EL PLURAL: “La sanidad, los servicios sociales y la dependencia está hecha unos zorros en Castilla-la Mancha”, con esta expresiva declaración un médico toledano definía a ELPLURAL.COM una situación “que de seguir así pone en serio peligro a los pacientes, después del cierre masivo de camas hospitalarias y de la negativa a cubrir plazas de facultativos y enfermeras durante el periodo vacacional”, añade, “los dirigentes no entienden que durante el verano nuestra región experimenta un importante crecimiento poblacional, ya que miles de castellano-manchegos regresan al pueblo para pasar unos días, para asistir a la fiesta, o, sencillamente, porque no tienen dinero para ir a otro sitio”.

“Prohibido enfermar”
Razón no le falta a este médico, ya que, según ha podido saber este periódico, cerca de 2.000 camas desparecen este verano de los hospitales de Castilla-La Mancha, un 25% del total. Una cantidad desproporcionada que en aras del ahorro y del déficit sitúan a la comunidad presidida por María Dolores Cospedal a la cabeza en el desmantelamiento de la sanidad pública. “La crisis es el pretexto, pero la lógica y la razón nos llevan a pensar que son las perniciosas políticas desarrolladas por el PP las que han propiciado una situación absolutamente desbordada e injustificable”, asegura el portavoz socialista en esta materia, Fernando Mora.

Listas de espera equiparables a Madrid
Pero no solo la falta de camas y médicos ponen en riesgo la salud de los castellano-manchegos, también las listas de espera, equiparables a las existentes en la vecina comunidad de Madrid, con cuatro millones y medio de habitantes más que Castilla-La Mancha, que con 50.000 pacientes a ser operados, con una espera media de 160 días, encabeza este triste ránking nacional, ya que se ha incrementado un 270% el número de pacientes y un 300% el tiempo de espera respecto a diciembre de 2010. “No pueden ocultar la realidad dramática para miles de enfermos que esperan meses e incluso años para que les operen o les realicen una pruebas”, dice Mora, para seguidamente sentenciar: “La realidad no puede ocultarse ni con falsedades ni con cortinas de silencio porque ¿quién no conoce a alguien que está en lista de espera?”.

Descontento social
Situación, como es natural, que ha provocado un creciente descontento social, que como bien apunta Fernando Mora queda en evidencia en la última encuesta del CIS, “donde el 66% de los castellano-manchegos consideran el estado de las prestaciones sanitarias como malas o muy malas frente al 14,5 que así lo manifestaban en Junio de 2011”. No solo eso, el portavoz socialista nos recuerda que el grave deterioro de la sanidad queda también recogido en el Informe del Defensor del Pueblo correspondiente al año 2012, en el que se señala que “Los tres organismos que mayor número de investigaciones han concentrado son: el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el Servicio Catalán de Salud”.

Hachazo a los más débiles
Pero por si esto no fuera ya motivo de denuncia, María Dolores Cospedal ha propiciado un nuevo hachazo a los más débiles, concretamente a los 15.000 usuarios de la ayuda a domicilio, que a partir de ahora tendrán que pagar como mínimo 20 euros para mantener el servicio. En este sentido, la diputada socialista Guadalupe Martín denuncia que, según los nuevos precios que se han aprobado, una persona que reciba dos horas diarias de ayuda a domicilio va a tener que abonar 180 euros al mes, sin tener en cuenta los fines de semana, algo que resulta insostenible cuando la pensión media en Castilla-La Mancha se sitúa en 774 euros; coste que se suma al que tienen que abonar por el copago de los medicamentos o por la teleasistencia, por lo que van a provocar que muchos usuarios se vean obligados a renunciar a este servicio”.

Privatización del servicio
Para la diputada socialista, el Gobierno de Cospedal está perjudicando a los ayuntamientos y beneficiando a las empresas privadas y a una asociación, como es Afamer, presidida por Carmen Quintanilla, parlamentaria nacional del PP, con la que el Gobierno regional ha firmado un acuerdo para que se encargue de prestar la ayuda a domicilio en los pueblos pequeños. Privatización que puede poner en peligro, dice Carmen Torralba, secretaria de Política Municipal del PSOE, los 5.727 trabajadores contratados por los ayuntamientos de la región para prestar este servicio. “Si a partir de ahora se da un cheque a cada usuario para que pueda contratar directamente la ayuda a domicilio, estos trabajadores se van a quedar en una situación muy difícil y muchos de ellos serán despedidos y los ayuntamientos tendrán que hacerse cargo de los costes de esos despidos”, añade.