EL DIA:  Muchas son las preguntas pero pocas son las respuestas en torno a la privatización de los hospitales de Castilla-La Mancha. Lo que es seguro es que los hospitales de Manzanares, Tomelloso, Villarrobledo y Almansa -y cada día suena con más fuerza el de Alcázar de San Juan- en un futuro cercano pasarán a tener una gestión privada, aunque desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se insiste en que seguirán siendo públicos. 

Aún no se tiene conocimiento público de si la Consejería de Sanidad ha publicado los pliegos de condiciones para que las empresas que estén interesadas en hacerse con la gestión de los hospitales opten a ello. Desde el Gobierno regional aún no se ha dado a conocer, pero sí esta semana hemos sabido que ya "nos estamos fijando" en diversos modelos que se aplican en otras comunidades autónomas, como el del Hospital de Torrevieja (Alicante), gestionado por el grupo Ribera Salud (participado por Bankia -con 50%- y CAM). El ejemplo de privatización que se está siguiendo en la Región, es el del Hospital de Alzira, que tiene la experiencia en la gestión de más de trece años.

En el modelo de colaboración público-privada surge una pregunta: ¿es ahorro o es negocio para unas cuantas empresas?  En España son dos las empresas que monopolizan la   privatización, y en Castilla-La Mancha, también son Capio (con concesiones ya en la Comunidad)  y Ribera Salud. Sin embargo, según diversas fuentes consultadas por el Día de Castilla-La Mancha,  en nuestra Región el tema es más espinoso porque  "al parecer existen intereses ocultos en torno a la privatización de los cuatro hospitales públicos de Castilla-La Mancha".

En este sentido, el director-portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, Marciano Sánchez Baile, afirmaba a El Día que "no sabemos nada, y es muy llamativa que la privatización se esté haciendo a espaldas de los interesados, existiendo poca transparencia en el procedimiento", porque según, Sánchez Baile, "no existe ningún ahorro en la privatización, sino muchos intereses cruzados con las empresas privadas, al haber relaciones familiares con cargos de la Administración Pública".

La rentabilidad que obtienen las empresas tras obtener la concesión de la gestión privada de las instalaciones y equipamientos es como mínimo, según diversos estudios, un 30% por habitante y año. Así en ciudades como Tomelloso rondaría los 600 euros por habitante.

La falta  de información al respecto y la poca transparencia en la gestión de los centros, tanto desde el Sindicato Médico -CESM- como desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, son dos de las críticas al procedimiento en estos momentos, "porque no quieren que se sepa  y sólo la Administración y las empresas interesadas saben los plazos". Sin embargo, todo apunta a que hasta que no se aprueben los presupuestos de la Junta de 2012 no se informará sobre el tema, ya que sin duda alguna afectará en las contrataciones la reducción del presupuesto del Sescam en 2012 del 20%.

El PSOE, en los diferentes plenos que ha habido para tratar la privatización -hasta tres- se ha denunciado la falta de transparencia, y que esta medida "no es una promesa, ni un anuncio realizado ni por Cospedal ni por el PP", afirmaba el diputado José Manuel Caballero.

Razones del Gobierno

Desde el Gobierno regional, el consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, en las diferentes intervenciones plenarias defendía que "aplicar el modelo de colaboración público-privada en la sanidad castellano-manchega no es improvisar, ni es privatizar porque hay evidencia científica que la sinergia entre ambos sectores reduce el gasto sanitario". Además aclaraba que "no se va a modificar la titularidad de ningún hospital porque los hospitales son propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social, y van a seguir formando parte de la red sanitaria pública de nuestra Comunidad.

Así Echániz hace referencia a un informe realizado  por la compañía de auditoría de asesoramiento legal Russell  Bedford que indica que " el Sistema Nacional de Salud podría ahorrar nada más y nada menos que cerca de 13.000 millones de euros anuales si abriera la puerta a nuevas fórmulas de gestión compartida público-privada, como la creación de una central de compras sanitaria privada, la gestión privada de ciertos servicios hospitalarios o la revalorización de las infraestructuras sanitarias públicas que se iniciaron en la etapa de crecimiento económico”.

Sin embargo estos razonamientos no convencen a los profesionales, que ven peligrar sus puestos de trabajo y piden que se mantengan las condiciones laborales, porque hay estudios que avalan que las empresas privadas obtinen beneficios reduciendo la plantilla entre un 20 y un 30% de los profesionales.

Desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, de febrero de 2012, se expresa que la privatización afecta a un aumento de las horas de trabajo, una disminución de las planillas porque no se prorrogan los contratos eventuales y disminuyen las interinidades.