PÚBLICO: De 600 a 441 euros por habitante. Esa es la cifra de ahorro ofrecida por el Gobierno de la Comunidad de Madrid para justificar sus planes de privatización en seis hospitales madrileños. Pero lo cierto es que ni la Consejería de Sanidad que preside Javier Fernández Lasquetty ni otros expertos en gestión sanitaria ofrecen datos que avalen dicha afirmación. Más bien, al contrario.

Según las cifras manejadas por asociaciones como la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Pública de Madrid (CAS) o la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) "externalizar" los servicios sanitarios sólo sale más caro. Además, otras instituciones como la Asociación de Facultativos y Especialistas de Madrid (Afem) y sindicatos como CSIT-UP denuncian la falta de informes que avalen los datos de la Consejería y, aun así, aseguran que la privatización "es más cara y menos eficiente". La historia de los centros semiprivados que ya existen en la comunidad habla por sí misma.

Los seis hospitales que el Ejecutivo de Ignacio González quiere privatizar ya son, en realidad, "públicos de gestión privada". Este modelo lo creó la expresidenta Esperanza Aguirre, tras prometer en las elecciones de 2003 que crearía seis hospitales nuevos. En 2005 se celebró el concurso de concesiones y, finalmente, fueron inaugurados en 2008. Pero no se trataba de centros públicos.

El Hospital Infanta Sofía o del Norte (San Sebastián de los Reyes), el Hospital del Sureste (Arganda), el Hospital del Henares (Coslada), el Infanta Leonor (Vallecas), el Infanta Cristina (Parla) y el del Tajo (Aranjuez) fueron cedidos a empresas constructoras a las que se les paga un canon durante 30 años sólo por la amortización de la construcción de los edificios y el mantenimiento de los mismos. [Ver gráfico inferior, elaborado por CAS-Madrid]. Dichas entidades se constituyeron en UTEs (uniones temporales de empresas) encargadas de los servicios no sanitarios de dichos centros (lavandería, cocina, celadores, administración...) a las que la Comunidad también paga por ello.

Y, además, como apuntó ayer el director del Máster de Evaluación Sanitaria y Acceso al Mercado de la Universidad Carlos III de Madrid, Félix Lobo, en la I Jornada de Gestión Sanitaria organizada por Afem, el gasto público en estos hospitales semiprivatizados no computan como deuda pública, según las normas de la UE. "No computa en el déficit, pero los madrileños y nuestros hijos los seguiremos pagando en el futuro", apuntó el catedrático. "Para un político, aquí había una oportunidad estupenda", añadió.

CAS-Madrid denuncia en su informe que las empresas propietarias "no sólo han recuperado ya el 100% de la inversión [en construcción y equipamiento de los hospitales], sino que en 2012 ya sumaron "150 millones de euros de ganancias", asegura la plataforma antiprivatización. Por tanto, añaden, "a partir de 2012 y hasta 3037 (30 años de concesión, prorrogable otros 30), prácticamente todo serán beneficios". "Si algún día queremos rescatar esas concesiones [en el supuesto caso de que entrara otro partido a gobernar y quisiera volver a la gestión directa en esos hospitales], hay que pagarlas igual, porque el contrato ya está firmado por 30 años", denunció, además, Lobo.

Los seis hospitales semiprivados ya suponen un sobrecoste de 1,9 millones de euros anualesPor otro lado, este modelo, el modelo PFI (iniciativa de gestión privada, por sus siglas en inglés), fue importado de Reino Unido, donde el sistema sanitario ha demostrado tener graves deficiencias. Además, estos seis hospitales ya fueron rescatados en 2010, según un informe de la Cámara de Cuentas de Madrid que reveló que el Gobierno de la Comunidad modificó al alza el canon que recibían ante el aviso de las empresas concesionarias del "colapso" que se produciría si no recibían 80 millones más de lo establecido en el contrato inicial, según informó el diario El País. Ello supone, asegura la Fadsp, un sobrecoste de 1,9 millones de euros anuales para la Comunidad.

Además, las empresas que reciben dichas cantidades de dinero público están en la actualidad en el punto de mira, ya que tanto el PSOE como Equo han pedido que investiguen si están relacionadas con "los papeles de Bárcenas" que implican al PP con pagos en negro que podrían haber recibido de los empresarios que obtuvieron las concesiones de estos hospitales semiprivados. Según la formación ecosocialista -que ha lanzado la campaña #AuditoríaSanitaria- algunas de ellas (Begar-Ploder, Hispánica y Sufi) tienen también "vinculaciones variadas" con la trama Gürtel.

Madrid se gastó 4 millones en una empresa que controla a las concesionarias

Por si ello no fuera suficiente, otro escándalo ha salpicado recientemente a estos hospitales. Ninguno de ellos tenía en su sede un laboratorio de análisis clínico ni servicio de radiología. Ambos servicios fueron centralizados a través de una empresa pública situada en San Sebastián de los Reyes. Sin embargo, esta empresa fue concedida, a través de un concurso público, a una empresa privada y, finalmente, terminó en manos de la empresa en la que actualmente trabajaba quien privatizó dichos servicios: el exconsejero de Sanidad Juan José Güemes, que se vio obligado a dimitir tras destaparse la polémica de Unilabs.

Asimismo, según la Fadsp, la Comunidad realizó otro concurso público para contratar a una empresa externa que controlase el correcto funcionamiento de estos seis hospitales. A dicha entidad "le pagaron 4 millones de euros para que vigilase que se cumplían las condiciones de los contratos con la concesionaria, como el número de personal mínimo contratado, entre otras cuestiones", explica Marciano Sánchez Bayle, presidente de la Fadsp.

Probando 'Alzira'

Además de los seis hospitales PFI, Aguirre creó otros cuatro bajo el modelo PPP (partenariado público-privado) o "Alzira", es decir, de gestión privada casi al completo. La titularidad sigue siendo pública, pero las empresas concesionarias contratan también al personal sanitario (médicos, enfermeros, especialistas...). La Comunidad les paga una cantidad por cada persona que vive en el área de influencia del hospital, aunque no sean, necesariamente, pacientes del mismo.

Este pago per cápita se actualiza cada año, en función del IPC (Índice de Precios de Consumo). Sin embargo, "este año los presupuestos del hospital de Valdemoro se han incrementado en una cantidad equivalente al IPC+2", destapó ayer Félix Lobo en la jornada de Afem. "Yo aún no he encontrado explicación para ello", añadió el experto, que también denunció la falta de transparencia de la Administración. [Mañana, en Público, el tema "Privatizar perjudica la salud (II)"]

Se trata de los hospitales de Valdemoro, Móstoles II y Collado Villalba (todos en manos de Capio; este último aún cerrado por decisión de la Comunidad, que a pesar de todo sigue pagando 900.000 euros al mes a la empresa privada), así como el de Torrejón (en manos de Ribera Salud que recientemente se lo ha vendido a Sanitas). Según la Fadsp, algunos de ellos, como el de Torrejón, por ejemplo, han visto incrementado su presupuesto un 9% para 2013, mientras los de gestión directa (los 100% públicos) han recibido una reducción de casi el 20% de media en dichas partidas.

CAS-Madrid denuncia la derivación de pacientes rentables de la pública a la privada Las empresas que gestionan dichos centros están en manos de bancos (Bancaja -ahora Bankia- y la CAM -ahora Sabadell-, en el caso de Ribera salud) y de fondos de capital riesgo (CVC Partners, en el caso de Capio), con los consecuentes peligros de cierre en caso de quiebra de dichas entidades.

Por otra parte, Capio posee también la Fundación Jiménez Díaz, un caso especial de privatización, que tiene concesión desde hace más de 60 años, y, según publicó recientemente el diario El Mundo, en 2011 también recibió de la Comunidad 94 millones más de lo reflejado inicialmente en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. La Coordinadora Antiprivatización de Madrid asegura, además, que hoy en día saben que este centro ha factuardo 380 millones de euros a 31 de diciembre de 2012, aunque su presupuesto inicial, según la Comunidad, era de 200 millones de euros. ¿A qué se debe? "A esa Fundación se le deriva gente de la pública desde un call center centralizado y privado -pertenece a la empresa Indra- que dirige a los pacientes rentables hacia la privada", detalla Antonio Gómez, portavoz de CAS-Madrid, que también explica que si han accedido a estos datos ha sido "gracias a las filtraciones" de algunas personas que tenían acceso a ellos, ya que los datos de la Consejería no son fiables", denuncia.

Es posible que con la nueva "externalización" sean dos empresas las que gestionen los centros

Ahora, la Consejería de Lasquetty pretende cambiar de modelo a los seis hospitales PFI y pasarlos a PPP. Una (re)privatización que "saldrá finalmente más cara y empobrecerá los servicios que prestan: menos personal, menos capacidad resolutiva...", denuncia la Fadsp, basándose en el fallido modelo Alzira inicial (nacido en la localidad alicantina del mismo nombre en 1991 y que hoy en día incluye la privatización de los centros de atención primaria del área de influencia de los hospitales), que también tuvo que ser rescatado y mejorado.

Además, "lo que no se sabe todavía es si las UTEs [que ya gestionan los servicios no sanitarios de estos centros ] se van a incluir en este proceso o habrá dos empresas privadas gestionando el hospital: una para los servicios no sanitarios y otra para los sanitarios", advierte Sánchez Bayle.

El sistema público no es caro. ¿Miente Lasquetty?

A pesar de toda la historia de los hospitales semiprivados de Madrid, el consejero de Sanidad continúa afirmando que "externalizar" servicios abarata costes y sale más barato. Sin embargo, Lasquetty no justifica con datos su estimación de 441 euros por habitante frente a los 600 actuales.

Quienes sí han analizado al detalle dichas cantidades son las organizaciones pro sanidad pública y los sindicatos que mueven la marea blanca. CSIT-UP, por ejemplo, asegura que "la cama en un hospital de gestión privada cuesta 1.660 euros al día, mientras en la gestión pública, sólo cuesta 955 euros, un 74% más barata". "Ninguno de los hospitales inaugurados por el Gobierno de la Comunidad de Madrid desde 2008 puede ser comparado en términos de calidad, eficiencia y eficacia con los hospitales tradicionales de gestión pública, por razón de la notable diferencia en complejidad hospitalaria instalada", detalla el sindicato. En cualquier caso, resume, "entrando en la lógica de la Consejería el análisis de distintos datos muestra sorprendentemente lo contrario: los nuevos centros hospitalarios de gestión privada son más caros y menos eficientes que los de gestión pública". Y muestran, para justificarlo, los gráficos siguientes:

En esta misma línea se ha manifestado también la Asociación de Facultativos y Especialistas de Madrid (Afem), que en uno de sus informes asegura que las cuentas de Lasquetty salen si no se tiene en cuenta el gasto adicional del canon anual que hay que pagar a las concesionarias por la construcción y equipamiento del edificio. "El coste de la asistencia sanitaria especializada gestionada por empresas privadas es entre un 16 y un 27% más cara que si es gestionada por las administraciones públicas", asegura la asociación. De hecho, Afem asegura que aún externalizando los hospitales a los 441 euros por habitante que pretende Lasquetty, el Gobierno regional estaría "regalando a las empresas privadas 118 millones de euros al año" [ver gráfico inferior]. Y se preguntan: ¿"De dónde procede la cifra de 600 euros por habitante que la Consejería de Sanidad presenta como coste de la asistencia en hospitales de gestión mixta (PFI)?". "La Consejería de Sanidad no ha presentado ni un sólo documento que avale esa cifra, lo que la convierte en una cifra arbitraria y sin fundamento empírico alguno", concluyen.