización de la sociedad española que opina que hay que regular esta situación. Lo que pretendemos regular es el derecho a solicitar y recibir ayuda para finalizar ese sufrimiento. Y hacerlo en unas condiciones que sean garantistas, rigurosas, con un procedimiento que sea ordenado y sistemático. El Estado no puede mirar para otro lado. El marco constitucional español permite que se pueda dar un paso más", ha defendido en comparecencia de prensa la secretaria de Sanidad socialista, Luisa Carcedo, acompañada del secretario de Justicia y Nuevos Derechos, Andrés Perelló. "De nada sirve una vida digna si no hacemos una muerte digna", ha abundado Perelló.
La iniciativa socialista exige solicitar de manera voluntaria y por escrito la eutanasia repitiendo al menos en una ocasión la solicitud, con una separación de quince días naturales. La prestación de ayuda para morir no se podrá realizar sin que hayan transcurrido, al menos, otros quince días naturales desde la última solicitud. Esta se firmará en presencia de un profesional sanitario. Es decir, el proceso no puede durar nunca menos de un mes.
Discapacidad grave crónica. Situación en la que se produce en la persona afectada una invalidez de manera generalizada de valerse por sí mismo, sin que existan posibilidades fundadas de curación y, en cambio, sí existe seguridad o gran probabilidad de que tal incapacidad vaya a persistir durante el resto de la existencia de esa persona. Se entienden por limitaciones aquellas que inciden fundamentalmente sobre su autonomía física y actividades de la vida diaria, así como sobre su capacidad de expresión y relación, originado por su naturaleza sufrimientos físicos o psíquicos constantes e intolerables,sin posibilidad de alivio que el o la paciente considere tolerable. En ocasiones puede suponer la dependencia absoluta de apoyo tecnológico.
Enfermedad grave e incurable. La que por su naturaleza origina sufrimientos físicos o psíquicos, constantes e insorportables, sin posibilidad de alivio que el o la paciente considere tolerable, con un pronóstico de vida limitado, en un contexto de fragilidad progresiva.
Será decisión médica la de autorizar la eutanasia del paciente que se encuadre en los requisitos de la ley (mayor de edad de nacionalidad española o residencia legal con enfermedad grave e incurable que le suponga sufrimiento sin alivio y discapacitados graves crónicos). El facultativo (normalmente será el encargado de cuidados paliativos, aunque la ley no lo regula) dará una primera autorización pero tendrá que solicitar a otro médico una segunda opinión, comprobando que la solicitud es voluntaria y sin coacciones externas. Además, existirán comisiones de control y evaluación autonómicas que tendrían la última palabra sobre el proceso.
Los médicos suministarían la sustancia que ayude a morir o asistirían al paciente que se la pueda autosuministrar. La prestación sería gratuita incluso aunque se realizara en el domicilio del paciente. Los facultativos podrán acogerse a la objeción de conciencia. El rechazo o la negativa a realizar la prestación por razones de conciencia será una decisión siempre "individual del personal sanitario" y deberá manifestarse anticipadamente y por escrito. La propuesta prevé la creación de un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia.
Unidos Podemos trató de regular el año pasado la eutanasia, por la vía de una enmienda a la totalidad de la Ley de muerte digna que se tramita en el Congreso. La iniciativa fracasó, entre otros con el voto en contra del PSOE, que quiso abordar en una ley específica (una ley orgánica como la que ha registrado ahora) el asunto por ser especialmente sensible. Ciudadanos y el PP abogaron por limitar la regulación a la muerte digna (en la que nunca se adelanta deliberadamente la muerte del paciente). La propuesta socialista supone en coherencia despenalizar la eutanasia, que está tipificada como delito en el Código Penal.
La eutanasia solo está regulada en Europa en Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Suiza permite el suicidio asistido por un vacío legal. El PSOE destaca que la eutanasia goza de respaldo social en España, y para ello cita una encuesta del CIS de 2009 en la que un 58,4% declara con seguridad que debería regularse y otro 15,2% se muestra favorable con dudas. Solo un 10,3% se muestra con total seguridad en contra.