Acta Sanitaria: La celebración en la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) del debate sanitario organizado por la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS), en la que han estado presentes sus respectivos presidentes, Victoria Prego y Alipio Gutiérrez, sirvió para señalar que PSOE, Podemos y Unidad Popular cambiarán la Constitución para “blindar la Sanidad pública”.
Las citadas formaciones, que estuvieron representadas, respectivamente, por José Martínez Olmos, Ana Castaño y José Andrés Llamas, aseguraron este extremo si gobiernan tras las Elecciones Generales de este domingo, 20 de diciembre. Por su lado, José Ignacio Echániz, por parte del PP, y Francisco Igea, por Ciudadanos, no hicieron ninguna mención a una posible modificación de la Carta Magna.
“La reforma constitucional tiene el objetivo de blindar la Sanidad pública”, insistió José Martínez Olmos, que añadió que, de resultar electo el PSOE, se derogará el Real Decreto 16/2012 “eliminando el copago farmacéutico para pensionistas”. Además, expuso que, en la próxima legislatura, el presupuesto sanitario en relación con el PIB “se incrementará en un punto”, hasta llegar a los 10.000 millones de euros.
A juicio del socialista, en los últimos cuatro años se produjo “un enorme deterioro del Sistema Nacional de Salud (SNS)”, lo que derivó en “mayor desigualdad y más dificultad de acceso a las innovaciones”. La razón de ello fue “la insuficiencia presupuestaria de 28.000 millones de euros”, circunstancia que “condicionó la respuesta de las comunidades autónomas”.
“Se expulsó a miles de personas de la asistencia sanitaria y a 30.000 profesionales del sistema”, continuó Martínez Olmos, que añadió que existen otros problemas, como las listas de espera, ante las que proponen “un plan de choque y revisar el Real Decreto de tiempos máximos”. Además, prometió una cartera de servicios única, una nueva Ley General de Sanidad y establecer un debate en las Cortes, con presencia de pacientes y sociedades científicas, para llegar a un pacto por la Sanidad, “a modo del Pacto de Toledo”.
El miembro del PSOE también indicó que habrá una Estrategia Nacional contra la Obesidad, que la provisión privada en la gestión sanitaria será “meramente complementaria y, si es posible, con organizaciones sin ánimo de lucro”, al ser “más eficaz” así; y que se retomará la Ley de Dependencia, ante el “tajo absoluto” llevado a cabo por el Gobierno actual.
Ana Castaño considera en este sentido, debido a que en la actualidad, la Sanidad “no es universal”, que la salud “es un derecho fundamental”, por lo que confirmó que su partido modificaría el artículo 135 de la Constitución. Junto a ello, explicó que la salud “no es un negocio, es un bien común”, por lo que se debe “cambiar el sistema de aseguramiento” y buscar “la transparencia y la evaluación”.
Un Plan Nacional de Listas de Espera, derogar el Real Decreto 16/2012, retirar los copagos, promover una Ley de Muerte Digna, retomar el Fondo de Cohesión, abogar por una gestión pública y participativa, sin externalización, y un pacto de Estado en Dependencia fueron otras de las propuestas de la representante de Podemos, que criticó los Pactos de Gestión de la Comunidad de Madrid y reclamó “dignificar los empleos”. Además, prometió 8.800 millones de euros para la Sanidad en los dos primeros años de legislatura y llegar a los 10.000 millones de euros al finalizarla.
José Andrés Llamas, que coincidió en la necesidad de derogar el número 135 del articulado de la Constitución y el Real Decreto 16/2012, y que rechazó la “exclusión” que se está llevando a cabo en los debates nocturnos del candidato de Unidad Popular, Alberto Garzón, sostuvo que la propuesta que representa “recoge los anhelos de la Marea Blanca”. “Defendemos mayor igualdad y una Sanidad pública sin concesiones”, subrayó al tiempo que prometió derogar también la Ley 15/1997 y rechazó el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos.
“Quitaremos los repagos farmacéuticos”, continuó el miembro de Unidad Popular y añadió que la Sanidad se financiará con “impuestos progresivos, así como que se practicará la evaluación. Además, prometió formación de los profesionales de manera independiente a la industria, defender la salud laboral, potenciar la Atención Primaria y acabar con la privatización. Sobre este último aspecto, indicó que introducir el ánimo de lucro en la gestión sanitaria “aumenta en un 1 por ciento la mortalidad”, según estudios.
Francisco Igea afirmó defender la Sanidad universal con gestión pública, pese a que Castaño aseguró que el programa electoral de Ciudadanos “es una contradicción” porque excluye a personas de la asistencia por condiciones administrativas y no elimina todos los copagos. Sobre este último asunto, Igea indicó que no se aplicarán nuevos y que los anteriores se evaluarán para mantenerlos o no, ya que “algunas cosas no son posibles”.
El miembro del partido liderado por Albert Rivera, que indicó que el SNS “nunca ha sido caro”, por lo que “no se le puede atribuir el origen de la crisis”, manifestó que éste “seguirá financiándose vía impuestos apostando por la calidad y la equidad”. Así, aseguró que habrá medidores de las decisiones y que se “despolitizará” el sistema. En cuanto a listas de espera, afirmó que se analizará la totalidad del proceso asistencial del paciente para estudiar dónde recortar los tiempos, mientras que, en relación con los profesionales, sostuvo que se eliminarán los recortes y habrá “contrato único”.
José Ignacio Echániz afirmó que cuando el PP ganó las Elecciones de 2011, el SNS “tenía una deuda de 16.000 millones de euros”, por lo que “había incapacidad de pago a proveedores y a las farmacias”. Ante ello, destacó la labor del Gobierno y los “retos” que se plantean para el futuro, como el de las listas de espera y la motivación de los profesionales, para los que propone la creación de sendos planes nacionales.
El representante del PP sostuvo que la colaboración público privada en Sanidad “existe desde que el mundo es mundo”, un sistema que “es saludable, genera empleo y ha funcionado francamente bien”. Por último, a colación de la Ley de Dependencia, explicó que ésta “necesita flujo económico”, para lo que volvió a insistir en la importancia del “crecimiento del empleo”, para generarlo y sustentar partidas como la citada. “Buscamos que en 2020 haya 20 millones de trabajadores”, concluyó al respecto.