EL PAÍS: Los 320 millones de euros que ha previsto donar la Fundación Amancio Ortega a la sanidad pública para que renueve equipamientos contra el cáncer como mamógrafos y aceleradores son un hito del mecenazgo en España. Entre los profesionales, a estas máquinas las llaman los “zaratrones”, por Zara, la cadena de tiendas en la que se basa la fortuna del magnate. Son una esperanza para todo el sector, como manifestó ayer Raúl Matute, del centro privado contra el cáncer Imoncology, en una jornada sobre tumores cerebrales.

Pero no todos están de acuerdo con esta ayuda. Las diversas delegaciones territoriales de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) creen que las comunidades deberían rechazar este dinero. “Lo que tienen que hacer es recabar fuentes de financiación pública a partir de los Presupuestos del Estado”, afirma Manuel Martín, presidente de este grupo de profesionales sanitarios con más de 30 años de existencia. “Somos una asociación de profesionales, neutrales en lo partidario, pero no ideológicamente. Nos situamos en el espectro progresista”, se define.

Hay dos razones fundamentales en este rechazo. “La donación es finalista y genera desigualdad. Tenemos un modelo redistributivo que funciona basado en la solidaridad y la Administración debe decidir en qué se emplea el dinero sin interferencias”, opina Martín.

Pero, además, esgrime otro argumento: “Lo que tienen que hacer las empresas y los mecenas es pagar más impuestos para que estos vayan a la sanidad”, afirma Martín. Y cuestiona el modelo filántropico como una ayuda al sostenimiento del sistema. “Eso pasa en Estados Unidos y ya vemos la sanidad que tiene. Ahí las empresas que donan luego lo utilizan para hacerse propaganda”.

La Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR) no quiere entrar a debatir, pero hay algo que tiene muy claro: “Estamos encantadísimos con las donaciones”, afirma Pedro Lara, su presidente. Este grupo de especialistas lleva tiempo denunciando la obsolescencia de los equipos que hay en España y ven en este anuncio la oportunidad de solucionarlo. Esta sociedad cuantificó hace un año el dinero que hacía falta para actualizar los equipos de radioterapia (unos de los que entran entre los subvencionados): 280 millones. Con ello se evitaría que haya pacientes sin recibir el tratamiento adecuado, reduciendo los efectos adversos de la radioterapia, porque con los nuevos aparatos se puede regular mucho mejor la intensidad y el foco donde se irradia.

Las autonomías deciden el destino de los fondos

Tanto los portavoces de la Fundación Amancio Ortega como los de las consejerías de Baleares (PSOE y Més, con apoyo de Podemos), Valencia (PSOE, Compromís y apoyo de Podemos) y Madrid (PP) coinciden en cómo se dan las subvenciones.

Primero, la fundación se pone en contacto con las comunidades y les ofrece ayudarles con sus planes oncológicos. “Nos dijeron muy poco. Solo nos dieron unos protocolos de qué podíamos pedir, que tenían que ser equipamientos para el cáncer, tanto de diagnóstico como de prevención o tratamiento”, dice una portavoz de Baleares. “Nos reunimos con los jefes de servicio e hicimos una propuesta en función de lo que teníamos previsto”, añade el de Valencia. “Ellos lo aceptaron”.

La fundación explica: “Las comunidades tienen planes contra el cáncer. Pero si prevén actualizar los equipos en cinco años, nosotros les ayudamos para que lo hagan en dos”.

Lara lo resume así: “Nos ha salvado por la campana. Resuelve una situación crítica con el 30% de los aceleradores obsoletos y un tercio menos de los necesarios”. “Eso no quiere decir que no haya nada más que hacer, pero claramente es un dinero que se debe aceptar. Para los médicos nuestra prioridad son los pacientes y ellos lo que quieren es que les tratemos de la mejor manera posible. ¿Tú crees que a ellos les importa de dónde venga el dinero?”, concluye.

la pregunta es recogida por las asociaciones de afectados y Begoña Barragán, presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (Gepac), es tajante: “Tiene que haber mecenas. Hay tantas carencias que bienvenidos sean. En España le sacamos punta a todo. Ortega podía haber elegido no hacer la donación. Si nos encontramos un regalito, no podemos decir que no”.

Otra gran organización, la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), también da la bienvenida a los fondos, aunque con dos requisitos: que haya transparencia en la concesión y que se asegure una continuidad, porque estos equipos son muy caros (unos tres millones los aceleradores) y no tendría sentido que estuvieran apagados por no poder pagar el mantenimiento, indicó una portavoz.

Alfredo Carrato, jefe de Oncología del hospital Ramón y Cajal de Madrid y expresidente de la Sociedad Española de Oncología Médica, antes de que surgiera este debate, ya lo tenía claro: “La sostenibilidad de la sanidad pasa por la financiación y el mecenazgo”, declaró en abril a EL PAÍS.

La Fundación Amancio Ortega, por su parte, no quiere debatir con la asociación. “Ya hemos firmado con 14 comunidades y el Ingesa [el organismo que gestiona la sanidad de Ceuta y Melilla]”, afirma un portavoz de la fundación, “y en ninguna ha habido la menor reticencia”. La organización niega que hubiera otros intereses, ni siquiera una situación personal que les llevara a decantarse por atender el cáncer. “Con los 200.000 diagnósticos anuales, se ajusta perfectamente a los principios de la entidad: buscar acciones prácticas, que den resultados a corto plazo y cuyo beneficio alcance al mayor número de personas posible”, dice el portavoz. “Con las últimas restricciones presupuestarias se habían reducido las inversiones casi a cero y había mucho retraso en la renovación de equipos. Pero la tecnología estaba ahí, con el único problema de su coste, que es donde actuamos”.