EL PAÍS: El primer gran pacto político del año multielectoral se firmó este martes, y tuvo como protagonista la sanidad pública. Todos los partidos, salvo el PP y Ciudadanos, se comprometieron públicamente a restituir el carácter universal de la sanidad española. Sus representantes firmaron una declaración institucional, promovida por Médicos del Mundo, por la que se comprometen a incluir en sus programas electorales la “restitución efectiva” del derecho a la salud para todos los ciudadanos que viven en España, independientemente de su situación administrativa. En la práctica, esto significa que se vuelva a atender en la sanidad pública a los inmigrantes que se encuentran en situación irregular. Para ello, los firmantes asumen la necesidad de derogar el controvertido Real Decreto Ley 16/2012 con el que el Partido Popular inició su reforma sanitaria.

Aquella norma, que empezó a entrar en vigor progresivamente a partir de julio de 2012, cambió de raíz la esencia de las anteriores leyes sanitarias, basadas en la vocación de universalidad. Desde la Ley General de Sanidad de 1986 hasta la de salud pública de 2011, los cambios legislativos fueron en la dirección de reducir los colectivos excluidos del sistema. Sin embargo, con el real decreto, el ciudadano pasó de ser beneficiario de un derecho asegurado en un servicio. La reforma dejó fuera de la asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación irregular —con las excepciones de las urgencias, la atención a niños y embarazadas—, pero también a todos los que no puedan acreditar su condición de asegurados.

La norma se tramitó sin debate parlamentario aduciendo su urgencia. El Gobierno nunca presentó estudios previos ni ha elaborado posteriormente informes sobre el ahorro que generó o sus consecuencias. Ni siquiera se conoce el número de personas afectadas, ya que en estos dos años y medio el Gobierno ha ofrecido cifras diferentes. Un documento oficial enviado a Bruselas en abril de 2013 cuantificó que 873.000 tarjetas de extranjeros residentes en España habían sido dadas de baja. Se desconoce cuántos eran ciudadanos de la Unión Europea o personas sin recursos procedentes de países tradicionalmente migratorios. Varias comunidades autónomas discreparon de la norma y plantearon recursos de inconstitucionalidad que aún no se han resuelto. El Defensor del Pueblo insiste en su informe anual en que todos los inmigrantes que viven en España deben tener atención sanitaria normalizada.

El líder del PSOE, Pedro Sánchez; los diputados de IU Cayo Lara y Gaspar Llamazares y el de UPyD Toni Cantó fueron algunos de los políticos que acudieron al Círculo de Bellas Artes de Madrid para presentar la firma de la declaración. Sánchez afirmó que la reforma del PP “rompió un consenso construido durante 36 años” y acabó con la universalidad del Sistema Nacional de Salud no solo al excluir a los inmigrantes, sino también al establecer el copago farmacéutico para los pensionistas, recortar 7.000 millones de euros del presupuesto sanitario y dejar sin financiación pública 400 fármacos de uso común (el conocido como medicamentazo).

Cerca de medio centenar de organizaciones sociales y profesionales apoyan también la Declaración por la Universalidad del Derecho a la Salud. El médico Miguel Carrasco, representante de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), aseguró que las medidas que contempla el real decreto son “injustas, regresivas y contrarias a la evidencia científica”. Al excluir a una parte de la población, explicó, se le impide acceder a las actividades de promoción de la salud y prevención. “Desde el punto de vista de la economía de la salud, resulta mucho más caro tratar a estas personas en urgencias que hacerles un seguimiento normalizado”, añadió.

“Hay partidos que quieren que alguien se pueda morir a las puertas de un hospital”, dijo Toni Cantó, diputado de UPyD. Rafael Mayoral, de Podemos, instó a acabar con el “apartheid sanitario” y la “violación sistemática de derechos humanos”.