Redacción Médica: La Oficina del Defensor del Pueblo vasco ha remitido al parlamento de Vitoria su informe anual en el que recoge las quejas de los ciudadanos referentes a la actuación de las administraciones públicas de la comunidad autónoma. El informe, que viene acompañado de recomendaciones, presta un destacado espacio a la Sanidad pública, a la que refieren el 11,8 por ciento de las quejas recibidas.

De las aproximadamente 1.100 reclamaciones tramitadas, 130 aluden directamente al Departamento de Salud, del que es titular Jon Darpón. Otras lo tocan colateralmente, como son aquellas referidas a la atención en euskera en Osakidetza, que vienen recogidas dentro del epígrafe de política lingüística. Del total de quejas sanitarias, 33 refieren a la calidad de la asistencia sanitaria, 32 a los derechos de las personas usuarias del sistema, 7 a los derechos ciudadanos de personas que no son usuarias del mismo y una decena a las listas de espera, entre otros asuntos.

En líneas generales se puede decir que cuatro aspectos copan la mayor parte de las reclamaciones: listas de espera, cobertura de bajas del personal sanitario, la asistencia a inmigrantes en situación irregular y la cobertura de medicamentos.
 
En cuanto a las listas de espera, el Defensor del Pueblo asegura en su informe haber recibido varias quejas de individuos que en el momento de elevar su reclamación llevaban esperando un tiempo “superior a 180 días” para someterse a una intervención quirúrgica urgente, rebasando el plazo máximo al que se ha comprometido Osakidetza. El informe explica que en estos casos además no funciona la aplicación para consultar el tiempo de espera, por lo que pide que, al menos, se mejore la información que se da a los pacientes.

Otro aspecto al que alude el texto se refiere a un excesivo tiempo a la hora de cubrir las bajas que se producen entre el personal sanitario y recomienda que se establezcan una serie de criterios fijos a la hora de hacerlo. “Confiamos en que tales criterios tengan en cuenta que una demora excesiva puede conllevar una mayor carga para quienes entretanto asumen sus funciones y empeorar la calidad asistencial del servicio donde se originan las bajas”, mantiene la institución.

Fármacos y asistencia a extranjeros en situación irregular
 
El documento también alude a los fármacos y, en concreto, a los tratamientos de hepatitis C. Se refiere el caso de un paciente que adquirió el medicamento por su cuenta para después encontrar que Osakidetza no le financiaba el tratamiento. “Merece ser citada en este apartado la falta de agilidad de mecanismos de fijación de precios y financiación de medicamentos y la falta en ocasiones de una información mejor, sobre cauces como el de uso compasivo”.
 
La institución también recoge varias quejas que afectan a personas extranjeras en situación administrativa irregular. “Hemos detectado dificultades para el acceso a la asistencia sanitaria”, explica. Pese a que Osakidetza garantiza la asistencia médica urgente a todas las personas, el informe refleja casos de personas que no la han recibido “cuando han acudido a un centro de salud (…) en situaciones para las que la ley reconoce su derecho a recibirlas”.