EL EL PAÍS: La financiación privada hace aguas en los hospitales gallegos. Tras la paralización sine diede las obras del nuevo hospital Vigo a causa de los problemas de la concesionaria para conseguir créditos bancarios con los que proseguir los trabajos, los problemas llegan ahora al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO). La gerencia sanitaria anunciaba el 27 de febrero la licitación de un servicio de “gestión integral de espacios” por 150 millones de euros, que incluye la cesión a una sola empresa de prácticamente todos los servicios no sanitarios durante una década.

 A cambio, la empresa actuará como acreedor del Gobierno gallego abonando 14 millones para la ampliación del complejo y otros 10 millones como garantía financiera, tal y como adelantó este diario. Tres meses después, el concurso ha quedado desierto y Sanidade, de momento, no tiene ese dinero que la empresa debería comenzar a abonar este mismo año. La contratación de la gestión integral seguirá ahora con la convocatoria de un procedimiento negociado en el que la Xunta pactará las condiciones con candidatos elegidos a dedo.

El procedimiento para privatizar servicios sí despertó interés entre grandes empresas, las únicas que pueden asumir las condiciones impuestas. En los últimos meses, ejecutivos interesados en el negocio se han paseado por el complejo para conocer las instalaciones. El 7 de marzo, representantes de Ferrovial, Eulen, Clece, Altair o Elecnor visitaron los tres hospitales del CHUO. Una semana después, el 14 de marzo, directivos de Sacyr Vallehermoso, Extraco, Linorsa, Alentis o GSC recorrieron las instalaciones. Las reuniones entre los gestores sanitarios públicos y los empresarios se repitieron por segunda vez el 27 de marzo. Ahora, aparentemente, a ninguna empresa le interesa asumir servicios y personal.

Las condiciones económicas del concurso han despertado dudas entre las empresas, pero no son las únicas. Entre las consultas planteadas al Gobierno gallego destacan las que giran en torno a la ingente cantidad de personal que deberá ser subrogado. La gerencia sanitaria aclaró a los empresarios que, por ejemplo, están obligados a absorber todo el personal de limpieza de dos de los tres centros, así como a los empleados que realizan labores de vigilancia en todos los edificios. Sin embargo, de las nuevas condiciones laborales no se habló.

A pesar de la ausencia de interés empresarial, Sanidade niega que este tropezón vaya a perjudicar la primera fase del proyecto de ampliación del complejo (58 millones), licitada el mismo día que la privatización de servicios. La consellería ha matizado a través de un comunicado que no tiene relación con la financiación. “El concurso de adjudicación de las obras continúa con normalidad su procedimiento administrativo en tiempo y forma, siguiendo los plazos marcados”, insisten desde la gerencia. Sin embargo, la privatización de servicios para pagar obras fue agitada en febrero como un beneficio para los usuarios. El gabinete de esta área sanitaria aseguraba entonces que permitirá “obtener ingresos que después serán revertidos en proyectos de infraestructuras y ahorro energético para mejorar la calidad de los servicios”.

Las plicas también contradicen a los gestores sanitarios. En ellas se establece expresamente que “la adjudicataria contribuirá a la financiación de las obras” a través de un modelo de financiación que se nutre, inicialmente, con fondos privados y posteriormente con fondos públicos. El documento explica que “serán financiadas con la aportación de la empresa privada hasta que se alcance el máximo previsto, siendo responsable la Administración de obtener la financiación del resto”. El “ahorro y la mayor eficiencia” en la gestión hospitalaria a través de “una simplificación de la estructura organizativa y funcional” de estos servicios anunciada por el PP también se contradice con las plicas. La documentación del concurso aclara que la adjudicataria podrá subcontratar a otras empresas la prestación de los servicios privatizados: mantenimiento de edificios y mobiliario, abastecimiento de agua, limpieza, seguridad o suministro energético.

Este sistema de financiación privada defendido por Feijóo encontró escollos en Vigo y ahora también en el hospital de Ourense, donde la inyección de fondos privados en la sanidad pública se intentó disimular separando la gestión de servicios y las obras de ampliación en concursos distintos, que luego quedaban vinculados en las plicas.