Las medidas, recogidas en un
Anexo al Pacto, que se firmará ante notario antes del debate de investidura, son las siguientes:
1. Procedimientos de Emergencia Ciudadana
2. Plan de Rescate Habitacional
3. Auditoria pública y Ley de auditoría ciudadana de la deuda
4. Plan de recuperación de servicios externalizados
5. Plan integral de lucha contra la desigualdad social
6. Ley de Dependencia
7. Reforma tributaria autonómica
8. Ley de transparencia y buen gobierno
9. Reforma de los modos de contratación de la JCCM y sus empresas o entidades vinculadas
10. Aprobación de una Ley de Participación Ciudadana
11. Modificación del Reglamento de las Cortes y creación simbólica del escaño ciudadano
12. Modificación y reforma del Estatuto de Autonomía
13. Acuerdo institucional y creación de una comisión de seguimiento del pacto y de los cambios institucionales que requieren algunas de las anteriores
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Repasaremos aquí las medidas relacionadas con el entorno sanitario que recoge este acuerdo y los plazos que se establecen para llevarlas a cabo.
La cosa empezará antes del mes de agosto de 2015 con la realización de una “foto fija” o
auditoria inicial del estado real de las cuentas de la Junta de Comunidades por parte del Gobierno regional, con publicación de los informes internos de evaluación por Consejerías y provincias, como paso previo para la elaboración de una
Ley de Auditoría Pública de Castilla-La Mancha y la posterior creación de una
Cámara de Cuentas como nuevo órgano de fiscalización externo (recordemos que la
Sindicatura de Cuentas fue suprimida en su día por el Gobierno del PP).
Antes de noviembre de 2015 se llevará a cabo una auditoria del sistema sanitario, revisando los procesos privatizadoresemprendidos a nivel autonómico con vistas a su reversión, defendiendo el carácter público de los hospitales de Villarrobledo, Almansa, Manzanares y Tomelloso, y reivindicando la gestión pública de los hospitales de Toledo, Guadalajara y Cuenca, así como la ampliación del de Albacete.
En esta línea, y con carácter de urgencia, el Gobierno constituirá una Comisión gubernamental encargada de hacer una primera evaluación interna en términos de contabilidad analítica de los sobrecostes generados por los procesos de externalización. A finales de 2015 se publicarían los primeros informes externos sectoriales (sobre suministros básicos y sanidad prioritariamente), de la citada Cámara de Cuentas.
Recuperación del empleo público en Sanidad: De forma paulatina se plantea recuperar el empleo público destruido por las privatizaciones injustificadas. En el primer año de Gobierno se realizará la contratación de 1.000 nuevos profesionales.
Acceso universal e igualitario a los servicios sanitarios: Se acuerda adoptar
de manera inmediata todas las medidas necesarias para restaurar el acceso a los servicios sanitarios de todos los colectivos, garantizando el acceso universal al sistema de salud a través de políticas propias, frente a la visión de 'exclusión sanitaria' del RDL 16/2012. [De forma semejante al reciente
anteproyecto de ley de garantías y sostenibilidad del sistema sanitario público para
blindar la sanidad aprobado por el Gobierno de Andalucía].
En este sentido, a partir del presupuesto autonómico se procederá a la eliminación del copago, supresión de emisión de facturas por la atención médica y universalidad de la atención con el objetivo de garantizar el acceso a la atención sanitaria, independientemente del origen y situación administrativa de las personas, basadas en requisitos accesibles y asequibles y especialmente para las personas en situación administrativa irregular, sin recursos o en especial situación de vulnerabilidad. Para ello hay que capacitar también a los profesionales sanitarios en competencias interculturales y concepciones ideológicas sobre la salud y prevención de la salud, cuidados, tratamiento del cuerpo y concepción de la intimidad de otras culturas, desde una perspectiva socio-antropológica.
Antes de diciembre de 2015 se procederá a la reforma de la
Ley 3/2014, de 21 de julio, de garantía de la atención sanitaria y del ejercicio de la libre elección en las prestaciones del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, norma directamente responsable del problema de ocultamiento de las listas de espera y de los desplazamientos para operarse fuera de la comunidad autónoma (
“ambulancias patera”).
En el marco de las medidas de transparencia y buen gobierno, el acuerdo plantea también garantizar el trabajo eficaz y profesional dentro de la Administración pública, limitando el número de altos cargos políticos y de libre designación de las Consejerías. Se establece la congelación salarial tendiendo progresivamente a la equiparación salarial de estas figuras con los máximos niveles de las escalas funcionariales y empleando los ahorros derivados de esta medida en la recontratación de trabajadores de salud y educación despedidos desde 2008. Plazos: noviembre de 2015.
Antes de noviembre de 2015 se procederá a la articulación de Consejos Ciudadanos en diferentes ámbitos sectoriales y trasversales en Castilla-La Mancha, como el Consejo Regional de Pacientes,estableciendo un diálogo fluido y eficaz entre la Comunidad Autónoma y los diferentes movimientos y asociaciones que facilite las condiciones para una participación que empodere a sus integrantes y que deben tener visibilidad pública e igualmente el reconocimiento como interlocutor clave por parte de la Comunidad Autónoma.
En este mismo contexto relativo a la transparencia y al buen gobierno, el acuerdo recoge la creación antes de noviembre de 2015 de Portales de Gobierno Abierto, con el objetivo de que los ciudadanos colaboren en la creación y el mejoramiento de servicios públicos y en el robustecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas bajo los principios de transparencia, ciudadanía, participación y colaboración de la ciudadanía.
A lo largo de 2016 se crearán también una serie de Órganos Externos de Control al Gobierno, que se incorporarán al Estatuto de Autonomía, (y que lógicamente tendrán su impacto en el sector sanitario), como el Defensor de la Ciudadanía, el Observatorio Ciudadano Regional y la anteriormente citada Cámara de Cuentas.
Como órgano de carácter consultivo, el Observatorio Ciudadano Regional, se integrará en la Administración Regional adscrito a las Cortes de Castilla-La Mancha. Entre sus funciones se encargará de impulsar políticas de regeneración democrática y participación ciudadana en las instituciones de Castilla-La Mancha, así como analizar el desarrollo de las políticas públicas del Gobierno regional y su impacto sobre la ciudadanía.
En el texto del Anexo se recoge un compromiso institucional, que se formalizará antes de finalizar 2015, para el fomento de la participación ciudadana, de profesionales de reconocido prestigio y de las y los trabajadores en los órganos de dirección y gestión de las diferentes Fundaciones, empresas y entidades dependientes o sostenidas con fondos, directa o indirectamente, de la JCCM que garantice la independencia y profesionalidad de los servicios.
Finalmente, se establece una Comisión de Seguimiento del Acuerdo (COSAI), cuyas reuniones tendrán como mínimo periodicidad mensual, con una serie de Subcomisiones, cuyos acuerdos tendrán carácter vinculante, y que constituye la expresión de la voluntad política por ambas partes de llegar a nuevos y más extensivos acuerdos en distintas materias. Así, integrará en sus actividades la exploración sistemática de la negociación de nuevas medidas en los ámbitos de la educación, la sanidad, los servicios sociales, el empleo, el derecho a la información, la investigación y el desarrollo, el mundo rural y la cultura.
Comienza ahora la reconstrucción de Castilla-La Mancha…