EL PAÍS: La Comunidad de Madrid ha dado orden a todos los hospitales de la región para que no contraten a ningún profesional de los que tienen en la plantilla de refuerzo por la covid que hubiese renunciado a ser derivado al centro de emergencias Isabel Zendal. Lo dictó el 30 de diciembre e insistió en ello el 5 de enero. Y esta misma semana ha enviado un nuevo correo electrónico para comprobar que la decisión se está cumpliendo. “En relación a las instrucciones enviadas los pasados días 30/12/2020 y 5/01/2021, que se adjuntan, sobre las renuncias a las contrataciones covid y las incidencias de las adscripciones directas al Hospital Enfermera Isabel Zendal (HEIZ), se requiere la siguiente información: confirmación de no haber contratado a ningún profesional, con nombramientos covid, tras haber renunciado a dicho nombramiento y en caso contrario identificar y enviar informe justificativo del incumplimiento de las instrucciones enviadas —categoría, nombre y apellidos, fecha de la renuncia al nombramiento covid, fecha nuevo nombramiento, motivo nuevo nombramiento—”, se lee en el mail.

Continúa: “En ese sentido se reitera que ningún profesional podrá ser contratado nuevamente por otro motivo si previamente ha renunciado a su nombramiento covid, salvo que el motivo de la renuncia sea una mejora de empleo. Así mismo se recuerda que los profesionales que renuncien por su adscripción al Hospital de Emergencia Enfermera Isabel Zendal, no podrán continuar prestando servicio en el centro de origen. Igualmente se recuerda que todas las incidencias antes detalladas deberán incorporarse, por cada centro, en la bolsa de empleo correspondiente”. Y se despide: “Un saludo”. Firma: “Secretaría de la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales”.

El Zendal, inaugurado el 1 de diciembre y que recibió a los primeros pacientes 10 días después, primero estuvo destinado a enfermos “estables”, con “autonomía” para el “aseo y el baño” y que, en principio, no necesitaran de una unidad de cuidados intensivos. Esas fueron las órdenes de la Comunidad a los servicios de urgencias, que son los que derivan, si el paciente lo acepta —porque ingresar en el Zendal es voluntario, el paciente tiene que aceptar ese traslado—. Cuatro días después, el Gobierno de Madrid cambió el protocolo y amplió la posibilidad de hospitalización a enfermos “candidatos a ingresar en la UCI si presentan mala evolución”.

Bajo todas esas órdenes cambiantes siempre ha subyacido el mismo problema: el personal. Los recursos humanos de ese nuevo centro no son propios, sino los del resto de hospitales de la red pública de Madrid. Y no todos. Solo los que tienen contrato covid, es decir, todos aquellos que la Comunidad ha incluido en su plantilla bajo ese epígrafe para reforzar la estructura del sistema durante la pandemia. La inmensa mayoría de ellos no son nuevo personal, sino especialistas que ya tenían otros contratos en sus centros (como sustituciones por enfermedad o por permisos de maternidad) y que han sido incluidos en ese nuevo paquete de nóminas que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso llama “contratos covid”.

Esa derivación de personal supone restar recursos a otros hospitales y sobrecargar, aún más, los servicios inmersos ya en una tercera ola que, solo en la Comunidad de Madrid y desde que arrancó 2021, registra 50.646 nuevos contagios, 404 fallecidos, 4.294 pacientes que han necesitado un ingreso y 464 que lo han requerido en una unidad de cuidados intensivos. La incidencia acumulada roza ya los 700 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días y la tasa de positividad de sus pruebas diagnósticas se ha duplicado en estos últimos 15 días, del 10,54% al 20,5%. La Sociedad de Medicina Intensiva de Madrid (Somiama), alertó ya este jueves de la situación, “muy preocupante”, en la que se encuentran. Tienen las unidades superando el 90% de ocupación.

Sin embargo, la decisión de la Consejería de Sanidad —que no ha respondido a las preguntas sobre el contenido de los mails en los que se daba la orden de no contratar a los sanitarios que rechacen ir al Zendal—, no cambió. Médicos y enfermeras entonces, y ahora, saben que la situación en la que se encuentran —precaria, uno de cada dos médicos en Madrid no tiene un contrato estable— no facilita la posibilidad de elegir. Aún así, hay profesionales que ya han renunciado a ese contrato una vez que les avisaron de que serían derivados al Zendal. Muchos otros se han marchado. Como Alonso S., un pediatra que solo da la inicial de su apellido por miedo a represalias, que se muda en unos días a otra comunidad donde le han ofrecido un contrato “estable y bien remunerado”.

“Dada la situación con los contratos covid, la temporalidad y la amenaza constante de mandarnos al hospital Isabel Zendal, yo decidí no renovar el contrato el 31 de diciembre y comenzar mi trabajo en otro sitio”. Su jefe le pidió que se quedara 15 días más, en enero, para no “dejarlos tirados”. Él aceptó y cuando fue a firmar esa renovación por dos semanas y a la vez la renuncia “para así cumplir los 15 días de preaviso” una persona de Recursos Humanos, le dijo, “literalmente”: “Hijo, antes de que firmes la renuncia tienes que saber esto. El 30 de diciembre nos llegó una circular de la Consejería prohibiendo contratar a todos aquellos sanitarios que hayan renunciado a un contrato covid salvo que sea por otro contrato covid. Lo están haciendo para que no podáis negaros a ir al Zendal”.

Para Alonso, este procedimiento de la Comunidad los “condena” a la temporalidad que supone uno de esos contratos de refuerzo: “Que nos echen el 30 de junio y por encima de eso, están coaccionándonos para que no podamos dejar el trabajo con la amenaza real de que no nos van a contratar en ningún otro lugar de la Comunidad de Madrid”. Dice que su especialidad, de la que siempre faltan manos, puede estar más o menos a salvo en cualquier otro sitio, pero que “afecta sobremanera a auxiliares, celadores, enfermeras y otros médicos y médicas, que están condenados a mantener sus contratos covid si no quieren no volver a encontrar trabajo en la Comunidad de Madrid”.

Víctor Jiménez, vicepresidente de la Asociación Madrileña de Enfermería, cree que esto es una forma de “coacción escandalosa” que no solo castiga a los profesionales sino a la sanidad pública: “Porque una presidenta o un gobierno quieren que un proyecto hospitalario suyo luzca en todo su esplendor el resto de la sanidad pública se ve perjudicada. Es un deterioro de un sistema mayor del que ya tiene que no nos podemos permitir, menos en mitad de una pandemia”.